Siete años exigiendo justicia, verdad y memoria por los siete de Lagos de Moreno (Jalisco)
Foto: Zona Docs
La madrugada del 7 de julio de 2013 en Lagos de Moreno, Jalisco, seis jóvenes y un adulto fueron desaparecidos. Cuatro de los seis muchachos (Ángel de Jesús de 19 años, Daniel de 22, Eduardo de 21 y Gerardo de 18) caminaban juntos por una de las avenidas principales de la ciudad rumbo a la casa de Daniel tras celebrar el cumpleaños de Eduardo, cuando, un grupo de sujetos armados a bordo de una camioneta con “torreta” les interceptó para llevárselos contra su voluntad. A los otros dos jóvenes, Cristian de 18 años y a Marco de 19, se los llevaron a cada uno de puntos diferentes; mientras que a Rodrigo el adulto–, lo extrajeron de manera violenta de su propia casa.
A siete años de estos acontecimientos, y frente a la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, que ha limitado la posibilidad de salir a las calles a manifestar la demanda inclaudicable de justicia, verdad y memoria, compartimos el siguiente artículo académico que emana del trabajo de investigación: Memoria que resiste: la lucha de los familiares de las víctimas de la violencia del 7 de julio de 2013 en Lagos de Moreno, Jalisco (2013–2017), a cargo de Dalia Souza, Maestra en Gestión y Desarrollo Social por la Universidad de Guadalajara.
Reúne fragmentos de los siguientes apartados: “Construir memoria acerca de lo inolvidable”, subtítulo “¿Por qué los hechos del 7 de julio de 2013 en Lagos de Moreno, Jalisco?”; “La construcción y usos de la memoria de las víctimas de la violencia en la búsqueda de justicia”, subtítulo “Una propuesta: resistir”; y “El comienzo de la lucha por la memoria y la justicia”.
Dalia Souza / Zona Docs
A la desaparición de las víctimas, continuaron en un primer momento, las acciones individuales de los familiares para localizar a sus hijos y hermanos (rastreo del último sitio en el que se les vio, así como lugares y personas frecuentadas). Posterior a ello y tras no obtener información sobre el paradero de sus seres queridos, siguieron las denuncias por desaparición frente a las instituciones competentes –municipales y estatales–.
Dichas movilizaciones posibilitaron que las familias de cuatro de las siete víctimas (Daniel, Eduardo, Gerardo y Ángel de Jesús) se identificaran entre sí como afectados del mismo agravio y continuaran la búsqueda de sus seres queridos unidos. De acuerdo con la experiencia de los familiares, esto fue así por el vínculo afectivo que sus hijos tenían entre sí como amigos y porque los cuatro jóvenes fueron víctimas de los mismos hechos, además, porque existía/existe una noción sobre la legitimidad de sus hijos como víctimas inocentes.
De esta manera, la búsqueda que en el inicio fue individual, comenzó a tomar carácter colectivo y grupal. No sólo en términos cuantitativos, puesto que, en el desarrollo del proceso de denuncia –oficial y pública– se incorporaron las familias de Cristian, Marco y Rodrigo, sino también, en lo cualitativo; los vínculos afectivos, empáticos y de solidaridad tras reconocerse uno a uno como lacerados del mismo delito –la desaparición–, como dolientes de la misma tragedia y como víctimas de la misma injusticia, propició la unión entre sí para desarrollar en conjunto acciones para exigir el regreso de sus hijos y hermanos.
Las labores de búsqueda alterna que iniciaron las familias consistieron en la colocación de carteles con el rostro de los seis jóvenes y el adulto –a pesar de la negativa de las autoridades, la difusión en medios de comunicación, e incluso, la localización de testigos y lugares.
En tanto, las acciones de visibilización, denuncia y protesta consistieron en actos de convocatoria pública para exigir el pronto regreso de los jóvenes y también, para demandar a la autoridad los derechos que, como familias, mantenían sobre el proceso judicial que se llevaba a cabo.
El 14 de agosto de 2013, luego de un mes de espera, agentes del Ministerio Público convocaron a las familias a una reunión en la ciudad de Guadalajara, ahí junto con empleados del servicio médico forense les notificaron que sus hijos y hermanos habían sido localizados sin vida y que, sus restos se encontraban en condiciones difícilmente identificables.
