Interponen amparo contra INM por impedir a defensores ingreso a estaciones migratorias
Viridiana García/ CONTRALÍNEA
Organizaciones defensoras de derechos de personas migrantes y con necesidades de protección internacional manifestaron en conferencia su rechazo a la política que suspende el ingreso a integrantes de asociaciones religiosas y de la sociedad civil a las estaciones migratorias y estancias provisionales, emitida el pasado martes por Antonio Molina Díaz, en su calidad de director general de Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM).
Al respecto, Alejandra Macías Delgadillo, directora de Asylum Access México, AC, expresó que son 10 las organizaciones afectadas por esta negativa. Por ello, indicó, Asylum interpuso un amparo en contra del oficio INM/DGCVM/0118/2020, publicado el 28 de enero de 2020 en el que se les prohibe la entrada.
“Es un derecho que ya teníamos adquirido: ya se nos había otorgado el derecho de entrar y al estarse negando sin ninguna justificación es que hemos interpuesto este amparo ante un juzgado de Distrito”, explicó.
Apuntó que no sólo en la estación migratoria de Tapachula, se les ha negado el acceso, sino también en las estaciones de Tenosique, Tabasco; Acayucan, Veracruz; Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León; Tijuana, Baja California; y Comitán, Chiapas.
Por otro lado, a pesar de que la Secretaría de Gobernación desconoció el oficio del Instituto Nacional de Migración el mismo día que se emitió –ya que éste no cuenta “con autorización de las autoridades superiores”– y tras publicar el Boletín 035/2020 el 29 de enero de 2020 –donde subrayó que las asociaciones podrán ingresar a las estaciones migratorias a partir del 1 de febrero–, las organizaciones se mantienen firmes ante su pronunciamiento contra las medidas gubernamentales recientes.
Lo anterior impulsado por el conocimiento que éstas tienen de “la negativa de renovar permisos de ingreso solicitados desde al año pasado”. Por ello, los defensores dijeron en conferencia que “no se trata de una acción aislada […], aunado al discurso que desde los más altos cargos de gobierno existe en contra de las organizaciones de la sociedad civil […], nos alerta pues implica una acción de criminalización hacia nuestro trabajo”.
Asimismo, Ana Saiz –de Sin Fronteras, IAP– destacó que la rectoría para las políticas migratorias en el país por ley la tiene la Secretaría de Gobernación, no obstante “muchas facultades de facto se ejercen por la Secretaría de Relaciones Exteriores”.
En relación con el programa “Quédate en México” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en donde un gran número de personas esperan respuesta a su solicitud de asilo en el país, Saiz aseguró que la Secretaría del Trabajo es quien se está encargando. “Tampoco entendemos por qué y ni siquiera se les está documentado efectivamente para que tengan acceso a oportunidades de trabajo”.
Es por ello que aseveró que “el INM debe tener claro que está subordinado a la Segob […], este desconocimiento de oficios es un síntoma del desorden que vemos en la manera de implementar la política migratoria en México”.
Para la defensora, es necesario que haya “una política acorde a nuestros principios y leyes mexicanas, a lo que señala la Constitución, la Ley General de Administración Pública Federal, así como con los principios en los tratados internacionales”.