Tren Maya: acusan al Poder Judicial de actuar contra pueblos indígenas
Emanuel Rincón Becerra / Diario de Yucatán
Representantes del colectivo Asamblea Maya Múuch Xiimbal y de otras agrupaciones que representan a comunidades indígenas de la Península de Yucatán afectadas por el proyecto Tren Maya advirtieron que el Poder Judicial no está defendiendo sus legítimos derechos.
En rueda de prensa virtual, también señalaron que en los casos en que se admiten denuncias los jueces no emiten órdenes de suspensión de las obras, lo que da carta abierta a los planes de Fonatur de seguir avanzando en la obra.
Con el tema “Violaciones del tren maya y la responsabilidad del Poder Judicial”, en la conferencia participaron Valiana Aguilar y Noemí Martínez, de Múuch Xiimbal.
También Guadalupe Cáceres, de Colectivo Tres Barrios de Campeche; David Lovatón, de Fundación para el Debido Proceso, y Jorge Fernández Mendiburu, de Indignación, A.C.
Estado de indefensión
Noemí Martínez enfatizó que el Poder Judicial actúa de manera insensible e indignante al colocar a las comunidades en un estado de indefensión.
En el mejor de los casos, afirmó, se simula la aceptación de las denuncias, pero no se emiten órdenes para detener los trabajos.
Agregó que Fonatur compró a ONU-Habitat con 55 millones de pesos para despojar a las comunidades de sus tierras y se les releguen sus derechos humanos.
Por su parte, Valiana Aguilar dijo que las comunidades mayas, en su lucha por la defensa de sus tierras, sufren el ataque frontal del gobierno al pretender imponerles una serie de cambios en su estilo de vida que difieren de sus tradiciones y costumbres.
Irreversible daño al medio ambiente
Lo que resulta más grave, agregó, es el irreversible daño que causará el proyecto al entorno ambiental, los recursos naturales y la tranquilidad de las comunidades afectadas.
A su vez, el abogado David Lovatón advirtió la violencia estructurada que el Estado ejerce contra las comunidades mayas al forzarlas a asumir una postura sumisa en la cual no pueden tomar decisiones sobre lo que en derecho les corresponde.
Guadalupe Cáceres cuestionó la actuación de las autoridades judiciales con respecto al proyecto del Tren Maya y la afectación de los derechos de los habitantes de las tierras donde pasarán las vías.
“Somos seres humanos, personas. Algunos llegamos a estas tierras desde hace varias generaciones, antes de la llegada del ferrocarril, no nos pueden tratar como papeles, amparos y documentos”.
Despojo de su patrimonio
“Somos personas que fincaron un patrimonio, hicimos nuestra vida, construimos sueños y esperamos legar todo esto a nuestros sucesores”.
“No es justo que se nos pretenda despojar de lo que en justicia nos pertenece y ni siquiera nos pueden ofrecer alternativas reales para nuestra situación”, subrayó.
En el caso de la ciudad de Campeche, tres colonias resultan afectadas directamente: Santa Lucía, Ermita y Camino real, 293 casas y 3,000 involucradas, precisó.
“Podrían de la noche a la mañana perder su patrimonio y ser reubicados en lugares distantes, sin servicios, con pies de casa e imposibilitados de desarrollar las actividades productivas que hasta ahora consolidaron”.
Opacidad en el Poder Judicial
Por último, Fernández Mendibúru advirtió sobre la opacidad con que se maneja el Poder Judicial en torno a los derechos de las comunidades mayas sobre este tema.
Indicó que toda queja o denuncia es rechazada por “falta de interés legítimo” y hasta los formatos de rechazo parecen idénticos y sistemáticos.
Las excepciones, cuando los jueces otorgan algún tipo de amparo, sufren el acoso y la presión de la autoridad federal, aseguró.
“Los imposibilitan para otorgar órdenes de suspensión de la obra mientras se resuelve la legitimidad del derecho de quienes se sienten afectados”.
Los participantes externaron su convicción de seguir trabajando en la defensa de los derechos de las comunidades mayas y que prevalezca la voluntad de los legítimos dueños de la tierra.