De acuerdo con la versión dada por la autoridad –contenida en el expediente y consignada en los medios de comunicación–, se localizaron fragmentos de restos óseos en las inmediaciones de una finca apodada “La ley del monte”, ubicada en una brecha que lleva hacia la comunidad de La Sauceda y la delegación de Comanja de Corona, ambas en el municipio de Lagos de Moreno. Estos restos humanos, de acuerdo con los análisis genéticos realizados, pertenecían a cuatro de las siete víctimas: Daniel, Gerardo, Rodrigo y Marco. Confirmarían más tarde la identificación de Eduardo y Ángel de Jesús. En ese momento y hasta la actualidad, no se han encontrado en dicho lugar indicios o muestras biológicas que pertenezcan a Cristian, la autoridad asegura que el joven fue acaecido bajo los mismos hechos.
Los jóvenes habrían sido sometidos tras su desaparición a vejaciones físicas y tortura, y tras su asesinato, sus cuerpos fueron disueltos en sustancias químicas para tratar de desaparecerles por completo. Esta información se encuentra contenida dentro del expediente de investigación 225/2013-P, a la vez que se da cuenta de ello en algunas notas periodísticas de medios de comunicación locales, estatales y nacionales, debido a las declaraciones que en aquel momento el ex titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Luis Carlos Nájera, dio a conocer públicamente:
Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), mencionó que los restos humanos encontrados por un camino que conduce a un punto conocido como Comanja de Corona, después del relleno sanitario o en las inmediaciones de una finca denominada La Ley del Monte, pudieran ser las víctimas disueltas en ácidos (El Informador, 05/08/2013).
No obstante, que la autoridad ofreció documentos periciales donde, a través de pruebas genéticas de confronta realizadas entre los restos encontrados y los perfiles de ADN tomados a las familias, se corroboraba presuntamente el parentesco entre ambas partes; dos de las siete familias decidieron realizar pruebas genéticas independientes para comprobar la versión ofrecida. Las otras cuatro familias hasta el momento mantienen la incertidumbre sobre si los restos que les fueron entregados pertenecen realmente a sus hijos y hermanos. En el caso de la familia de Cristian, evidentemente la incertidumbre está anclada a la ausencia de restos o un cuerpo.
Siguiendo con la narración de los hechos, dos días más tarde, el 16 de agosto de 2013, los restos identificados fueron entregados a cuatro de las siete familias en cajas de madera con el logotipo del Gobierno del Estado de Jalisco en medio de una misa organizada por la Fiscalía General del Estado.
El acto de convocatoria pública que se realizó sin el consentimiento de los familiares, así como la suma de irregularidades en la entrega de los restos, resultó indignante y estremecedor. En consecuencia, emitieron un comunicado en el que manifestaron que sus derechos les habían sido violentados y que, por ello, exigían lo siguiente:
- Pleno acceso al expediente que previamente habían solicitado el día 9 de agosto de 2013;
- Respeto al derecho a un peritaje independiente para la determinación de los perfiles genéticos y los restos encontrados;
- Diligencia en las investigaciones y el fortalecimiento de las declaraciones testimoniales y confesionales con otros medios de prueba;
- Garantía de seguridad e integridad física para cada una de las familias
- Y estricto apego a la Ley General de Víctimas y a los Derechos Humanos.
Esta celebración funeraria maquilada a expensas de las familias, la entrega de pequeños fragmentos óseos y no de un cuerpo, el sentimiento de injusticia atribuido a la forma abrupta en la que perdieron a sus hijos y hermanos, la brutalidad y naturaleza del crimen perpetrado, la inocencia de las víctimas frente a la criminalización oficial y social de las mismas, la ausencia física del ser querido y la impunidad en torno al caso judicial; marcaron para las familias el inicio de un conjunto de acciones ya no sólo enmarcadas en el esclarecimiento de los hechos y la localización de sus hijos y hermanos.
Y es que, desde ese momento y hasta ahora, estas acciones se suscriben en la búsqueda de justicia jurídica, en la construcción de una justicia del tipo simbólica; es decir, aquella que es detonada de forma paralela a la justicia del Estado a través de las acciones de los familiares, así como, en la construcción de memoria para a sus seres queridos.
