Aeropuerto Internacional de Santa Lucía “Felipe Ángeles” (AISL)
El Aeropuerto Internacional de Santa Lucía “Felipe Ángeles” (AISL) es un megaproyecto que consiste en construir un aeropuerto mixto civil/militar en el municipio de Tecámac, Estado de México. El AISL permitiría el libre flujo de capital transnacional, la circulación de mercancías y el afianzamiento del capitalismo neoliberal; todo esto sobre el despojo a los pueblos originarios y en beneficio de unos pocos.
Desde su campaña electoral a la presidencia del país, Andrés Manuel López Obrador promovía la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), al mismo tiempo promovía la construcción AISL.
En octubre del 2018 se realizó una consulta nacional para decidir el destino del NAIM en la que participó alrededor del 1 % de la población mexicana, con una mayoría votando en contra el proyecto y a favor de construir el aeropuerto en la base militar de Santa Lucía.
310 mil 463 votaron por continuar el aeropuerto de Texcoco, y 747 mil votaron a favor de Santa Lucía. Tras cuatro días de consulta, en los que hubo fallas en la aplicación de registro y casos de gente que votó más de una vez, la opción de construir dos pistas en Santa Lucía, para complementar su operación con el actual aeropuerto Benito Juárez, fue la elegida por la gente, de acuerdo con los datos de los organizadores.
En enero del 2019, el gobierno de México canceló definitivamente la construcción del NAICM que se construía en el lecho del ex lago de Texcoco,
De acuerdo a la Manifestación de Impacto Ambiental que publicó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se requiere de la expropiación de 1200 hectáreas de terrenos de uso agrícola de un total de 2400 que involucran a los pueblos de: San Lucas Xolox, Xaltocan, Nextlalpan, Reyes Acozac, Santa María Ajoloapan, San Jerónimo Xonacahuacan y el Parque Estatal Sierra Hermosa; estos pueblos no fueron considerados en la consulta porque el estado mexicano no los reconoce como pueblos originarios.
Los pueblos originarios asentados en los municipios de Tecámac, Zumpango, Nextlalpan, Xaltenco y Tonanitla, municipios situados en un área de impacto directo del AISL, tampoco fueron considerados, a excepción del pueblo de Xaltocan, en el municipio de Nextlalpan. Xaltocan llevaba más de dos meses sin agua. Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, acompañados por la “superdelegada” federal Delfina Gómez, acudieron el 10 de marzo del 2019 a Xaltocan y prometieron la rehabilitación de un pozo, la reubicación de otro y conectar a la localidad la batería de pozos de la Conagua que corre detrás de las vías del tren. Ese 10 de marzo, en asamblea, los ejidatarios de Xaltocan acordaron decir “sí” al aeropuerto.
La obra se desarrollaría en dos años sobre una superficie de 23.2 kilómetros cuadrados, con un costo de poco más de 70,000 millones de pesos (mdp). Esto para que en un periodo de tres años estuvieran operando las terminales de la Ciudad de México, de Toluca y las pistas de la base militar de Santa Lucía.
El proyecto del AISL incluye una pista de 5.1 km, otra de 4.6 km, una base aérea de 4.7 km2, una torre de control, una terminal con 33 posiciones, pistas de rodaje y un edificio de servicios. El plano de la obra incluye un área designada a una futura ampliación, un área urbanizable de 62 hectáreas y un área para los servicios aeroportuarios.
Como parte de los accesos, el aeropuerto tendría una vialidad de acceso que conectaría con el Circuito Exterior Mexiquense, así como un tren rápido con conexión al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El impacto que ocasionará el AISL en la región: afectaciones ambientales, desabasto de agua, hundimientos al ser -al igual que Texcoco donde se construiría el NAICM- suelo lacustre; inundaciones al colapsar la red de drenaje; incertidumbre respecto a la disposición de los residuos sólidos; devastación de los cerros aledaños al convertirse en bancos de materiales para la megaobra, perdiéndose área de protección y recarga de agua; afectaciones intangibles como la reciente contingencia ambiental que se presentó en la CDMX; incertidumbre de los pequeños comercios ubicados dentro de los terrenos a expropiarse; daño a la flora y fauna del lugar, entre otras.
Con información de: