Colectivos en defensa del agua se amparan contra consulta de AMLO en Baja California
Proceso / Jesusa Cervantes.
El folleto que circuló este sábado en Mexicali a favor de Constellation Brands, previo a la consulta del próximo fin de semana. Fotos: Jesusa Cervantes
MEXICALI, B.C. (apro).- Por considerarla “ilegal y sesgada”, defensores del agua se ampararon contra la consulta pública a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno de la permanencia de la cervecera internacional Constellation Brands (CB).
Otro grupo hará lo mismo mañana, mientras que Alejandra León, senadora por Baja California, estudia la posibilidad de buscar la protección de las autoridades judiciales, en virtud de que la consulta, dijo, es inconstitucional.
El pasado miércoles 11, Rigoberto Campos –avecindado del ejido Islas Agrarias B– y Fernando Mercado Gutiérrez y Pablo López, agricultores del ejido Irapuato, interpusieron ante el juzgado Tercero de Distrito en Baja California un amparo contra la orden del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por llamar a una consulta nacional que determine si los mexicalenses desean que la transnacional CB se instale en el Valle de Mexicali y consuma el agua para uso agrícola en la elaboración de diversas marcas de cerveza que se venden en Estados Unidos.
Se espera que este mismo martes el Juzgado diga si admite a trámite la solicitud de amparo. De ser así tendría que otorgarse la suspensión provisional, lo que implicaría detener por el momento la consulta.
Demanda de amparo.
Por su parte, abogados constitucionalistas agrupados en el colectivo Mexicali Consciente se sumarán mañana a la demanda de otro amparo contra el gobierno federal, en un intento por detener la consulta convocada por López Obrador el pasado lunes 9 y planteada para realizarse el próximo fin de semana (21 y 22 de marzo).
Carlos Maya Quevedo, presidente del Congreso del Trabajo, quien también forma parte del colectivo Mexicali Consciente, informó que el “panegírico” en favor de la empresa cervecera Constellation Brands, que la Secretaría de Gobernación distribuyó el sábado pasado en esta ciudad, los llevó a tomar la determinación de ampararse, dado que aquel documento es “tendencioso”.
“El folleto fue elaborado por el gobierno, tiene el escudo nacional y las firmas de dos secretarías y la Conagua. Está totalmente a favor de la cervecera CB, es irregular y tendencioso, por esa razón es que decidimos decir no a la consulta, además de que es ilegal”.
Entre los abogados que mañana firmarán el amparo se encuentran: Daniel Solorio, Milton Castellanos, Pablo Leyva y Silvia Beltrán Goldsmith.
Y, por si fuera poco, a los dos amparos solicitados podría sumarse la senadora por la entidad, Alejandra León, quien en entrevista detalló que el pasado miércoles 11 entregó ante la Oficialía de Partes de la Presidencia de la República, como representante de los bajacalifornianos, una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le solicita “el fundamento legal, metodología, requisitos de participación, la pregunta que se someterá a consulta, órgano o entidad responsable de promover, desarrollar, contabilizar y calificar la consulta, y la fecha en que se darán a conocer los resultados”.
Ante la falta de respuesta, pero sobre todo por la distribución del folleto por parte de Gobernación, que fue desconocido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Mexicano en Tecnologías del Agua (IMTA), que depende de la Comisión Nacional del Agua, “empezamos a analizar la posibilidad de ampararnos”, sostuvo.
Y es que el documento –añadió– es sesgado y carece de sustento científico lo que ahí se señala, “al grado que el IMTA dijo que los datos no eran de él, y el secretario Víctor Toledo me dijo que estaba muy molesto, pues él no autorizó que apareciera el logotipo de Semarnat. Él me dijo que estaba muy molesto”.
La senadora detalló que la consulta a la que convocó el presidente de la República es inconstitucional, pues de acuerdo con la ley esa consulta la debe solicitar a través del Congreso, luego éste pedirla al Instituto Nacional Electoral y éste, a su vez, enviarle la demanda a la Corte.
