Jornaleros otomíes denuncian a agroempresa en San José Iturbide por abusos laborales (Guanajuato)
Recibe financiamientos millonarios nacionales e internacionales, pero incumple en pagos de hasta seis semanas a trabajadores indígenas
Alonso Merino Lubetsky /POPLAB, 09 de ahosto de 2020
*Con información de Francisco Arellano
Un grupo de más de 50 jornaleras y jornaleros otomíes (hñähñu) de la congregación de Cieneguillas en Tierra Blanca hicieron una denuncia por abusos laborales contra la empresa agroexportadora Empacadora Xipehua ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. La empresa denunciada, dicen las y los jornaleros agrícolas, no es la primera vez que los deja sin pagos de hasta seis semanas de retraso, además de que normalmente trabajan en condiciones deplorables y bajo tratos denigrantes.
Juan de Jesús García Correa y María Patricia Gutiérrez Ortiz, los dueños de la empresa, se han enfrentado legalmente contra la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y el Banco Ve por Más S.A. de C. V. a quienes han solicitado financiamiento para solventar sus actividades de agroexportación. Y pese a que han recibido estímulos millonarios para sostenter sus actividades empresariales de parte de entidades públicas y privadas, dejan constantemente a sus trabajadores sin pagos.
La congregación de Cieneguilla es una comunidad indígena reconocida en el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guanajuato. Tiene 715 habitantes, de los cuales 354 son hombres y 361 mujeres, hablantes de otomí y español. Reconocidos como indígenas por su lengua, sus tradiciones y por autoadscripción.
Los jornaleros otomíes trabajan en invernaderos de hortalizas, los cuales proliferan en el noreste de Guanajuato desde hace algunos años, de acuerdo con pobladores de la región. Empresas como Empacadora Xipehua S.A. de C.V. funcionan gracias al trabajo de mujeres, hombres, niñas y niños a quienes prometen pagos a cambio de su fuerza de trabajo; pagos que con frecuencia se atrasan o no llegan.
El grupo de jornaleras y jornaleros denunciantes dice que Xipehua les prometió un jornal de 200 pesos a los adultos y 150 pesos a ?niñas, niños y adolescentes por día, siempre y cuando completaran la tarea a destajo que se les solicita: de 400 a 600 metros de cosecha de pepino por persona en siete horas bajo el sol dentro de invernaderos gigantes, lo que implica recolectar el producto listo en cada una de las plantas sembradas sobre los surcos.
—”Luego los invernaderos bien calientes, uno no se soporta ahí porque ni puede uno respirar bien. No’más que por necesidad uno trabaja ahí”, explica una de las mujeres jornaleras.
“Nos explotaban muy mal, nos trataban mal. De hecho ellos querían una ventaja muy recia, que querían que sacáramos una meta de un 100 por ciento y se nos hacía mucho. Según el trato lo hizo [el contador] con el capitán, que la jornada iba a ser de 200 pesos. Pero no llegaban los 200 pesos, porque te ponían, ahí según en los invernaderos, se les llama nave. Cada nave, cada invernadero es como de 100 metros [de largo], como de 2 hectáreas cada invernadero [100x200m]. Y luego nos ponían a hacer muchos surcos y dicen que de ahí todavía nos descontaban”, explican en comunicación directa con POPLab.
La empresa es denunciada por no pagar el dinero pactado. Hay a quienes les deben hasta seis semanas de trabajo completas. Responsabilizan directamente al contador de Empacadora Xipehua, el ingeniero Rafael Montoya, de no pagar según sus acuerdos. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Jurisdicción de Celaya) da servicio al municipio de Tierra Blanca y hoy lunes 03 de agosto tienen cita en la Junta de Conciliación y Arbitraje en Celaya junto con el contador de la empresa.
