Abogan 28 ombudsperson por migrantes y urgen “alternativas a la detención”
Gloria Leticia Díaz/ PROCESO
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la vulnerabilidad de las personas migrantes concentradas en estaciones migratorias frente a la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, 28 ombudsperson que forman parte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) exigieron al gobierno federal buscar “alternativas a la detención” en estos centros, para evitar mayores riesgos hacia esta población.
Los 28 organismos firmantes consideran que los disturbios ocurridos en la Estación Migratoria de Tenosique, Tabasco, el pasado 31 de marzo, hechos en los que una persona perdió la vida y varias más resultaron heridas, alertan de los peligros que enfrentan los migrantes, enunciados desde semanas, “particularmente ahora, ante el contexto de emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia covid-19”.
Recuerdan que por esos hechos y otros disturbios ocurridos en otras instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), organismos internacionales han señalado que la detención de migrantes “debería ser la excepción y no la regla, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad como lo son mujeres, familias, niños, niñas, adolescentes, solicitantes de asilo, personas mayores, entre otros”.
Por ello, han recomendado al “Estado mexicano la implementación de alternativas a la detención, así como garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso, junto con las condiciones de higiene, salud, alimentación y esparcimiento para la población”.
El pronunciamiento, que no fue firmado por las comisiones de derechos humanos de Guanajuato Tlaxcala, Morelos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que formalmente están integradas en la FMOPDH, pide acatar las recomendaciones emitidas por el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura.
“Para proteger a las personas privadas de la libertad durante la pandemia covid-19, en las que se destaca considerar la reducción de la detención de migrantes; evitar la detención de niñas, niños y adolescentes y con ello proteger la integridad física y mental de las personas en contextos de movilidad humana”.
Los organismos públicos de derechos humanos enumeran cinco acciones primordiales, como “reforzar las medidas de atención y prevención” de personas que se encuentran en las estaciones migratorias, particularmente las que están en mayor riesgo, establecidas por la Secretaría de Salud para la población en general; así como articular esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil, que atienden a la población migrante.
Consideran indispensable “promover alternativas a la detención para la población, priorizando a grupos en especial contexto de vulnerabilidad”, de manera particular a la niñez migrante, quienes “no deben estar en detención, de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Los organismos estatales de derechos humanos sugieren a las autoridades migratorias acelerar “los procesos de resolución de casos, priorizando la no detención e incluso regularizando a la población migrante” así como “fortalecer el trabajo interinstitucional con otras dependencias que permitan implementar medidas de atención y prevención que se tomen”.
El documento fue firmado por los ombudsopersons de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.