Niños y adolescentes perdieron a sus mamás por feminicidios y el Estado los olvidó (Yucatán)
Lilia Balam / SinEmbargo
En los últimos seis años, en Yucatán al menos 37 niñas, niños y adolescentes quedaron en orfandad por feminicidio: perdieron a sus madres por la violencia de género. Parecieran estar en el limbo, pues las acciones del Estado se centran en capturar a los feminicidas. ¿Qué ha ocurrido con ellas y ellos? ¿Cómo han logrado ejercer sus derechos después de ver truncadas sus vidas de manera tan violenta?
Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- David* juega con uno de sus primos. De pronto se detiene para señalar una fotografía colgada en la pared, es la imagen de una joven con el largo cabello oscuro sobre los hombros, que mira a la cámara con labial reluciente y media sonrisa en la cara. “Es mi mamá, toda bonita”, le dice.
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Según su abuela, Amaranta, desde que David era un bebé observaba el retrato y fue hasta que cumplió cinco años que le preguntó qué le había pasado. Ella solo contestó que Ivana*, su mamá, había dejado de vivir cuando él tenía 10 meses de edad. No entró en detalles: sólo le dijo que un día -en diciembre de 2017- salió de casa y no regresó.
Ivana fue víctima de feminicidio cuando tenía 20 años, a manos de la pareja de una de sus amigas. Amaranta se volvió el único sustento de su nieto: el padre del niño tiene una adicción a sustancias estupefacientes y no reconoció legalmente a David ni se hizo responsable de él más que un par de meses.
“David decía que tenía tres mamás: mi mamá -es decir la bisabuela de David-, Ivana y yo. Dos de ellas ya murieron. Solo quedo yo. Y un día me preguntó ‘el día que llegues a morir, ¿quién me va a cuidar?’ Me puse a llorar”, cuenta Amaranta.
Lo que ella gana vendiendo elotes y dulces, la despensa mensual que les brinda el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Yucatán), el cuartito que les construyeron autoridades estatales y la beca escolar de 800 pesos mensuales que el Gobierno local le da a David, no cubren todos los gastos y necesidades del niño.
Aunque la sentencia por el feminicidio impuso al responsable el pago de un monto económico como reparación del daño, a la fecha David no ha recibido el dinero. Apenas en 2023 la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), le dio una parte de la cifra “como una compensación”, a pesar de que Amaranta había solicitado el pago desde el primer momento.
Si bien está acostumbrada a cuidar a David, le resulta pesada la parte económica. El estrés ya le pasa factura: hace cinco años le diagnosticaron diabetes. Ya se le empezaron a caer sus dientes y tiene altos los triglicéridos. Ella atribuye su enfermedad al impacto del feminicidio de Ivana, su hija.
Tres años después de los hechos violentos, abuela y nieto ingresaron al Registro Estatal de Víctimas. Pero no han visto ningún beneficio como parte de ese proceso: Amaranta acudió a terapia en un recinto del DIF, pero no terminó el tratamiento de 10 sesiones, pues debía cuidar a David.
No ha sido fácil para ella procesar todo lo que le ocurrió a su familia. “Fue un proceso bien difícil…estar bien, como estaba antes, está difícil… es algo que nunca se olvida”, afirma.
La historia de David y Amaranta no es la única. Tan solo de enero de 2018 a marzo de 2024, en Yucatán al menos 37 niñas, niños y adolescentes quedaron en orfandad por feminicidio. Y especialistas han identificado patrones que apuntan a que esas hijas e hijos quedan en el limbo, pues no es prioridad del Estado restituir los derechos de quienes son víctimas indirectas de la violencia de género.
Duelos, burocracia e incertidumbre
Las hijas e hijos de víctimas de feminicidio no solo enfrentan el dolor de la pérdida de sus madres. Si no cuentan con una red familiar sólida, son enviados a alguna institución de asistencia social. Actualmente en Yucatán hay una niña de 6 años y un niño de 12 en un Centro de Asistencia Social del Estado en esta condición, de acuerdo con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay). Si bien esta acción en ocasiones es necesaria, lo cierto es que en esos sitios también se presenta violencia.
En otros casos, las abuelas maternas asumen los cuidados. No tienen el camino fácil: de acuerdo con la antropóloga especialista en género Perla Fragoso, los efectos del estrés son tales que en 20% de los casos que estudió en Chiapas y Yucatán, las abuelas murieron poco después del delito por secuelas de padecimientos adquiridos por la desgastante búsqueda de justicia. Es decir, de 15 historias que revisó en tres de ellas las mujeres murieron entre dos y tres años después del feminicidio de sus hijas, una por diabetes y otras dos no fueron diagnosticadas, “se fueron enfermando de tristeza” . Y es que además de llevar su propio duelo, la mayoría trunca su plan de vejez para mantener a sus nietas o nietos y empujar procesos jurídicos para restituir sus derechos.