Aproximadamente hace dos semanas las y los jornaleros acudieron a las oficinas de Xipehua a reclamar falta de pagos del día 11 de junio al 22 de julio. El 25 de julio uno de los “contratistas” (personas de la comunidad que trasladan jornaleros) se dirigía a cobrar para entregar el dinero a su cuadrilla cuando el contador Montoya le llamó para decirle que este no llegaría sino hasta el lunes 27. El contador alega que ha sido porque debido a la pandemia no se permite el libre tránsito por carretera los fines de semana.
Sin embargo, el lunes 27 de julio fueron dos camionetas con 40 personas a cobrar sus dinero y la empresa sólo pagó dos días, pero ninguno de los pagos en retraso. El contador se comprometió a pagarles el resto en días posteriores y tampoco sucedió. POPLab cuenta con documentos que confirman los numerosos tratos denigrantes hacia los trabajadores.
—”Tienes que comer de lo que trabajes, eso es lo correcto, no de mí. Búsquele mientras chamba, yo no sé qué haces aquí”, les dijo el contador al frente de la empresa en aquella reunión.
La esclavitud de los jornaleros indígenas
El caso permite visibilizar las condiciones de precariedad en las que trabajan miles de jornaleros en el estado, muchos de ellos indígenas, migrantes locales, regionales y nacionales, que trabajan para la agroindustria con empresas que incurren en incontables violaciones a sus derechos humanos. Para estas empresas trabajan miles de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes que buscan desesperadamente un ingreso en los campos.
Empacadora Xipehua reclutaba jornaleros antes como Grupo Nixte, que son señalados por pobladores de Cieneguilla como malos empleadores que tratan mal a sus trabajadores. Según lo que se dice en la comunidad otomí, no es un lugar en el que conviene trabajar. Los invernaderos de Empacadora Xipehua (Nixte) se encuentran cerca de la carretera federal no. 57 San Luis Potosí-Santiago de Querétaro, o entre Doctor Mora y San Miguel de Allende rumbo a Los Rodríguez.
“Unos trabajadores nos dijeron que antes el invernadero Xipehua se llamaba Nixte. Porque dice que también, no entendemos ahí por qué le cambiaron después el nombre, pero se me hace que de tiempos ya tienen conflictos estos invernaderos. Porque yo tengo un tío que yo le dije: ‘ay, no me quieren pagar en tal invernadero’. Y dijo: ‘¿por dónde será, mija?’ —ya le dije más o menos por qué líneas están—. Y me dice el señor: ‘No, mija, fuiste a dar en la gente más ratera que son. Ahí explotan bien al trabajador’. ‘La mera verdad sí, lo estoy viendo’ —le dije”.
En entrevista con Mayo Meza Trejo, directora del Centro de Desarrollo Indígena Loyola (CDIL), organización que forma parte de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA), menciona que son frecuentes los abusos materiales y psicológicos en los campos y, como el pago es casi siempre a destajo, no son claros respecto a cuándo les emplearán o no, dejando a los jornaleros sin seguridad sobre sus ingresos.
Además, “está normalizado que les retrasen su pago seis, siete, ocho o nueve semanas. Son condiciones alejadas al marco jurídico de la Ley Federal del Trabajo”. En ocasiones les mienten y los empleadores optan por las cuadrillas más eficientes. “En general, la agroindustria mata” —dice Meza Trejo— y pocas personas se cuestionan de dónde vienen los alimentos “orgánicos” que consumimos.
De acuerdo con la REJJA, existen tres aspectos que son fundamentales en el auge de la agricultura intensiva de exportación como para la que trabajan las y los jornaleros de Tierra Blanca: primero, que los avances de la tecnología hacen las tierras más productivas; segundo, que los alimentos siempre se demandan en los mercados, aunque haya crisis; y, tercero, porque la explotación de la mano de obra la hace un negocio muy rentable.
“Las y los jornaleros agrícolas internos, particularmente los/as jornaleros/as migrantes son los/as más explotados/as entre los/as trabajadores/as”, dice el Primer Informe de la REJJA del 2019.