Ya que, si bien, como sujetos lacerados –también– por este delito, podría pensárseles como entes pasivos, inactivos y/u ofrendados a la conmiseración social, la experiencia empírica ha demostrado que ellas y ellos –las familias, las madres, los padres, los hermanos– son capaces en colectivo y en solitario de reaccionar y generar acciones de forma proactiva para hacer frente a las situaciones que les han impactado consecutivamente y a través del tiempo. Porque no nos referimos a personas cuyo sufrimiento se encuentra anclado solamente a un acontecimiento violento, sino a la continuación de múltiples violencias y violaciones antes y después de éste.
UNA PROPUESTA: RESISTIR
Son las personas, los sujetos como agentes y actores sociales, en este caso familiares de las víctimas de la violencia, quienes han emprendido acciones alrededor de los efectos que, de manera individual y colectiva han experimentado producto de los escenarios de crisis que les rodea en lo local, pero que, tienen origen en la suma de contextos críticos a escala.
Estas acciones se suscriben como alternativas a las lógicas preestablecidas del saber y el hacer, principalmente con el objetivo de alcanzar una sociedad y/o escenarios de vida más justos. Al mismo tiempo, éstas no se presentan como únicas y/o exclusivas soluciones en el marco de la realidad que enfrentan, sino que se suman, nutren y/o constituyen por otras experiencias y conocimientos.
En la búsqueda de una sociedad más justa, estas alternativas logran constituirse ya sea sobre los marcos de derecho existentes o como formas del hacer y el conocer contrarias o radicales a las lógicas establecidas. Pues, como precisa Butler (2018) “cuando la ley es un régimen violento, hay que oponerse a la ley para paradójicamente oponerse a la violencia” (p.23).
Al mismo tiempo, el origen de éstas radica en la experiencia de vida que fracturó los campos de sentido y acción de los sujetos y de la cual, han emanado una suma de alternativas que, consideramos pueden ser reconocidas como resistencias; resistencias en este caso que se suscriben por la justicia y la memoria; e incluso, para “resistir a las formas de poder económico y del Estado” (Ídem).
Por supuesto que no es una resistencia fortuita, es producto de la suma de precariedades y, particularmente, de la vulnerabilidad acumulada que experimentan los sujetos. Butler, afirma con ello que, “los modos de resistencia afloran en oposición a una infraestructura que falla”; por lo tanto, si ésta –a la cual se era/es dependiente– deja de proveer condiciones mínimas de apoyo, si ya no está ahí para nosotros, entonces, eso significa que nos hemos quedado sin refugio, que somos vulnerables. Aunque, hay que advertir que lo anterior no significa que antes de ésta no lo fuésemos ya por otros factores, simplemente se hace “inaceptable”.
Entonces, la vulnerabilidad emerge antes a la resistencia y, por ende, conduce a esta última: “somos, en primer lugar, vulnerables y entonces superamos esa vulnerabilidad, al menos provisionalmente, a través de actos de resistencia” (p.25). Pensar lo contrario, es decir, entender a la resistencia sólo como una forma para vencer la vulnerabilidad, precisa Vargas (2018), sería un ideal paternalista, un ideal neoliberal que se concentra en el individualismo.
Al recurrir a esta explicación entre vulnerabilidad y resistencia desde la perspectiva de Butler, se reconoce que las formas de resistencia no requieren o significan la superación de los escenarios de vulnerabilidad, sino que, es ésta, en realidad, la que se convierte en una “fuerza movilizadora”.
Decir lo anterior implica asumir un reconocimiento sobre los alcances que presenta tanto el actuar, como las formas de hacer de los sujetos. No demerita su condición como alternativas al desarrollo y tampoco sus posibles implicaciones y efectos sobre los contextos locales y/o a escala que les rodean, sino que, establece límites ideológicos sobre los procesos que se investigan. Y es que, cuando Butler afirma que la vulnerabilidad es una “fuerza movilizadora” reconoce su potencial efectivo en las movilizaciones políticas, como demanda de un “terreno habitable”; aunque coincide con Arendt en que, como terreno habitable y de pugna, la calle no es o resulta el único espacio de aparición política, pues, el espacio de aparición llega a existir en el momento de la acción política.
