El privilegio del agua: exgobernador de Aguascalientes riega su gigantesco rancho mientras la región sufre la sequía
En una región en donde los pequeños agricultores dependen de la lluvia para mantener sus cultivos, Carlos Lozano de la Torre cuenta con concesiones de agua que le permiten manejar sus propios pozos
Redacción/Infobae
21 enero 2020
En una región en donde los pequeños agricultores dependen de la lluvia para mantener sus cultivos, Carlos Lozano de la Torre —gobernador de Aguascalientes entre 2010 y 2016— no tiene problemas para regar sus tierras: él cuenta con concesiones de agua que le permiten manejar sus propios pozos. Por esa agua que utiliza en sus ranchos, en la cría de ganado y en sus plantaciones de olivo no desembolsa un peso. Como él hay varios políticos en todo el país que tienen concesiones de agua, así lo documenta en una investigación “Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad”.
A pie de la carretera 68 y a escasos 500 metros del rancho La Campana se encuentra San Antonio de Montoya, pequeño asentamiento en donde no hay tubería que lo dote de agua potable. Cada mes, una pipa del ayuntamiento surte cinco mil litros de agua a cada una de las 13 casas —de las cuales solo tres o cuatro están habitadas en forma permanente— por 91 pesos. La gente la almacena en tinacos o, si tiene, en aljibes, y la reparte entre su consumo, la limpieza, un par de cerdos, vacas y perros.
Hermelinda Castro vive ahí desde hace 20 años con su esposo Heriberto García. Su casa y la de su suegra son de adobe, les faltan puertas y ventanas. Tampoco tienen un excusado. En la pequeña comunidad tampoco hay drenaje ni alumbrado público.
Hermelinda dice que la gente de Montoyita —como llaman a esta colonia— ha ofrecido a Carlos Lozano, exgobernador del estado de Aguscalientes, ayudarle a pagar la luz a cambio de que les proporcione agua. Él les ha dicho que sí, con la condición de vayan por ella.
“Pero a veces no tenemos dinero para la gasolina que está bien cara o hay veces que la camioneta no funciona y no hay para repararla”, dice la mujer, que deja en el piso de tierra una cubeta con agua que llevaba del corral a la cocina. Lo dice como resignada. Incluso sonríe. Lo mismo cuando cuenta que su esposo anda en muletas desde que se accidentó cuidando los caballos de aquel rancho.
Heriberto, el esposo de Hermelinda, cuenta que han intentado durante mucho tiempo, alcalde tras alcalde, que el municipio El Llano extienda hasta Montoyita la tubería que surte de agua al ejido El Milagro, ubicado a dos kilómetros de donde ellos viven. El hombre ya no cree que eso suceda. Lo que sí espera es que la temporada de lluvias no termine antes de tiempo: tiene ocho hectáreas de tierra para sembrar el maíz y el frijol que comerán su familia y sus diez animales.
Para Heriberto, Hermelinda y los pequeños agricultores del ejido El Milagro, lo que no se puede agotar es la esperanza de que la lluvia caerá de su lado.
Políticos que riegan sus ranchos sin problema, mientras sus vecinos resienten la sequía*
Los habitantes del ejido El Milagro se entusiasmaron cuando cayó el primer aguacero de 2019. Esa era la señal de que la temporada de secas terminaba y ellos podían comenzar con la siembra de maíz y frijol. El agua llegó a principios de julio, justo a tiempo para que sus cultivos libraran las heladas de octubre.
En el ejido El Milagro —al oriente de Aguascalientes, en el municipio El Llano— hay un poco de todo: pocos jóvenes, poco trabajo y poca agua. Aquí las sequías se resienten, sobre todo, entre marzo y julio. En ese tiempo se miran los campos agrietados y la tierra suelta en los caminos acentúa la sensación de sed.
La población, que vive de cultivos de temporal y de la leche que dan sus vacas, colecciona cubetas y tinacos para almacenar agua. Aquí la gente sabe que el clima no tiene palabra: en 2011, una sequía leve evolucionó a extrema y se prolongó hasta enero de 2012. El Llano y otros nueve municipios de Aguascalientes se declararon zona de desastre natural.
