Guerreros Unidos mató a 20 indigentes para que PGJ “tuviera pruebas” del caso Iguala
Durante el recorrido, donde estuvieron presentes los familiares de ambos estudiantes, los estudiantes normalistas arremetieron contra las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya que, en el año de los hechos, el partido del sol azteca era el que gobernaba el estado de Guerrero.FOTO: DASAEV TÉLLEZ ADAME / CUARTOSCURO.COM
Redacción / Sin Embargo
Un testigo protegido de la investigación, identificado como “Juan”, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el asesinato de los 20 indigentes fue para que la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero tuviera pruebas de la desaparición de los 43 normalistas.
Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– La organización criminal Guerreros Unidos habría asesinado a 20 indigentes para simular que sus restos eran los de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, según reveló esta mañana el periódico Reforma.
De acuerdo con la declaración que dio el hombre identificado como “Juan”, quien sería presunto líder de Guerreros Unidos, los homicidios tuvieron el objetivo de que la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero, encabezada en ese momento por Iñaki Blanco Cabrera, tuviera pruebas de la desaparición de los jóvenes.
“En un primer momento agarraron a unos 20 indigentes y los metieron a las fosas, atrás de Pueblo Viejo, y dado que el asunto estaba muy mediático, dijeron que la Fiscalía, o sea Iñaki, que no iba a resultar y fueron a los lugares donde en un primer inicio habían tirado los restos de los estudiantes para ir a preparar lo del basurero de Cocula”, afirmó el testigo protegido, según la información a la que tuvo acceso Reforma.
Ante la Fiscalía General de la República (FGR), “Juan” reveló que la estrategia fue realizada entre Guerreros Unidos y Wenceslao Elizalde Zempoalteca, excoordinador de la Policía Ministerial, por lo que a este último fue a quien le entregaron las cenizas de estudiantes incinerados en la funeraria “El Ángel”, las cuales fueron dispersadas con otras “evidencias” en el basurero de Cocula.
“Sobre estas ‘evidencias’, el Gobierno estatal y la PGR [la extinta Procuraduría General de la República] construyeron la denominada ‘verdad histórica’”, concluyó Reforma.
Desde ayer, el medio dio a conocer que este mismo testigo protegido aseguró que los estudiantes fueron detenidos por un convoy de operación conjunta entre militares, policías y sicarios.
La persona dijo que se detuvieron a 30 personas más, es decir, en total a 73, pero sólo una parte de ellas fueron interrogadas en el 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala, Guerrero. Después, fueron entregadas al grupo criminal para que las desaparecieran, algunas ya muertas.
Derivado de estas declaraciones fue que se detuvo al militar José Martínez Crespo, quien fue aprehendido el pasado 12 de noviembre, y se liberaron al menos 17 órdenes de aprehensión más en contra de militares relacionados con los hechos.
Reforma relató que el testigo de la FGR señaló al Capitán Martínez Crespo como el presunto operador de la detención de los normalistas y que también tenía la intención de capturar a algunas personas que estaban heridas y que eran atendidas en un hospital de la localidad.
“Deseo señalar que no solamente se ejecutó a 43 estudiantes y las personas que murieron en Santa Teresa, sino que hubo más personas muertas en el evento del 26 y 27 de septiembre de 2014, las cuales pertenecían al grupo de Onésimo Marquina Chapa y de Isaac Navarrete Celis, y que se metieron a Iguala, siendo un total como de 70 u 80 personas el total de muertos de esos hechos”, rescató el diario de la declaración que “Juan” hizo a las autoridades y que tiene fecha del 10 de febrero del 2020.
El testimonio del presunto líder de Guerreros Unidos indicó que dicho grupo buscaba a criminales de un cártel rival que le debían dinero, sin embargo, los sicarios rivales se mezclaron entre los alumnos de la normal rural de Ayotzinapa, quienes se encontraban protestando en Iguala.
En total se habría detenido a tres grupos de personas, uno capturado por Guerreros Unidos, otro por policías estatales, y otro, por miembros del Ejército. Todos los grupos fueron llevados al Batallón municipal para ser interrogados y conocer quiénes eran los involucrados con el grupo criminal rival, apuntó Reforma.
LA SEDENA, DISPUESTA A COLABORAR EN LA INVESTIGACIÓN
Después de que se difundiera la información antes mencionada, el jefe del Ejército mexicano, Luis Cresencio Sandoval, prometió colaborar con las autoridades tras nuevas filtraciones de un testigo protegido que asegura que hubo militares involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
“En todo lo que está presentándose de Ayotzinapa damos la información, tenemos la obligación de hacerlo así. Nuestra jurisdicción militar, cuando llega a detectar algún delito que se vincula con el orden común, el orden federal, pasa la información”, afirmó el Secretario de la Defensa Nacional.
“La institución ante todos los señalamientos que ha habido, no nada más de este tipo, a través de toda su historia siempre ha colaborado con las autoridades, nunca se trata de ocultar”, expresó Sandoval cuestionado en la rueda de prensa matutina de Palacio Nacional.
Según la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el 26 de septiembre de 2014 policías corruptos del municipio de Iguala detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero de Cocula y tiró los restos a un río.
Pero familiares y una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron esta versión de la “verdad histórica” al señalar que los cuerpos no pudieron quemarse en ese lugar.
El testimonio de este último testigo protegido ha impactado el caso porque involucra de forma directa a soldados.
El jefe del Ejército reconoció la existencia de señalamientos, pero argumentó que las Fuerzas Armadas “no investigan ese tipo de delitos” porque su jurisdicción es militar y no abarca crímenes del fuero común o federal.
“Son las autoridades correspondientes a las que le toca atender este tipo de delitos quienes investigan y nosotros somos quienes proporcionamos las facilidades para que puedan desarrollar su trabajo”, sostuvo Sandoval.
El caso cobra relevancia porque la FGR exoneró la semana pasada a Salvador Cienfuegos, jefe del Ejército en el sexenio pasado, de las acusaciones de narcotráfico de las autoridades de Estados Unidos, que lo arrestaron en Los Ángeles el 15 de octubre y lo entregaron a México un mes después.
La inacción de la FGR ha indignado a activistas y familiares de Ayotzinapa, quienes acusan a Cienfuegos de tener responsabilidad en el caso Ayotzinapa, que ha prometido resolver el Presidente Andrés Manuel López Obrador.Junto al mandatario, Sandoval rechazó una afectación al prestigio de las Fuerzas Armadas.
“Esos errores de forma particular creo que no dañan la imagen de una institución que ha sido muy representativa del Estado mexicano”, afirmó el Secretario.
LA SEGOB INVESTIGARÁ LA FILTRACIÓN
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa presentará una denuncia ante Fiscalía General de la República (FGR) por la publicación del periódico Reforma sobre el caso de los 43 normalistas.
“Como lo hemos señalado, este tipo de filtraciones buscan demeritar los trabajos desarrollados en la investigación del caso Ayotzinapa; la credibilidad de las instituciones que participan en ésta, y ponen en riesgo la verdad sobre lo acontecido la noche del 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, así como la integridad de las personas que forman parte de estas investigaciones”, detalló Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, en un comunicado.