“Tengo miedo pero no puedo retornar”: el temor de solicitantes de asilo en Reynosa (Tamaulipas)
Más de un millar de personas, en su mayoría centroamericanos, mantienen un campamento en Reynosa; huyen de la violencia y se ven atrapados en una ciudad con altos índices de criminalidad.
Alberto Pradilla/Animal Político
26 junio 2021
Flor Idalma Acevedo Lara, hondureño de 35 años, llegó a Reynosa, Tamaulipas, una semana antes de que un grupo de hombres asesinara a 15 personas.
Originario del municipio costero de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, tuvo que escapar de su país tras recibir amenazas de un grupo criminal al que prefiere no identificar.
“Mataron a mi hermano al asaltarle y como puse la denuncia nos llegaron unos anónimos. Tuve que enviar a mis hijos a huir”, dice, junto a su tienda de campaña ubicada en la plaza de la República en Reynosa, muy cerca del puente internacional que conecta el municipio tamaulipeco con McAllen, Texas, Estados Unidos.
Reconoce que apenas tuvo información sobre los hechos del sábado 19, cuando hombres armados a bordo de varias camionetas sembraron el terror disparando contra cualquiera que encontraban en la calle y mataron a 15 personas.
Para él la urgencia era escapar de Honduras y aunque sabe que está en una ciudad peligrosa no tiene pensado dar un paso atrás.
“Yo quiero pedir asilo, a mi país no puedo retornar”, afirma. Tampoco puede ocultar que se siente intranquilo. “Uno tiene miedo. Anoche tirotearon a un muchacho ahí cerca del campamento y se escuchó desde aquí, muchos nos quedamos asustados”, explica.
Él, que salió huyendo de la violencia de Honduras, ha terminado atrapado en una ciudad como Reynosa, igualmente violenta. “Vengo huyendo de un problema y tal vez me encuentro con otro”, lamenta.
Cerca de un millar de personas, en su mayoría centroamericanos, permanecen acampados en mitad de Reynosa. La mayoría de ellos fueron deportados por Estados Unidos aplicando el Título 42, un mecanismo legal impuesto en marzo de 2020 por el expresidente Donald Trump y que permite expulsar inmediatamente a cualquier persona que es detenida cruzando de forma irregular sin darle opción a pedir asilo. La excusa para implementar esta normativa fue la pandemia por COVID-19, ya que el gobierno de EU alegaba que los migrantes podían ser un riesgo e incrementar los contagios.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que prometió acabar con las políticas racistas de su antecesor, sigue utilizando el marco legal heredado para devolver a cientos de mexicanos y centroamericanos a ciudades peligrosas del norte de México como Reynosa. Hablamos de centroamericanos, pero también de muchos mexicanos, que huyen de la violencia de estados como Guerrero o Michoacán. Ellos son los más discretos y quienes más temen revelar el motivo por el que huyen. Al final, continúan en el mismo estado que es incapaz de protegerlos.
México acumula casi 350 mil desplazados internos, según el Comité Mexicano para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y, cada vez más, estos se concentran en la frontera con Estados Unidos para buscar el asilo.
“Hay mucha tensión por parte de la gente y mucha incertidumbre”, dice José Antonio Silva, coordinador del proyecto de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Reynosa y Matamoros, que recuerda que la situación en el municipio es compleja por la presencia de grupos del crimen organizado y por las malas condiciones en las que se encuentran migrantes y solicitantes de asilo.
En opinión de Silva, el lugar no reúne las condiciones mínimas para albergar a una población que cada vez crece más, ya que las deportaciones no se detienen. Además, Tamaulipas es uno de los focos rojos de México en relación a la COVID-19. Al menos se detectaron tres casos al interior del campamento, donde resulta imposible mantener medidas higiénicas como la distancia social.