A 2.7 kilómetros hacia el oriente, por la carretera 68, el panorama es diferente.
En el rancho La Campana crecen árboles de olivo, la alberca está lista para usarse y los rayos del sol se reflejan sobre un jagüey. Estas tierras pertenecen al exgobernador priista de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, a su esposa y a su hijo mayor.
Las 262.59 hectáreas —367 veces la cancha del Estadio Azteca— que forman parte del rancho La Campana están dentro del ejido El Milagro. Lozano adquirió parte de esas tierras en 1989. Para entonces ya había sido, durante 12 años, secretario de Desarrollo Económico de Aguascalientes. En 2017, un año después de terminar su periodo como gobernador —el cual ejerció entre diciembre de 2010 y noviembre de 2016—, la extensión del rancho casi se duplicó.
A diferencia de sus vecinos, Lozano tiene agua garantizada para su rancho.
El exgobernador cuenta con tres concesiones para aprovechamiento de agua subterránea, otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las cuales le permiten extraer hasta 147 mil metros cúbicos de agua, es decir 147 millones de litros al año. Esa cantidad equivale a 58 mil 800 tinacos con una capacidad de 2 mil 500 litros cada uno.
El exgobernador no paga por el agua que utiliza en su propiedad, ya que las concesiones que le otorgó Conagua son para “uso agrícola”. La Ley Federal de Derechos, en su Artículo 224, establece que las concesiones para uso agrícola o pecuario están exentas de pago. Su única obligación es instalar un medidor y no utilizar más volumen del concesionado.
Este no es el único beneficio que tienen los titulares de concesiones para uso agrícola. Además de no pagar por el agua que utilizan, también pueden acceder a un subsidio que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorga a los productores agropecuarios; eso les permite pagar una tarifa mínima por la electricidad que emplean para el funcionamiento de las bombas con las que extraen el agua de sus pozos.
Carlos Lozano también es dueño —junto con sus hermanas— del rancho La Esperanza, localizado en los límites de los municipios de Pabellón de Arteaga y San Francisco de los Romo. En esta propiedad, los hermanos Lozano de la Torre tienen dos concesiones que les permite tener un mismo número de pozos para extraer agua para “uso agrícola”.
La Esperanza es un rancho más pequeño que La Campana: su extensión es de 80.31 hectáreas, poco más de 114 veces la cancha del Estadio Azteca. Aún así, tiene autorizado extraer hasta 216 millones de litros de agua al año.
Los hermanos Lozano de la Torre tampoco pagan por el agua que usan en La Esperanza. Y, por tener concesiones para “uso agrícola”, también gozan de un subsidio en la tarifa eléctrica.
¿Bien público o patrimonio privado?
Juana y José Luis viven en una de las dos únicas calles pavimentadas del ejido El Milagro. José fue comisario hace tiempo y junto con otras personas logró que el gobierno estatal pavimentara esa calle y la de la escuela. Pero no consiguió que los 146 habitantes del Milagro lograran tener acceso al agua de un segundo pozo que se construyó en 2013 y que, hasta agosto de 2019, seguía sin funcionar.
Los habitantes del Milagro reciben agua potable de un solo pozo que opera desde hace 18 años y que se ubica a siete kilómetros de distancia, en la comunidad vecina de Jaltomate, en el municipio de Aguascalientes. Ese pozo surte, en promedio, mil 410 litros diarios por persona a 230 habitantes de El Milagro y el ejido Las Flores, según la respuesta que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (C.A.P.A.S) del ayuntamiento de El Llano entregó a una solicitud de información.
Los pobladores dudan de esos datos; aseguran que otras comunidades aledañas también dependen del mismo pozo y, por eso, ellos reciben poca agua, mucho menos de lo que reporta la autoridad. En El Milagro, por ejemplo, un día se surte de agua a las casas del lado oriente del ejido y al día siguiente les toca a quienes viven en la zona poniente. Por esta agua pagan, en promedio, 91 pesos mensuales.
Para enfrentar los días en que no llega agua, los pobladores la almacenan. Cuando ésta tampoco les alcanza, la alternativa que tienen es comprar al municipio una pipa, de 10 mil litros, cuyo costo es de 530 pesos. A veces, también llegan a comprar agua a los dueños de ranchos que tienen pozos en comunidades vecinas.
