Desaparecidos

Según la ONU se habla de desaparición forzada siempre que: «se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.»

La historia de la desaparición forzada no es reciente en México, de acuerdo con el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en México, realizado por la ONU en el año de 2011 “durante el período conocido como la Guerra Sucia, desde finales de la década de 1960 hasta principios de la década de 1980, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una política de represión sistemática contra estudiantes, indígenas, campesinos y activistas sociales.” En dicho informe se advierte que entre 1962 y 1987 “se habrían cometido alrededor de 1 350 desapariciones forzadas, incluyendo 650 en Guerrero, de las cuales 450 habrían ocurrido en la región del municipio de Atoyac de Álvarez.”

Durante los años noventa continuó una política de militarización, represión y desaparición contra las organizaciones y movimientos sociales. Sin embargo el mapa de la violencia se reestructuró a partir del 2006 por un cambio de las condiciones políticas y en las estructuras criminales del país, así como por un incremento de la movilización social a nivel nacional. A la par, la guerra contra el narcotráfico decretada en 2006, suscitó un aumento alarmante de la violencia en México.

En la actualidad el territorio mexicano y la vida cotidiana de sus habitantes están marcados por la operación de redes afianzadas en la producción y tráfico de drogas, de personas, de armas, que operan sistemáticamente para la implementación de sus negocios y para la consolidación de su poder. Según organismos internacionales, México experimenta un contexto de desaparición generalizada de personas, en el que muchas veces participan agentes del estado mexicano incurriendo en delitos de desaparición forzada. Dichos abusos se combinan diariamente con asesinatos y secuestros perpetrados por el crimen organizado, afianzados en antiguas prácticas de corrupción e impunidad dentro del sistema de justicia.

La detención y posterior desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, evidenció la realidad de la desaparición generalizada de miles de personas en México y mostró la indisoluble relación del estado Mexicano con el crimen organizado.

En febrero de 2015 el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada revisó el caso de México y reconoció que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada, al tiempo que realizó recomendaciones para detener la desaparición masiva de migrantes en el territorio nacional, quienes también son víctimas de la violencia del estado y del crimen organizado. México reconoció ante este organismo que no existen cifras claras que indiquen el número de desparecidos. Cada una de las dependencias federales tiene su propia base de datos y en consecuencia existe una controversia constante sobre las “cifras oficiales”. Mientras tanto miles de familias en todo el país padecen el horror y continúan la búsqueda de sus familiares y la exigencia de justicia.

Cuando comenzó el sexenio actual se dio a conocer que el número de personas desaparecidas en México era de 26 mil 121. El año pasado (2014) la cifras gubernamentales se redujeron a 8 mil casos y en el mes de octubre se manejó la de 23 mil 271 personas desaparecidas.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reconoció a finales de 2014 que cinco entidades concentran 50% del número de desaparecidos en México, cifra que en agosto pasado ascendía a 22,322 personas. Según sus cuentas, Tamaulipas es el estado con más casos, registrando 4,875 personas desaparecidas; les sigue Jalisco, con 2,113; el Estado de México, con 1,554; Distrito Federal, con 1,450, y Coahuila, con 1,332.

Mapa de los desaparecidos presentado por la CNN según el informe entregado por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en octubre de 2014