Según los testimonios recibidos en POPLab no es la primera vez que incumplen con los acuerdos pactados y no son las únicas empresas que incurren en estas violaciones laborales en la región noreste de nuestro estado. En los invernaderos las condiciones de estancia durante las jornadas son insalubres y bajo presiones, amenazas y condicionamientos de parte de los supervisiores; les solicitan el trabajo en horas extra y tampoco reciben su pago. Cuando han habido personas accidentadas, los dueños de las agroempresas no se responsabilizan y les dejan a su suerte.
El grupo de jornaleras y jornaleros de Tierra Blanca ya está siendo acompañado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) tras haber tenido diferentes enfrentamientos con Empacadora Xipehua. Gracias al INPI reciben asesoría para que se hagan respetar sus derechos laborales.
Empresas irregulares son las que incumplen con jornaleros/as
Las empresas Empacadora Xipehua S.A. de C.V. y Nixte S. de P.R. de R.L. de C.V son propiedad de Juan de Jesús García Correa y María Patricia Gutiérrez Ortiz, ambas con domicilio en San José Iturbide, Guanajuato. Son las agroexportadoras señaladas de abuso por las y los jornaleros de los invernaderos.
García Correa es socio además de las empresas El Fruto de Nuestra Tierra, S. de P.R. de R.L. de C.V. (San José Iturbide) junto Luis Alfonso Rodríguez Medellín; de Proyectos Integrales Agrícolas de México, S. de P.R. de R.L. de C.V. (Celaya) con Luis Alfonso Reyes Gaona.
En 2016 Nixte recibió un financiamiento de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de 3 millones 500 mil dólares (alrededor de 78 millones de pesos). Luego el CII-BID inició procesos legales contra Nixte ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al menos uno en 2018 (Exp. 999/2018) y otro en 2019 (Exp. 689/2019). El Banco Ve por Más SA. de CV. (BX+) también tiene un expediente abierto desde 2018 (Exp. 1338/2018) contra Nixte.
En 2015 la empresa recibió otro financiamiento de SAGARPA por el valor de 3 millones 600 mil pesos utilizando la razón social de Nixte y los nombre propios de García Correa y Gutiérrez Ortiz como personas físicas. Además, Nixte aparece dentro de las empresas canceladas del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios Exportación (IMMEX) de la Secretaría de Economía por falta de presentación de reporte anual en 2015, resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación.
En el proyecto entregado al BID, la empresa de García Correa y Gutiérrez Ortiz asegura que “la transportación de trabajadores se brinda a través de una compañía transportista contratada por Nixte para este fin”, cuando son los cuadrilleros quienes los trasladan hacinados en camionetas con hasta 20 trabajadores en cada una.
Según el proyecto “los procedimientos de buenas prácticas agrícolas incluyen aspectos de manipulación y aplicación de agroquímicos, seguridad y salud ocupacional y el suministro de equipo de protección personal a los trabajadores”, mientras que a los trabajadores solo se les entrega un bata para las labores de cosecha.
La empresa denunciada por los jornaleros ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo le dijo al BID que “las prácticas laborales en la empresa siguen la legislación laboral mexicana y los principios de la Organización Internacional del Trabajo”. Así las cosas, cabe preguntarse cuántas agroempresas estarán operando en estas condiciones en Guanajuato.
De acuerdo con Mayo Meza Trejo, “los mínimos que se deben de proveer para esta población con base en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 283, es que los patrones deben suministrar gratuitamente a los trabajadores y sus familias habitaciones adecuadas e higiénicas, con agua potable, dotadas de piso firme; proporcionar gratuitamente al trabajador, a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen medicamentos y material de curación; seguro de vida para sus traslados desde sus lugares de origen a los centros de trabajo y posteriormente a su retorno, además de todas las otras cuestiones más generales como un contrato laboral y cumplimiento de éste, seguridad social, entre otras”.
https://poplab.mx/article/JornalerosotomiesdenuncianaagroempresaenSanJoseIturbideporabusoslaborales