En este ejido tener agua suficiente y en abundancia es un milagro.
Y eso lo sabe Carlos Lozano de la Torre. Él intentó llevar parte del agua de la comunidad a su rancho. Entre los pobladores del ejido hay diferentes versiones del por qué su plan no se concretó:
“Quería poner una manguera o tubería para agarrarla de los tubos que vienen de Jaltomate… Pero los comisarios (entonces era mi esposo y otro señor de abajo) no lo dejaron”, asegura Juana Salazar.
“(Lozano de la Torre) vio que era tan poca el agua que a él tampoco le iba a solucionar mucho el problema, porque pues él tiene, no sé, 400 vacas. No le iba a dar abasto —dice Servando Richarte, encargado de operar el pozo que da agua a los ejidos de El Milagro y Las Flores.
La opción que encontró Carlos Lozano de la Torre para tener agua en su rancho fue obtener títulos de concesión para uso de aguas nacionales y así operar sus propios pozos. Para ello utilizó una “transmisión de derechos”, trámite que contempla la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y que permite a los titulares de las concesiones ceder, a otra persona física o moral, una parte o la totalidad del agua que tiene permitido utilizar.
En los hechos, una “transmisión de derechos” es la compra-venta de un título de concesión para uso de aguas nacionales. Esta práctica ha propiciado la existencia de un mercado negro del agua en todo el país, en donde campesinos y pequeños productores que tenían a su nombre concesiones otorgadas por Conagua terminan vendiéndolas a grandes empresas o a particulares.
Para el rancho La Campana, Carlos Lozano obtuvo tres concesiones de pequeños agricultores que habitan en ejidos vecinos al Milagro. Laurencio Montoya Guadalajara, de Las Adjuntas, le entregó 60 mil metros cúbicos; Francisco y Benito Esparza de Lira, ejidatarios de El Muerto, le transmitieron dos títulos más de 27 mil y 60 mil metros cúbicos cada uno.
De los hermanos Esparza solo sobrevive Benito, él recuerda que Carlos Lozano pagó cinco pesos por cada metro cúbico, es decir 435 mil pesos por las dos concesiones.
—Un hermano mío trabajaba con él… por medio de él buscaba títulos (para comprar). Él ya me dijo: “oye, ahí ta Lozano” —asegura Benito Esparza, quien recuerda que el acuerdo fue que Carlos Lozano pagaría un anticipo al iniciar el trámite de transmisión de derechos ante Conagua y el resto, al concretar el cambio de titular.
Para este reportaje se obtuvieron, a través de solicitudes de información realizadas a Conagua, copias de los expedientes de los títulos de concesión que están a nombre de Carlos Lozano de la Torre. En esos documentos se consigna que las transmisiones de derechos se concretaron en 2006. Lo que no se encuentra en los expedientes es la copia del convenio o contrato de cesión que Lozano celebró con los hermanos Esparza de Lira —en el expediente del título de Benito solo se cita una “carta intención o proyecto de contrato o convenio que formaliza la transmisión”— y con Laurencio Montoya, requisito previsto en el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales vigente.
Los títulos originales, a nombre de los ejidatarios, tenían vigencia de diez años a partir de 2003. La dirección de Conagua en Aguascalientes —entonces a cargo del panista Julio César Medina Delgado— autorizó las transmisiones de los títulos de los ejidatarios al exgobernador y aprobó aumentar de 10 a 25 litros por segundo en el gasto requerido, y extraer los 147 mil metros cúbicos de agua que amparan las tres concesiones en un solo pozo.
Cuando una concesión de aguas cambia de titular mediante una transmisión de derechos y se otorga una parte o el total del volumen autorizado en el título, la Ley de Aguas Nacionales permite que los pozos se cambien de ubicación, con la única condición de que se ubiquen dentro del mismo acuífero. Eso ocurrió con los tres títulos que Carlos Lozano obtuvo para su rancho: de acuerdo con los expedientes obtenidos por transparencia, los pozos de los hermanos Esparza de Lira estaban en el ejido El Muerto y el de Laurencio Montoya, en Las Adjuntas. Al pasar a nombre de Carlos Lozano, se movieron al rancho La Campana.