El viacrucis lo ejemplifica Ligia Canto, quien luchó durante cuatro años para obtener la patria potestad de sus tres nietas y su nieto tras el asesinato de su hija Gabriela Molina, perpetrado en marzo de 2017 por Martín Medina, el padre de las niñas y el niño.
Esto pese a que Medina fue privado de la libertad por lavado de dinero, se comprobó que denunció a Gaby por delitos falsos para quitarle a sus hijas e hijos y había una resolución de 2016 que le quitaba la patria potestad, así como una sentencia de incumplimiento de pensión alimenticia y la sentencia del feminicidio. “Hice circo, maroma y teatro, saqué agua de las piedras para obtener la guarda y custodia”, sostiene Ligia.
Apenas el 31 de julio de este año se reformó el Código de Familia de Yucatán para que a las personas vinculadas a proceso por el delito de feminicidio se les suspenda la patria potestad y a las sentenciadas por feminicidio se las revoquen por completo.
Muchas familias desconocen que no contar con la patria potestad obstaculiza otros procedimientos, como la obtención de un pasaporte, una herencia o el acceso a servicios de salud. “Las familias lo ignoran, la autoridad no les dice y eso se convierte en pretexto para no darles la atención que requieren”, apunta Fragoso.
Eso ocurrió con la familia de Sulema, víctima de feminicidio a manos de quien era su pareja y padre de sus hijas e hijo en marzo de 2020, al inicio de la pandemia de Covid-19 y después de un largo historial de violencia.
La entonces Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (hoy Prodennay), otorgó el resguardo temporal de la adolescente, dos niñas y el niño a su tío materno Josué* y a la esposa de este, Viridiana*.
Cuando dictaron la sentencia, una abogada indicó a Josué y Viridiana que debían demandar para obtener la guarda y custodia y reclamar el pago de reparación del daño. Pero ellos no tenían tiempo ni recursos para hacer el trámite. Las autoridades tampoco facilitaron el procedimiento. Además, la abuela paterna quería convivir con sus nietas y nieto, quienes la extrañaban también porque crecieron con ella.
Esto generó conflictos en las familias. Los hermanos se quedaron con los tíos maternos y tres años después se fueron a vivir con la abuela paterna, quien desde entonces les brinda apoyo económico. A la fecha los hijos de Sulema no han recibido la reparación del daño.
La violencia de un feminicidio impacta profundamente a niñas y niños y si atestiguaron el delito o vivieron durante años en contextos violentos, la situación se agrava, de acuerdo con Sandra Soto, fundadora de la organización “Huérfanos por feminicidio en México”. Pueden presentar pesadillas, incontinencia, volverse más introvertidos o tener episodios de tristeza o ira.
También enfrentan el estigma de sobrevivir a un incidente altamente violento, lo cual puede desembocar en deserción escolar. “La falta de certeza jurídica, de saber quién fue la persona responsable y si está cumpliendo una pena, enrarece las dinámicas familiares. Esa presencia de algo violento puede no ser comprendido ni bien acompañado en contextos escolares y terminar en un señalamiento”, indica Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
A menudo las madres son las únicas o las principales responsables económicas de niñas, niños y adolescentes, por lo cual el feminicidio implica además, la pérdida de ingresos, generando carencia material, según datos de Ramírez.
De acuerdo con las especialistas y defensoras de derechos humanos entrevistadas, la Ley General de Víctimas y su equivalente estatal, establecen que se deben facilitar procesos educativos, médicos, psicológicos y jurídicos para garantizar la estabilidad de las víctimas indirectas. En casos de feminicidio, estas necesidades deben ser atendidas según el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, que entró en vigor en agosto de 2021.
Pero en la práctica esto no se garantiza del todo. A las hijas e hijo de Sulema les asignaron becas escolares bimestrales, pero tardaron más de un año en darles el dinero. También les ofrecieron despensas, pero Josué y Viridiana no las tramitaron porque para ello debían trasladarse a puntos de la ciudad alejados de su hogar.
Los llevaron a cinco sesiones de terapia que les brindaron, pero no lo consideraron suficiente: la hija mayor tiene dificultades de aprendizaje y llora al recordar a su mamá. El varón, al igual que sus hermanas dejó la escuela. Se enoja con facilidad, lo cual Viridiana atribuye a un proceso de duelo. Les ofrecieron llevarles de nuevo a terapia, pero rechazaron acudir.
Solo la hija menor sigue estudiando con ayuda de la beca. Josué y Viridiana desconocen si alguna de las hijas o el hijo de Sulema están en el Registro Estatal de Víctimas: antes de la entrevista, no habían oído hablar de él.
