Un controversial fallo pone en jaque la independencia judicial frente al Tren Maya
Eliana Gilet. / Foto Neil Rickards / Sputnik Mundo
Mientras López Obrador anunció una gira por el sur del país para dar un empujón a dos de los megaproyectos centrales para su sexenio, en un juzgado de Chiapas está abierta la posibilidad para decretar la suspensión definitiva de la construcción de uno de los tramos del Tren Maya, gracias a un amparo presentado por tres comunidades indígenas.
La gira del mandatario mexicano está proyectada para recorrer seis ciudades del sureste de la República durante la primera semana de junio, al día siguiente del fin de la Jornada nacional de Sana Distancia que inició el 23 de marzo de 2020 como medida preventiva para contener los contagios de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus.
Según refirió a Sputnik Jorge Fernández, abogado de las comunidades Ch’ol chiapanecas que buscaron respaldo en la justicia para detener las obras del tramo Palenque – Escárcega del Tren, argumentó que existe un riesgo de que la continuidad de esa actividad no esencial traslade la COVID-19 a pueblos vulnerables con escaso acceso a la atención en salud necesaria en casos de contagios masivos.
Sin embargo, el Tribunal Colegiado en materia administrativa de Chiapas entendió que “el riesgo (de contagio) para las comunidades Maya Ch’ol constituye un acto futuro de realización incierta”. Es decir: hasta que no se contagien los pueblos, no hay motivo suficiente para suspender el avance del Tren.
“Estas afirmaciones que hizo el Colegido nos llevan a deducir y pensar que evidentemente hay una línea política y no jurídica, de los órganos de justicia para definir los recursos de amparos que van a seguirse presentando ante la falta de diálogo del Gobierno Federal con las comunidades que tienen reparos sobre la construcción del Tren Maya”, analizó Fernández.
Un fallo controversial (y ejemplarizante)
El 7 de mayo de 2020, distintas personas del pueblo Maya Ch’ol, originarios de los municipios chiapanecos de Palenque, Ocosingo y Salto del Agua, presentaron una demanda de amparo en contra de actos de autoridad del presidente de la República, del secretario de Salud federal y del director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) por los decretos emitidos los días 6 de abril y 23 de abril que permitieron la continuación del Tren Maya y los otros tres megaproyectos esenciales a pesar de la contingencia por la pandemia, como parte de los proyectos centrales del actual sexenio.
Ese amparo fue resuelto a favor de las comunidades por la jueza Lucía Anaya Ruíz Esparza, a cargo del Juzgado segundo de distrito de amparos y juicios penales federales del estado de Chiapas, quien recogió como válidos los dos argumentos centrales de los demandantes: que la continuación del proyecto del Tren en medio de la pandemia violaba el derecho a la salud de las comunidades, ante el riesgo de contraer la enfermedad producto del numeroso grupo de personas que deben trasladarse y circular por sus pueblos para trabajar, lo que conlleva un lógico aumento de la movilidad pública.
El segundo argumento que presentaron los Mayas Ch’ol ante la Justicia fue que, al mantener los trabajos de construcción del Tren en épocas de pandemia, se les impedía participar en las manifestaciones en contra del impacto social y ambiental que requiere todo megaproyecto, protestas a la que tienen derecho como comunidades afectadas por el mismo.
Aunque la jueza entendió que el avance del Tren potenciaría el riesgo “de manera indudable” para los Maya Ch’ol de contraer COVID-19 al evadir las reglas dadas por las autoridades sanitarias, también comprendió que su avance en este contexto produce en una “alteración” del medio ambiente que ocasionaría un “daño irreparable” a la comunidad mencionada.
Esta suspensión provisional fue recurrida por las autoridades del Gobierno federal y la decisión recayó en el siguiente nivel de justicia: el mencionado Tribunal Colegiado en materia administrativa de Chiapas.
“Los magistrados del Colegiado revirtieron la suspensión provisional que había dado la jueza con el absurdo e increíble argumento de que la población tendría que estar contagiada para otorgar la suspensión de labores, algo que vuelve carentes de sentido a las medidas sanitarias preventivas dictadas por el mismo Gobierno federal”, indicó el abogado Fernández, integrante del Equipo Indignación, una organización civil de litigio en la península maya.
