Caso Digna Ochoa: “hay elementos para señalar que asesinato fue crimen de Estado”
Tania Damián / Contralínea
Hay muchos elementos para señalar que el asesinato de la activista Digna Ochoa y Plácido es un crimen de Estado, aseguró en conferencia de prensa la defensora de derechos humanos y abogada feminista Karla Micheel Salas Ramírez.
Recordó que la abogada Digna Ochoa –defensora de los derechos humanos e integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– fue asesinada el 19 de octubre de 2001 en la Ciudad de México. Sin embargo, en 2003 la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal determinó que se trataba de un suicidio.
Desde ese momento familiares y defensores impugnaron la resolución. Por ocho años se mantuvo el litigio, hasta que en 2011 la Procuraduría cerró el caso.
David Peña, abogado defensor de derechos humanos, declaró que durante 9 años la investigación se mantuvo cerrada, hasta que en mayo de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el cual resuelve que hay graves irregularidades en la investigación del caso de la muerte de Digna Ochoa y Plácido, y responsabiliza al Estado mexicano. Para octubre del año pasado, la CIDH emitió una serie de recomendaciones que, a decir de la defensa, fueron ignoradas, por lo que el caso se elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Esto es importante ya que 19 años después se abre la posibilidad de que este caso sea conocido ante instancias internacionales”, afirmó David Peña. Ello posibilita que la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reabra el caso.
Según los abogados, durante el proceso hubo muchas líneas de investigación que no fueron abordadas por parte de la Procuraduría, entre ellas las amenazas de muerte que Digna Ochoa recibió en múltiples ocasiones. “Como muchos crímenes de Estado, la impunidad forma parte en sí misma de ese crimen. El ocultamiento, el no buscar la verdad forma parte en sí mismo de ese crimen”, afirmó Karla Micheel Salas.
También mencionó que en marzo de 2002, cuando la PGJDF informó –a puerta cerrada– su hipótesis del suicidio, filtró a algunos medios de comunicación dicha información para construir esa narrativa de la muerte; sin embargo, no había ningún sostén científico que lo argumentara; por el contrario, se comprobó, mediante los peritajes realizados, que dicha versión pretendió sustentarse en prejuicios de género que revictimizaban a la activista.
La abogada aseguró que ahora la defensa está buscando que se “desarrollen estándares en la jurisprudencia de cómo se tienen que realizar las investigaciones en los casos de defensores de derechos humanos, pero particularmente en lo casos de mujeres, y que se pronuncien en favor de la perspectiva de género en la labor pericial”.