Pero hay otro elemento: los derechos humanos no se someten a consulta, y éste es un derecho humano al agua. “Esta consulta violenta el procedimiento establecido en la Constitución. Esa no es la forma de consultar a la ciudadanía, y los bajacalifornianos estamos por el respeto al estado de derecho y a los derechos humanos. Y para eso tiene a su senadora que los defenderá”.
León destacó que, de la carta enviada al Ejecutivo federal, donde pide la metodología y demás datos sobre la consulta, no ha recibido respuesta.
Y reclamó la intromisión de la Secretaría de Gobernación en un asunto tan serio como la defensa del agua, pues inicialmente, recordó, la consulta la haría la Semarnat bajo estudios técnicos, “pero ahora se dice que será desde el superdelegado de Bienestar, Alejandro Ruiz Uribe”.
Más aún, recriminó que en el folleto distribuido por Gobernación se asegure que la empresa cervecera Constellation Brands cuenta con todos los permisos para operar.
“Eso es totalmente falso, les falta la autorización de ocho pozos federales y del uso de agua subterránea, por eso no ha empezado a operar. Ahora lo que tiene y con lo que está trabajando es con agua rodada, pero también se tiene que explicar por qué se modificó el permiso del uso de agua agrícola a industrial, a pesar de que la ley lo prohíbe”.
En suma, apuntó, la consulta carece de certeza y motivación legal.
Carta a AMLO.
Consulta temeraria e irracional: Coparmex
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también se manifestó contra la consulta pública convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A través de un comunicado estableció que con esa consulta el Ejecutivo federal “arriesga de forma temeraria una importante inversión”.
Añadió: “El gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador está lanzando de nueva cuenta una señal que deteriora la confianza a los inversionistas internacionales y domésticos, al ordenar una consulta ‘popular’ para decidir si la empresa Constellation Brands puede o no operar una planta cervecera en Mexicali, Baja California, la cual lleva un avance del 70% en su construcción, y en la que dicha empresa ha invertido más de mil 400 millones de dólares.
“Con su decisión, el titular del Poder Ejecutivo federal está poniendo en riesgo la inversión industrial más importante que se ha dado durante las últimas décadas en Baja California. La consulta que se pretende realizar a través de la Secretaría de Gobernación, más allá de su resultado, sentaría un grave precedente para la certidumbre en las futuras inversiones en México, mismas que se podrían posponer o incluso detener, debido a la falta de seguridad jurídica para llevarlas a cabo”.
Al igual que los colectivos que se oponen a la instalación de la cervecera, la Coparmex apeló al estricto apego a derecho, aunque puntualizó que, si algún permiso para operar se obtuvo de manera ilegal, la vía correcta es que eso se determine no a través de una consulta, sino de las facultades de las autoridades, “ejercidas con estricto apego a derecho”.
“Llevar al plano político si continúa o se cancela una inversión privada es un acto irracional en lo económico e inaceptable en lo jurídico. Ya pasamos por este escenario en noviembre de 2018, cuando todavía en su calidad de presidente electo, López Obrador canceló –validando su decisión por medio de una consulta– una obra en marcha, una inversión pública de gran magnitud como el aeropuerto de Texcoco.
“Eso sin duda alguna fue un despropósito y aún estamos sufriendo los daños que generó dicha decisión en la confianza en el país. La realización de esa consulta ‘popular’ minó la confianza de los inversionistas, y esta fue una de las causas del decrecimiento de la economía mexicana a lo largo 2019”.
Prosiguió: “Este es el peor momento para que México lance al mundo una señal de desconfianza. Ojalá que la cordura, la altura de miras y el bien por México sea lo que inspire de ahora en adelante las decisiones del gobierno Federal encabezado por López Obrador”.
La Coparmex remató que hará valer todos los medios legales “para evitar que en éste y otros casos se materialice la acción destructiva, fruto de la irracionalidad en el ejercicio del gobierno federal”.