Proyecto Integral Morelos: una vulneración de los derechos humanos con la participación de empresas españolas
Sergio García Solanas / Ara Info
Con una financiación de más de 1.600 millones de dólares, el Proyecto Integral Morelos (PIM) cuenta con la participación de Elecnor, Abengoa y Enagás, y consta de dos termoeléctricas de ciclo combinado de 620 megavatios (MW) cada una; un gasoducto de 150 kilómetros que transportará más de 9.000 millones de litros de gas al día; un acueducto de 12 kilómetros para transportar 50 millones de litros de agua diaria (580 litros por segundo) a las termoeléctricas; y una línea eléctrica de 20 kilómetros.
Quizá el nombre de Morelos no les suene en absoluto, o quizá sí. Puede ser que la lejanía de este estado mexicano le haga pasar desapercibido. No obstante, una breve descripción de este lugar ayudará a contextualizar el texto que viene a continuación. Situado en las faldas del volcán Popocatépetl, Morelos es conocido como el estado de la ‘Eterna Primavera’ por su agradable clima y por atesorar vestigios de gran riqueza pertenecientes a la historia de México. Mariano Matamoros, Francisco Ayala y José María Morelos fueron figuras importantes durante la guerra de Independencia en el sometimiento a las tropas virreinales. Este es el motivo por el cual dicho enclave recibió el nombre de Morelos, en homenaje a uno de los más activos luchadores en estas batallas.
Ya en pleno siglo XXI, el nombre de Morelos se ha visto ligado a cuestiones no tan evocadoras. La construcción de un macrocomplejo energético en este Estado mexicano ha puesto de manifiesto, una vez más, que los intereses de las grandes empresas se encuentran siempre por encima de todo. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga. En este caso a costa de la violación de los derechos humanos y la destrucción de un paraje con gran valor natural.
Un macro proyecto energético que cuenta con varias empresas españolas beneficiadas: Elecnor, Abengoa y Enagás y que ha sido financiado en parte por un fondo público, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). Con una financiación de más de 1.600 millones de dólares, el Proyecto Integral Morelos (PIM) consta de dos termoeléctricas de ciclo combinado de 620 megavatios (MW) cada una, situadas en la comunidad de Huexca; un gasoducto de 150 kilómetros y 30 pulgadas de diámetro que transportará más de 9.000 millones de litros de gas al día y que atraviesa 60 poblaciones en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala; un acueducto de 12 kilómetros para transportar 50 millones de litros de agua diaria (580 litros por segundo) a las termoeléctricas; y una línea eléctrica de 20 kilómetros.
Todas estas infraestructuras tienen algo en común: su construcción afecta de lleno a las comunidades indígenas que habitan en estos territorios. Un hecho que les está causando terribles afecciones y que en febrero de 2019 llegó a costarle la vida a un activista mexicano que se oponía al proyecto, Samir Flores.
Un macroproyecto energético con grandes consecuencias medioambientales
Para denunciar esta situación, Samantha César, Teresa Castellanos y Juan Carlos Flores –tres activistas mexicanos- llegaron el pasado 9 de marzo a Zaragoza dentro de “una gira de incidencia política” y tuvieron la amabilidad de conceder una entrevista a este medio. En ella, y tras explicar brevemente en qué consiste este macroproyecto energético, pusieron encima de la mesa los problemas que acarrea la construcción del mismo.
“Es una infraestructura que evidentemente va a molestar mucho a la vida cotidiana de la comunidad. Este gasoducto atraviesa tres estados, más de 60 comunidades y tiene la particularidad de que está instalado en las faldas del volcán Popocatépetl, una zona de peligro volcánico donde hay peligro de desprendimientos y avalanchas de tierra”, detallaba Juan Carlos, quien recordaba el terremoto de magnitud 7’1 que en 2017 dejó 331 víctimas en diferentes estados mexicanos: 192 en Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca.
“Ese epicentro se encuentra muy cerca del gasoducto y hay varias fracturas sísmicas que lo atraviesan. Todo esto se omitió por parte de las empresas, principalmente el mapa de riesgos del volcán y no se atendió a las recomendaciones del Centro Nacional para la Prevención de desastres que decía que había que mover el trazado porque era muy arriesgado”, matiza.
Juan Carlos asegura que “todo esto obedece a Estados Unidos y al mercado de gas natural que ellos quieren sacar por el norte del país. En los últimos años hay una red de gasoductos que se están impulsando en todo el país y así le darán salida al mercado de gas natural de Estado Unidos”. “Y sobre todo la industrialización de la zona. Lo que pretende este gasoducto y el Proyecto Integral Morelos es convertir toda la zona campesina de la región del volcán en grandes zonas industriales”, agrega este abogado.
“Un basurero en Jerusalén”: el cambio de criterio de Andrés Manuel López Obrador
Tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2018 gracias –en parte- al voto de los pueblos indígenas, la continuidad del proyecto parecía tener los días contados, ya que él mismo mostró su oposición al mismo antes de acceder a la presidencia. Pero no fue así. “En 2014 se pronunció en contra del proyecto porque decía que hacer esto en tierras zapatistas era como poner un basurero en Jerusalén”, explica Teresa Castellanos. “Ahora resulta que como ya es presidente de la República dice que no se pueden ir a la basura 22.000 millones de pesos. En cambio, parece que sí se pueden ir a la basura las vidas de tantos de nosotros”, añade.