El campamento de Reynosa toma el testigo de otro que se levantó desde 2019 en Matamoros, 90 kilómetros al oeste siguiendo el cauce del Río Bravo. El anterior concentraba a solicitantes de asilo que fueron devueltos a México bajo el denominado “Programa de Protección a Migrantes” implementando por un acuerdo entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Más de 71 mil personas fueron expulsadas durante los dos años que funcionó el programa, hasta que Biden lo dio por concluido. Ahora las expulsiones son sistemáticas y se basan en la excepcionalidad impuesta por la pandemia de COVID-19.
“Tocó huir”
Cuenta Acevedo Lara que el asesinato de su hermano mayor, Gilberto Efraín, fue lo que desencadenó su huida. Ocurrió en noviembre de 2020, según consta en el certificado de defunción que trae como prueba. Meses después comenzaron a llegar los anónimos, avisándole de que correría la misma suerte por haber denunciado. “En mi país me iban a fregar. Así que tocó huir”, explica.
Durante semanas recorrió México junto a su hija hasta que llegó a Reynosa. Saltó el Río Bravo, pero cuando puso un pie en Estados Unidos la Border Patrol lo estaba esperando. “Nos entregamos y no hubo nada de agresividad, pero nos devolvieron”, dice.
En los últimos meses se registró un fuerte incremento de detenciones de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Según la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de EU, solo en el mes de mayo se interceptaron a 180 mil 034 personas, lo que supone un aumento del 1% respecto a abril. El gran salto se produjo en marzo, cuando fueron capturadas más de 172 mil personas, lo que suponía una subida del 71% respecto al mes anterior.
Aunque es innegable que existe un auge de las llegadas a EU hay un dato que no se está tomando en cuenta: el Título 42 permite a los agentes fronterizos devolver a cualquiera que cruce de forma irregular sin abrirle un procedimiento legal. Esto permite que hay personas que lo intenten una y otra vez, solo limitados por el gasto económico que implica pagar cada cruce a los grupos criminales que controlan la frontera.
Entre las razones que explican este éxodo: la violencia, la pobreza y las consecuencias de los desastres naturales como los huracanes Eta e Iota que devastaron parte de Honduras y Guatemala a finales de 2020.
Etapa post Trump
Dice Acevedo Lara que él está dispuesto a aguantar lo que haga falta, que no puede regresar. Reconoce la intranquilidad por la inseguridad de Reynosa, pero cree que correría más peligro si regresara a casa.
Por el momento se ha inscrito en un registro en el albergue Senda de Vida y confía en que, en algún momento, las autoridades de Estados Unidos le permitan solicitar su asilo.
Desde la llegada de Biden estos procesos se flexibilizaron. Por un lado, se permitió el ingreso al país de más de 11 mil personas que esperaban en México su cita con un juez tras ser expulsados por el programa MPP. Por otro, la administración ha prometido que pondrá en marcha mecanismos para permitir que solicitantes de asilo accedan a este derecho. Sin embargo, estos procedimientos todavía no se han abierto, lo que obliga a gente como Acevedo Lara y su hija a esperar en una tienda de campaña en Reynosa.
Además, los agentes fronterizos están permitiendo que familias con hijos menores de seis años se queden en Estados Unidos y cubanos y venezolanos ya no son devueltos como los centroamericanos. Son medidas que hacen más fácil la vida de algunas familias pero que no impiden que campamentos como del de Reynosa o el de Tijuana, Baja California, crezcan cada vez más.
“Hay que luchar con todo. No puedo regresar a mi país. No puedo regresar”, repite el hondureño. Su tienda de campaña está en una esquina del campamento, que ya ocupa toda la plaza. Cada día llegan nuevos inquilinos y la frontera sigue cerrada para ellos. El jueves, poco después de la entrevista, se escucharon disparos junto a la plaza de la República. Un horror para gente como Acevedo Lara, que huye de la violencia en su país pero que quedó atrapado en una ciudad tan insegura como el lugar del que escapó.