Sin embargo, el espacio de aparición no es plenamente separable de cuestiones relativas a la infraestructura y la arquitectura, es decir, a un espacio o condición material que penetre en el acto que lo hace posible. Con ello, el término “movilización” depende de forma intrínseca de un “sentido operativo de movilidad” que actúa como derecho en sí mismo y que condiciona al cuerpo –el cuerpo del sujeto–, “sostenido y agente (en plena acción), que opera implícita o explícitamente en números movimientos políticos” (p. 30).
El cuerpo ejerce su derecho a la movilidad, y opera bajo ciertos tipos de demandas y movilizaciones políticas. En ese sentido, cuando se trata de personas que se han reconocido a sí mismas en situaciones precarias –de vulnerabilidad o ante condiciones infraestructurales– la demanda de acabar con la precariedad es “escenificada públicamente” por ellos, quienes exponen su vulnerabilidad.
En estos casos, hay una “resistencia corporal plural performativa operando” que demuestra “cómo las políticas sociales y económicas están diezmando las condiciones de subsistencia, hacen reaccionar a los cuerpos” (pp. 30-31). De esta forma, “el sujeto de derecho corporalmente individual no puede llegar a capturar el sentido de vulnerabilidad, exposición o incluso dependencia”, requiere el reconocimiento y aceptación de que éste depende de otros cuerpos y de redes de apoyo. Esto no significa sólo que el cuerpo o sujeto éste ligado a una red de relaciones, sino que, “en virtud de esos mismos límites, se define por las relaciones que hacen su vida y su acción posibles” (pp. 31–32).
Decimos entonces que el origen de las acciones que ejercen los familiares de las víctimas radica en la experiencia de violencia, injusticia y olvido que atravesaron/atraviesan tras la desaparición y asesinato de sus seres queridos, ello como condición precaria o que les vulnera.
Estos familiares como cuerpos que no se deslindan de su derecho a la movilidad, así como a su dependencia con otros, generan resistencias. Éstas se suscriben como resistencias por la justicia y la memoria. Y es que, Viñar (2007) nos recuerda que la memoria es un proceso incoercible para la especie humana; por lo tanto, cuando en la historia evocar y recordar son prohibidos y trasformados en su lugar en un acto delictivo esto les “convierte automáticamente en un acto sagrado de resistencia y dignidad” (p.29).
Las acciones que emprenden los familiares se suscriben como resistencias visibles y reconocibles en medio de un espacio de aparición que advertimos, no sólo es representado por la calle como espacio público-político, ya que, como anunciábamos antes en función de los argumentos que Butler expone a partir de Arendt, el espacio de aparición existe en el momento de la acción política. Así, las acciones que hemos nombrado memoriales y por la justicia, aparecen como acciones políticas tanto dentro de los espacios de manifestación pública, como en los contornos más privados de la organización colectiva y familiar.
ESPACIO DE RESISTENCIA
La memoria que las familias de las víctimas de la violencia han construido, es en sí misma un espacio de resistencia, pues ha significado un esfuerzo de oposición constante, entre su memoria y la memoria oficial, entre su verdad y la verdad oficial, entre el olvido social y el recuerdo que ellos mantienen intacto sobre sus hijos y hermanos.
De la misma forma, creemos que se trata de un espacio de resistencia, debido a las acciones que las familias emprendieron sin claudicar, para obtener una disculpa pública de parte de la autoridad que fuera capaz de redignificar la imagen y el recuerdo de las víctimas.
“Había aceptado el presidente municipal de aquel entonces, que iba a dar la disculpa en la Gaceta Municipal, una revista que nadie lee, que nadie conoce, de hecho, me trajeron vuelta y vuelta, yo creo que tres meses o cuatro meses, y como que haber si me aburría o dejaba de ir, pero nada y yo que voy, y voy, y voy. Y cuando me la dan, tenía fecha de haber salido como de tres meses atrás. Entonces nos enojamos más y todo se hizo más fuerte, entonces cuando la CEAV cerró la demanda, obligan a Hugo a hacer la disculpa pública y ya nos la da, también por escrito”.