La cesión de derechos de agua a favor de Lozano de la Torre se inscribió en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) hasta 2015, cuando él ya era gobernador de Aguascalientes y la dirección de Conagua en el estado estaba a cargo del priista Salvador Gaytán Rangel. En los expedientes no hay algo que explique por qué el trámite tardó una década. Lo que sí se encuentra es un documento en el que el funcionario federal argumenta que la demora impidió a Lozano solicitar en tiempo la prórroga de sus tres títulos por otros 10 años y por eso le amplió automáticamente su vigencia hasta 2022 y 2023.
La doctora Cindy McCulligh —investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas y quien ha dedicado varios años al estudio de los conflictos ambientales y la gestión del agua— considera la transmisión de las concesiones de agua un ejemplo de “corrupción institucionalizada”, término que utiliza para señalar la generación y aplicación de normas “con sesgos que favorecen intereses privados agrícola o industriales”.
El rancho crece
Los habitantes del ejido El Milagro recuerdan el 9 de julio de 2016, no porque haya llovido, sino porque afuera del rancho La Campana llegaron cerca de veinte patrullas y un helicóptero de la policía estatal sobrevoló el lugar durante varias horas. Adentro se celebraba la boda de Blanca Lozano —hija del entonces gobernador Carlos Lozano— con Jorge Gómez, empresario originario de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Ese día el rancho La Campana recibió a la actriz Yadhira Carrillo —sin su esposo, el abogado Juan Collado—, al entonces gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, con su esposa Sandra Albarrán; a Manlio Fabio Beltrones y a Ricardo Monreal, entre otros invitados, de acuerdo con lo reportado en medios locales.
Las imágenes que ese día captó el fotógrafo Ben Olivares muestran algunos detalles arquitectónicos del rancho La Campana: una construcción con muros de calicanto, puertas de madera tallada; caminos y guarniciones empedrados, jardineras con altos órganos, una alberca con azulejo de talavera y una escultura de piedra. Además, una capilla con fachada anaranjada —que recuerda a las haciendas coloniales— con su vitral redondo, una cruz sobre la entrada y techo de bóveda.
El 8 de marzo de 1989, Carlos Lozano compró la primera fracción del rancho con su entonces socio, Carlos Armando Ponce Guzmán, de acuerdo con los testimonios notariales obtenidos en el Registro Público de la Propiedad de Aguascalientes.
Lozano y Ponce Guzmán adquirieron 153.47 hectáreas de terreno de temporal, el casco del rancho y terreno circundante por 50 millones de viejos pesos; es decir, 32.58 pesos de la época por metro cuadrado. Pocos meses después, obtuvieron un crédito hasta por 170 millones de viejos pesos para completar una inversión de 264.4 millones —poco más de 264 mil pesos actuales— en un tractor, una rastra, un arado, una cultivadora, dos remolques y 60 vaquillas Aberdeen Angus.
En 1995, Carlos Armando Ponce perdió su parte del rancho cuando un juez ordenó que se rematara esa fracción de la propiedad para pagar un crédito que Ponce había incumplido. Lozano —que tenía preferencia por ser dueño de la otra mitad y entonces era secretario de Desarrollo Económico en Aguascalientes— compró esas tierras por 157 mil 488.33 nuevos pesos: 20 centavos por metro cuadrado.
En las escrituras del rancho La Campana no se registraron cambios hasta 2011, cuando Blanca Rivera Río, esposa de Carlos Lozano, compró 20.7 hectáreas de terreno contiguo a la propiedad. Ese año el ejido El Milagro vivió uno de sus peores tiempos de secas, tanto que la Secretaría de Gobernación declaró al municipio El Llano zona de desastre por sequía severa. Y también en ese año, de acuerdo con los expedientes de los títulos de las concesiones obtenidos a través de solicitudes de información, Lozano pidió un permiso para aumentar la profundidad de su pozo de 350 a 500 metros.