A su vez, refirió que, en su fallo, el Tribunal Colegiado hizo suyos los argumentos de Fonatur, que sostuvieron en su recurso que las empresas responsables de la construcción del Tren “han observado las medidas de prevención para sus trabajadores, consistentes en lavarse las manos con agua y jabón, cubrirse con un pañuelo y no escupir”, relató el abogado.
“Esto muestra el doble rasero de criterio porque el Consejo de la Judicatura (que rige la actividad judicial) acaba de extender hasta el 15 de junio el plazo para que los magistrados trabajen desde sus casas como medida de protección ante el COVID-19, pero permite la actividad en las comunidades”, sostuvo Fernández.
Aunque la suspensión provisional haya caído por tierra con este fallo del Colegiado, este 29 de mayo está fijada una nueva audiencia de la jueza Anaya Ruíz Esparza, quien tiene aún la posibilidad de emitir una suspensión definitiva de la construcción del tramo Palenque- Escárcega durante el tiempo que lleve el trámite del juicio de amparo iniciado por las comunidades.
“Esperamos que la jueza se mantenga firme en sus argumentos iniciales, pero hay que reconocer que este fallo del Tribunal Colegiado que levantó la suspensión provisional, la obliga un poco a levantar también la suspensión definitiva. Sin embargo, nosotros esperamos que la jueza pueda actuar con independencia y mantener su determinación de que existe un riesgo a la salud, la vida y el ambiente para las comunidades”, explicó el abogado en diálogo con Sputnik.
Los conflictos de fondo
En un análisis más fino de lo que significan los argumentos vertidos por el Tribunal Colegiado para echar por tierra la suspensión provisional de construcción del tramo Palenque- Escárcega del Tren Maya, puede advertirse una pérdida de independencia del poder judicial en favor de los dictámenes del Ejecutivo, según analizó el abogado de los pueblos, cuando su tarea debería ser la de actuar como un escudo ante los actos de autoridad cometidos por este y que dañan a los ciudadanos.
“Parece que los magistrados compraron el discurso del Gobierno Federal respecto del Tren Maya y la promesa de su futura capacidad para detonar el desarrollo de la región. Sin embargo, esto se sostiene sin ningún tipo de estudio que acredite cómo esto se va a generar el desarrollo y, además, si fuera cierto ¿a qué costo?”, se preguntó Fernández.
El abogado argumentó que esta definición del Colegiado se sostuvo en un “discurso político sin sustento jurídico” porque, hasta el momento, no se tienen más que declaraciones públicas sobre el Tren Maya y no información de fondo sobre el proyecto.
“Solo se tiene una parte mínima de la información del proyecto que ha sido divulgada por el Gobierno Federal, pero se desconoce la parte técnica, económica y ambiental del mismo. No la conocen las comunidades ni la conoce la sociedad”, argumentó. Así, sostuvo el abogado, los magistrados evidenciaron en su fallo que están haciendo un “acto de fe” en el discurso presidencial, sin basarse en información disponible para público conocimiento.
Además, señaló: “es un argumento político, no jurídico, que además prioriza un supuesto desarrollo a futuro frente a un hecho verídico y comprobable que es el riesgo de contagio que hay en estos momentos por la pandemia de COVID-19 en el país”, señaló.
Hay otros aspectos que se desdoblan del análisis de este controversial fallo judicial que torció la balanza en pos de una reactivación económica rápida, en perjuicio de la protección de la salud y la vida de poblaciones alejadas y empobrecidas por años de rezago y marginación.
“Los magistrados hablan desde sus casas mientras deciden poner en riesgo a los más vulnerables, y definen su posición a favor de la presión ejercida por las empresas y por la obstinación de llevar a cabo el Tren Maya como uno de los proyectos centrales del sexenio a toda costa y cueste lo que cueste”, analizó Fernández.
Es, al fin y al cabo, una toma de posición en la contraposición entre dos modelos en pugna que ha evidenciado este megaproyecto estrella del Gobierno Federal: por un lado, el interés empresarial que impulsa la inversión de grandes capitales para “el desarrollo” de la península de Yucatán y por otro, “la omisión de preguntar a las comunidades cuál es su proyecto de desarrollo, más allá del Tren Maya. Esa es una de las preocupaciones que se manifestó con el amparo que presentamos y con otros que seguramente van a venir en los próximos días”, concluyó.