Una vez en el poder, y vista la gran oposición al PIM por parte de toda la comunidad indígena, López Obrador organizó una consulta –“después del proyecto”- que para Castellanos no fue tal. “Fue una consulta que violó los derechos de las comunidades indígenas al no cumplir con los protocolos. Además, nosotros le dijimos que no queríamos que fuera así, que necesitábamos información para los pueblos. Nos hablaba de las bondades del proyecto: nos iban a bajar el precio de la luz; para las personas que viven en la comunidad afectada la luz iba a ser gratis; el agua de las letrinas era la que se iba a llevar a la termoeléctrica, no la de consumo… En definitiva, un proyecto que iba a facilitar la economía del Estado”. Sin embargo, ni una sola mención al gran impacto medioambiental que este iba a generar.
Tres días antes de la ‘consulta’, el activista indígena Samir Flores Soberanes fue asesinado. “Ahí a Andrés Manuel López Obrador se le dijo que parara la consulta, porque además de que era violatoria a los derechos humanos, ya había un asesinato de por medio”. En cambio, López Obrador no paró la consulta. “Días antes fuimos a hablar con él a Cuautla y recibimos agresiones por parte de él. Nos llamó radicales de izquierda y que para él no éramos más que ultraconservadores. La verdad es que todo ha sido un insulto por parte del presidente de la República quien efectivamente ha ganado la presidencia gracias a los pueblos indígenas”, afirma esta integrante de la comunidad de Huexca.
Una nueva colonización que “está acabando con el planeta”
Preguntado por si esta manera de actuar a cargo de las grandes empresas y multinacionales puede conllevar una nueva forma de (neo)colonización, Juan Carlos responde afirmativamente, aunque con matices. “Nosotros vemos que antes de 1910 había un acaparamiento de las tierras y las aguas por parte de las haciendas. Hoy nuevamente existe ese despojo de tierras y aguas, pero no solo para acapararlas, sino para destruirlas. Esto es lo que más nos preocupa, que estas haciendas ya son haciendas de la muerte. Y resulta muy sintomático que justamente en la tierra donde nació y murió Emiliano Zapata se empiece a dar esta lucha por el territorio”.
Para este abogado y expreso político –encarcelado en 2014 durante 10 meses por su oposición al proyecto-, el Estado mexicano “está sirviendo simplemente como un instrumento de las empresas para garantizar que se lleven a cabo sus proyectos en los territorios y están extrayendo todos los bienes naturales de las poblaciones para lucrarse con ellos. A la población la está dejando dividida y sin futuro, que eso es lo más grave de este asunto”.
En su opinión, “si hay una nueva colonización es una que está acabando con el planeta. Ya no es como hace 500 años, donde había esclavos y efectivamente había una gran matanza, pero ahora estamos hablando del mundo entero”. Recuerda además que la crisis climática por la que atraviesa nuestro planeta “se debe a este tipo de actividades de las empresas que están haciendo proyectos contaminantes y que se lucran con la escasez de los bienes naturales”.
“No es posible que quieras generar energía donde no se necesita y gastando los recursos no renovables como lo es el agua y como lo es el gas. Encima de todo eso se criminaliza a los pueblos, los asesine, los persiga, y siempre antepongan el argumento del dinero al argumento de los derechos. Porque nunca nos dicen, bueno, vamos a ver cómo se respetan sus derechos, vamos a ver cómo se les hace justicia, cómo se erradica la corrupción de los proyectos, no, siempre nos hablan de dinero, dinero y dinero. Dicen, no se puede tirar tanto dinero”.
Para Samantha César, compañera de Samir Flores en Radio Comunitaria Amiltzinko, la opción de Andrés Manuel (López Obrador) es “la continuidad de una política extractivista”. “Por más de que se venda como un gobierno de izquierdas y progresista, en realidad no lo es porque sigue violentando los derechos humanos de las poblaciones. Continúa con una política económica extractivista agresiva hacia los territorios y hacia el medio ambiente. Y además ahora con estos mensajes de odio, está generando una atmósfera de enfrentamiento entre las propias comunidades. Por eso es una situación grave la que estamos viviendo”, subraya.
“Preferimos morir luchando que vivir arrodillados”
Tanto para Teresa Castellanos como para Samantha César, esta es una lucha por la vida, aunque se pierda en el camino. “Estamos aquí porque queremos que la gente viva. No solamente nosotros, también aquellos que todavía no han nacido. Claro que vale la pena”. “Vale la pena luchar por un futuro. Nosotros creemos que luchar por el futuro de nuestros hijos, de nuestros pueblos y de la humanidad misma vale la pena”. Y argumentan que, en realidad, “estas políticas extractivistas que están en todo el mundo son un atentado también contra la humanidad, y el riesgo en el que estamos todos los habitantes del mundo de a pie, que no somos ricos, que no tenemos el poder, está en grave riesgo y es importante entenderlo. No solo los pueblos indígenas, sino en general el mundo está en un momento muy complicado. Y es el momento en el que todos debemos actuar. Por eso vale la pena. Como decía Zapata, preferimos morir luchando que vivir arrodillados”, sentencian.
De hecho, a ellas, por el único hecho de ser mujeres, reconocen que este tipo de conflictos socioecológicos lleva implícito diversos tipos de violencia, entre ellas la de tipo sexual. “Hay una situación muy grave hacia la agresión y hacia la amenaza de ese tipo de violencia a las mujeres que somos defensoras. Pero también este tipo de proyectos extractivistas por supuesto que afecta mucho más a las mujeres en un sentido que en el cuidado de la casa, en el cuidado de la reproducción de la vida… porque pone más precaria la situación de dar estas condiciones necesarias para nuestras familias”, afirma Samantha. “Por supuesto que afecta en ese sentido. Y en este momento la lucha de las mujeres ha salido más. En los pueblos las mujeres ahora luchamos mucho más. Estamos encabezando las luchas. A fin de cuentas, entendemos que con lo que se ha dado hasta ahora no ha sido suficiente. No puede haber justicia social si no hay participación de las mujeres en la lucha”.