Además, se considera que la disculpa pública obtenida por los familiares es un logro para esta memoria que se construye sobre el recuerdo social de las víctimas de 7 de julio de 2013, para la verdad alrededor de su identidad y del hecho que les ocasionó la muerte; e incluso, se enmarca, de acuerdo con la percepción de las familias, como un hecho trascendental dentro de la historia:
“Pero eso de haber logrado la disculpa también nos ayudó muchísimo, de hecho, yo nunca he sabido de un caso donde un presidente municipal se disculpé, y de hecho no estoy seguro, si fue el primero en Jalisco: es el primero”.
Por último, podemos decir que las gestiones realizadas por los familiares en torno a la disculpa pública del expresidente municipal, Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, tras criminalizar a sus seres queridos, evidencian además del conflicto constante por desplazar a la verdad y el discurso oficial, los esfuerzos e impactos que se han tenido sobre el olvido y el recuerdo social del hecho.
LUEGO DE LA DESAPARICIÓN
Los familiares, como sus narraciones lo señalan, realizaron no sólo la denuncia oficial sobre el caso, sino que, colocaron sobre el escenario público, la pugna que ejercían por el regreso de los desaparecidos: carteles de búsqueda, al menos tres marchas y manifestaciones para requerir la solidaridad de la sociedad en la búsqueda de sus seres queridos y la puesta del caso dentro del espacio mediático para atraer la atención y acción de las autoridades locales.
Tassin (2017) explica, que la acción política de la manifestación, en el caso de las personas desaparecidas y/o los desaparecidos, implica “aparición”. Aparición de los actores y la revelación de toda una vida colectiva: “una existencia que aparece frente a todos y crea con sus acciones el espacio de ese aparecer que las instituciones y las autoridades legítimas tienen el deber de garantizar, y los ciudadanos de actualizar” (p.103).
Porque advierte, “lo más intolerable de la desaparición es la desaparición incluso de la muerte misma” si se sustrae a un ser de la existencia visible y reconocida, del mundo y de la comunidad de actores, se hace desaparecer una historia (pp.102-103) y, por tanto, no podría haber memoria de los desaparecidos.
TRAS LA LOCALIZACIÓN SIN VIDA Y LA ENTREGA DE LOS RESTOS
Posterior al anuncio de la localización sin vida de las víctimas y la entrega de sus restos, el ejercicio de memorialización estuvo íntimamente vinculado a la develación de la verdad sobre la identidad de las víctimas y su inocencia, así como y, por ende, sobre los hechos y los responsables; esto, como se señaló, debido a la criminalización pública que el presidente municipal ejerció en contra de los seis jóvenes y el adulto.
En efecto, afirma Ortega (2008) que cuando se nombra el asesinato o la desaparición –en este caso ambos crímenes– “el nominador se adueña de las palabras y se dota de una nueva identidad” (p.42). De esta manera se restituye a los ausentes en el sentido de su ausencia – aunque sólo sea una parte mínima-. En el caso de las luchas políticas de la memoria, afirma Ortega citando a Jelin, “éstas emergen como respuestas a la crisis de la verdad”.
Con una marcha y un acto religioso de convocatoria pública cada 7 de julio, muy parecidos a aquellos que realizaban los familiares durante el primer mes de la desaparición de las víctimas; acompañados de lonas con los rostros de los seres queridos y mensajes que aluden a la exigencia de justicia, verdad y no olvido, así como al recuento de los años transcurridos, la conmemoración del aniversario luctuoso de las víctimas se convirtió en un ritual memorial anual insustituible.
Cada 7 de julio desde el año 2014, los familiares y amigos convocan públicamente a participar de la marcha y la misa que realizan en nombre de las víctimas de aquel día. Esta acción memorial implica, realizar un recorrido a pie que parte del lugar conocido como “El jardín de Lomas” hasta llegar a alguna de las dos principales iglesias de la ciudad. Ahí con globos, camisas, botones y fotografías con las imágenes de las víctimas, se lleva a cabo el acto memorial y de conmemoración.