A las nietas y nieto de Ligia Canto, madre de Gabriela asesinada en 2017, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), les envió una psicóloga desde la Ciudad de México, quien insistió en hablar del asesinato. Eso les conmocionó y Ligia decidió interrumpir las sesiones.
Previo al feminicidio, recibían atención médica de especialistas en alergias y odontología y participaban en actividades extraescolares. Ligia solicitó a la CEAV apoyo para que siguieran su vida lo más apegada a la rutina que tenían, pero no lo obtuvo, desistió por lo complicado de los trámites. Algunos de los problemas de salud de sus nietas y nieto cedieron, pero otros están en suspenso por falta de recursos. La mayor debió someterse a cirugía desde hace dos años, pero no ha podido por la carencia de dinero.
A la fecha no han recibido el pago de la reparación del daño. A Ligia no le han informado cuándo les otorgarán los recursos. Ella no busca que el gobierno les mantenga: solo quiere que cumpla sus responsabilidades con sus nietas y nietos quienes son, insiste, “huérfanos del Estado”.
Las especialistas consultadas para este reportaje coinciden: realizar un censo es el primer paso para que el Estado restituya los derechos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, pues a la fecha no se sabe cuántos se encuentran en esta situación en el país ni cuáles son sus condiciones de vida. Con eso se podrían construir canales apropiados para informar sobre los servicios de atención y protección de derechos.
La omisión de cuidados adecuados puede generar vulneraciones consecutivas a sus derechos, quebrantar su desarrollo emocional, psicológico e incluso su trayectoria educativa: si faltan los ingresos mínimos para garantizar su subsistencia, podrían verse obligados a ingresar prematuramente al mundo laboral, de acuerdo con la directora de REDIM.
Ante la omisión del estado, la organización comunitaria
Si bien garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes es tarea del Estado, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, precisa que a toda la sociedad le toca su cuidado y atención.
Tras el feminicidio de su hermana Serymar Soto en enero de 2017, Sandra notó que ninguna autoridad se preocupó por su sobrino, Romeo, de entonces tres años y medio. Abogada de profesión, investigó y encontró que las hijas e hijos de otras víctimas estaban invisibilizados, como si sus derechos “estuvieran en la basura”.
Abrió una página en Facebook para buscar al asesino de su hermana y comenzó a recibir solicitudes de ayuda de otras víctimas indirectas de feminicidio de su natal Coahuila y otras partes del país.
Así surgió la organización “Huérfanos por feminicidio en México”, que en 2018 presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para exigir la reparación del daño a 18 hijas e hijos de víctimas de feminicidio. El organismo recomendó al Gobierno de Coahuila crear un programa para resarcir los derechos de la orfandad por feminicidio, acción que se ejecutó ese mismo año.
Aunque se le solicitó pagar 6 mil pesos mensuales a cada hija o hijo de una mujer asesinada, la autoridad estatal sólo aprobó el pago de 4 mil pesos bimestrales. Además los apoyos que brindan las autoridades no son adecuados para las infancias y adolescencias afectadas.
Con todo, sólo Coahuila y el Estado de México tienen programas de esa naturaleza. Además el movimiento logró poner el tema en agenda: en 2020, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), y el de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), presentaron el Protocolo de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio.
Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta agosto de 2021. Las dependencias informaron que solamente entre enero y diciembre de 2019 se registraron 796 casos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad en 26 entidades.
Las integrantes de la organización no se conformaron: reclamaron que el protocolo no contaba con recursos y sólo estaba en papel, además que nadie preguntó a las afectadas qué necesitaban para hacerlo funcional. Desde entonces, ninguna autoridad volvió a tocar el tema. “Seguimos en las mismas”, asegura Sandra.
En Yucatán se organizaron de otras formas. La familia de Josué y Viridiana se turnó el cuidado de las hijas e hijos de Sulema cuando la crisis económica de la pandemia de Covid-19 les pegó. Supieron del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, asociación que convocó a donaciones de ropa y muebles. Y sus amistades les apoyaron con otros insumos: por ejemplo, uno de sus amigos les regalaba carne.
A Ligia y sus “leoncitos”, como cariñosamente apoda a sus nietas y nieto, les arroparon amistades y organizaciones. Ella dice que también se volvió detective. Hoy recomienda a quienes atraviesan situaciones similares que lean cuidadosamente los documentos relacionados con los procesos jurídicos, para conocer sus derechos y no dejar que se los pisoteen.
Amaranta, la madre de Ivana, ha logrado sacar adelante a su nieto David de ahora 7 años. Pero sí considera que las autoridades deberían brindar los recursos suficientes para mantenerlo. Lo único que quiere es lo que su hija también anhelaba: que a su nieto no le falte nada. Sin embargo a David le falta su madre y muchas cosas más.
*Los nombres fueron cambiados para resguardar la identidad de las personas por motivos de seguridad