Entre marzo y agosto de 2020, la Codhey reportó 84 quejas contra la policía (Yucatán)
Mariana Beltrán Cortés / VeinteVeinte
Las quejas provienen de 18 municipios, entre ellos Kanasín, Celestún, Mérida, Cenotillo, Chacsinkin, Dzidzantún y Progreso
El cierre de caminos y carreteras, así como la implementación de retenes y restricciones de movilidad vehicular en Yucatán —por motivo de la emergencia de COVID-19—, dio competencia explícita al cuerpo policiaco para hacer uso de las fuerzas de seguridad a fin de vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias.
Lo anterior, encima de vulnerar el derecho al libre tránsito, tal como lo enfatizó la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración en abril de 2020; ocasionó abusos de autoridad que contrastan al conjunto de medidas de intervención nombrado Jornada de Sana Distancia para proteger la salud pública.
“El virus de la arbitrariedad”, un nuevo informe de Elementa DDHH, en el que se analizó el contexto entre marzo y agosto de 2020, en estados que recurrieron a medidas extraordinarias ante la pandemia, indica que en Jalisco, Guanajuato y Yucatán se reportaron detenciones arbitrarias y brutalidad policial en el ejercicio desproporcionado de la fuerza.
El 31 de marzo del año pasado, el gobierno de Yucatán anunció mediante una declaratoria de Emergencia (DOF) en Yucatán, la suspensión de actividades no esenciales y un mes más tarde la limitación de la restricción vehicular entre las 22:30 y las 5:00 horas, al igual que el primero de dos periodos de “Ley Seca” que se sumarían al operativo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, con la justificación de contener los contagios y la propagación del virus SARS COV-2.
El documento realizado por Enrique Gallegos Madrigal y Carlos Camargo Pinzón resalta que autoridades municipales recurrieron, además, a detenciones, “toques de queda” y amenazas de arrestos administrativos, como en el caso del municipio de Umán, donde en un video difundido en la cuenta de Facebook del alcalde se sentenciaba a la población, principalmente a jóvenes y niños a no salir después de las 21:00 horas.
Al respecto, Carlos Camargo Pinzón, uno de los autores, mencionó en entrevista para VeinteVeinte que, aunque la Codhey emitió una medida cautelar para ese y otros municipios, no hay información pública de este organismo sobre el vínculo entre las detenciones arbitrarias en la pandemia y antes de ella para fiscalizarlo.
Lo mismo con las capacitaciones en materia de Derechos Humanos al cuerpo policiaco, las cuales indica el autor, se limitan a dar pláticas y no a un proceso de seguimiento.
De acuerdo con el informe de Elementa DDHH, en el periodo marzo a agosto de 2020, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) emitió 84 quejas en contra de cuerpos policiales de 18 municipios y el cuerpo estatal. Aunadas a 7 quejas contra la Fiscalía General del Estado que acusan 10 violaciones a derechos humanos.
Dentro de las violaciones a DDHH documentadas en las quejas se acentúan 59 por prestaciones indebidas del servicio público, 52 detenciones arbitrarias, 40 lesiones, 18 robos y 17 allanamientos de morada.
Mismas que afectaron a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellas, niños y niñas, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.
Camargo Pinzón aclaró que si bien el informe señala que la dependencia policial que más quejas registró es la SSP, habría que tomar en cuenta que en el primer cuadro de la ciudad de Mérida, quien da servicio es la Policía Municipal.
Concluyó afirmando que mientras no fiscalicemos y evidenciemos la arbitrariedad en el actuar de las autoridades y la falta de rendición de cuentas, se seguirán legitimando estas prácticas bajo la estrategia de “estado seguro”.
Cabe recordar que posterior al plazo de análisis del informe, se hizo público el caso de un policía en Tekax contra el que se inició una investigación de control interno y removió del cargo, luego de difundir contenido gráfico de una persona detenida con probables signos de tortura a través de su cuenta personal de Facebook.