Habrá que precisar que, durante los años 2015, 2016 y 2017 de manera consecutiva la invitación se amplió hacia familiares de las víctimas de desaparición en el municipio. En cada marcha las familias de los que han aparecido y los que aún no lo han hecho, caminaron juntas, y mientras recordaban a los suyos, exigieron el regreso de los que aún no han vuelto a casa.
A decir del señor Armando, padre de Daniel, la conmemoración del 7 de julio se ha convertido en un tipo de “tradición” dentro del imaginario social y de la memoria colectiva:
“Nosotros sentimos que se está volviendo una tradición. De hecho, la gente nos pregunta, cuando empieza a acercarse el día siete de julio la gente nos empieza a abordar “va a haber marcha, de dónde va a salir, en dónde va a ser la misa” entonces pues se está fortaleciendo eso, se está haciendo como una tradición ya. Y yo siento que es una manera de no dejar morir el caso”.
Sobre los sobrevivientes en la conmemoración pública, advierte Blair (2002), “las luchas por los sentidos del pasado se actualizan en los rituales y conmemoraciones”. Con el paso de los años, las fechas que evocan eventos importantes, marcados por la magnitud del hecho en sí mismo, dada su notoriedad paradigmática como refiere Pita (2010), en el caso de los familiares de las víctimas de la violencia y la forma en que las muertes de los suyos son denunciadas; quedan ancladas en el imaginario social haciendo posible el no olvido y la memoria social/colectiva.
La relevancia del acto de rememorar y relatar a otros, sugiere Jimeno (2008) posibilita que “la persona encuentre caminos para construir el sentido subjetivo de la vida”. De allí la importancia, sugiere la autora, sobre la reconstrucción de la memoria de hechos dolorosos personales o colectivos y lo polémico que este proceso puede resultar (p. 268).
Con ello, Blair advierte sobre los desafíos que enfrentan las sociedades que han atravesado por experiencias traumáticas, entre estos están: el tema de la memoria y/o el olvido. De acuerdo con la autora, éstos “arrastran consigo, asuntos como la verdad, la justicia, el perdón y la reconciliación” (p.14).
La autora se cuestiona “¿cómo buscar la reconciliación sin verdad y sin justicia?, ¿de qué lado está la verdad en una sociedad fracturada por la guerra?” mientras precisa que, la necesidad social de evocar para sanar en el caso de las víctimas –como terreno moral–, así como el de las sociedades de recordar o, en su defecto, de olvidar para reconciliarse “se suman a la necesidad de comprender cómo estas experiencias traumáticas comprometen no sólo el pasado, al quedar “atrapadas” en la memoria de las sociedades, sino también su futuro, en tanto ellas son la “materia prima” (Ídem).
Después de cuatro años de ardua lucha por la memoria y la justicia, las familias de las víctimas de la violencia del 7 de julio de 2013 en Lagos de Moreno, Jalisco, han conseguido erguir un mural memorial en el lugar donde sus hijos y hermanos estuvieron con vida por última vez.
Dicha acción trascendió el mero acto artístico y detonó en las familias, como precisa Ovalle y Díaz (2016), “nuevos procesos de reflexión, denuncia, construcción de conocimientos y transformaciones subjetivas” (p. 45), en torno al recuerdo, la pugna por la verdad, la búsqueda de justicia y el no olvido de sus seres queridos.
El mural está compuesto por los rostros de cinco de las siete víctimas; por orden de aparición –izquierda–derecha– podemos observar a Daniel Armando, Ángel de Jesús, José Gerardo, Eduardo Isaías y Rodrigo y en medio de ellos una placa con los nombres de las siete víctimas y, junto a ellos los de 33 personas que aún se encuentran desaparecidas en Lagos de Moreno.
La placa lleva consigo la siguiente leyenda: “En memoria de todos nuestros seres queridos víctimas de la violencia y desaparición “Hasta que la dignidad se haga costumbre y la justicia prevalezca”. El proceso de creación y rescate del espacio implicó también renombrar el lugar; por lo tanto, los familiares decidieron que aquel sitio que antes se llamó y fue conocido por todos como la “Ley del monte”, hoy sería reconocido como la “Ley de la verdad”, esto porque debe recordarse siempre lo que ahí ocurrió, ya que, al hacerlo, estos hechos no sólo no serán olvidados, sino que, además, no volverán a repetirse.