La última extensión del rancho La Campana se concretó dos meses después de que Carlos Lozano dejara la gubernatura. El proceso para adquirir 98.42 hectáreas comenzó el 29 de septiembre de 2016, cuando José Carlos, hijo del entonces gobernador, realizó un préstamo por tres millones de pesos a Julio Marduk Serrano Jáuregui, dueño de terrenos que colindaban con el rancho. En el contrato del préstamo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, se acordó que Serrano Jáuregui pagaría en seis meses y con un interés de dos por ciento mensual. La deuda se saldó veinte días antes de vencer el plazo con las tierras de los predios “rancho La Campana y Corpus Cristi”.
Esas tierras se valuaron en 4.9 millones de pesos, por lo que Juan Carlos Lozano Jr. devolvió una contraprestación de 1.9 millones de pesos al recibir el predio. El convenio de pago del terreno incluye una cláusula de confidencialidad que obliga a pagar un millón de pesos si alguno de los involucrados revela detalles del acuerdo.
Julio Marduk Serrano Jáuregui no ha tenido ni tiene otras propiedades registradas a su nombre en el municipio El Llano, además de los predios que entregó a Carlos Lozano Jr., de acuerdo con la información disponible en el Registro Público de la Propiedad de Aguascalientes.
Uno de los requisitos para obtener una concesión de aguas nacionales es el presentar los documentos que avalen que el solicitante es dueño de las tierras en donde se construirá el pozo. En teoría, Marduk no debería tener una concesión de agua, pero hay una a su nombre: es para uso agrícola por 64 mil metros cúbicos y se inscribió en el REPDA el 8 de enero de 2018. Según las coordenadas que aparecen en el registro, su pozo se ubica a 20 metros del rancho La Campana.
Desde la ampliación de 2016, La Campana no ha sumado más tierras, pero sí ha diversificado su producción. Mientras los agricultores del ejido El Milagro esperan las lluvias, el rancho del exgobernador cosecha olivo y vid. Además, la familia Lozano Rivera Río ha emprendido nuevos negocios.
El 24 de junio de 2019, Carlos Lozano, su esposa y sus tres hijos registraron dos empresas: Olivoil y Unión Productora Vinícola Bonagens, ambas sociedades de producción rural de responsabilidad limitada y dedicadas a la producción, industrialización y comercialización —incluida la exportación— de derivados de olivo y uva, como aceite, aceitunas y vino.
Carlos Lozano tomó el nombre del rancho cuya propiedad comparte con sus hermanas para fundar el tercero de sus nuevos negocios: Granja La Esperanza, otra sociedad de producción rural constituida por él, su esposa y sus tres hijos. La empresa quedó inscrita en el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía en junio de 2019, donde reportó que se dedica a la engorda de ganado para producción de carne.
Desde que dejó la gubernatura, en 2016, Lozano se había mantenido alejado de la vida política hasta el pasado 9 de julio, cuando reapareció en Zacatecas como parte del Consejo Estatal de Desarrollo Económico del gobierno que encabeza el priista Alejandro Tello Cristerna.
Para este reportaje se buscó a Carlos Lozano, a través del Comité Directivo Estatal del PRI y de quien fuera su secretario particular, Víctor Vera; además, se envió un mail con la solicitud de entrevista y se acudió a las oficinas del ingeniero Lozano, donde informaron que contactarían a la reportera. Hasta la publicación del trabajo no se ha tenido respuesta del exgobernador.
¿Qué políticos tienen concesiones de agua?
Exgobernadores, ex presidentes municipales, senadores, diputados y actuales secretarios de estado y sus familiares más cercanos tienen concesiones de agua.En algunos casos, los títulos están a nombre de sus empresas. Para conocer cuántos titulos tienen selecciona el nombre.
Expresidente de México por el PAN. Fue gobernador de Guanajuato. También tienen concesiones de agua sus hermanos, su sobrino, su cuñada y su actual esposa, Marta Sahagún; así como la empresa El Cerrito, cuyos accionistas son José Luis Fox Quesada y su familia.
Las historias que presenta la esta investigación de “Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad”, muestran cómo el agua, un recurso de la nación, se compra, vende y explota como si se tratara de un bien privado abundante, mientras el Estado no pone ninguna traba. Esto ocurre más que por las fallas en el sistema de concesiones vigente en México desde 1992, por el diseño mismo de ese entramado legal y la debilidad de sucesivos gobiernos para aplicar las normas.