Dan luz verde a proyecto hidroeléctrico en la Sierra de Puebla
Isreal Velazquéz / La Silla Rota
El Poder Judicial de la Federación negó el amparo interpuesto en 2016 por integrantes de tres comunidades totonacas de la Sierra Norte de Puebla en contra del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) que pretende desarrollarse en los municipios San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya, en la Sierra Norte de Puebla.
El juez Miguel Arroyo Herrera negó el amparo por considerar que la consulta indígena que la Secretaría de Energía (Sener) realizó en 2015 cumplió con los estándares y determinó que fue previa, estimó también que basta que la consulta sea efectuada antes de que el proyecto se ejecute para tener por cumplido el estándar.
Al conocer el fallo, Consejo Tiyat Tlali y Fundar, organizaciones que han acompañado a los indígenas que defienden sus tierras en contra del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1), consideraron que el Poder Judicial Federal revictimiza a las comunidades totonacas al no reconocer la violación a sus derechos. En la Sierra Norte de Puebla se han concesionado 160 mil hectáreas para minería y la construcción de 11 plantas hidrológicas.
Consideraron que el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla contraviene el marco internacional, que indica que el proceso de consulta debe tener lugar antes de diseñar y planificar el proyecto, es decir, antes de que se emitan las autorizaciones, y afirman que los permisos para el proyecto comenzaron a ser entregados en 2009, seis años antes de la consulta.
Con el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 lo conforman las presas Ahuacoya, con una cortina de 45 metros de altura y una capacidad total de generación eléctrica de 60 MW; y la presa Zoquiapa, con una cortina de 6.5 metros de altura que capta el agua del río Zoquiapa para enviarla a la presa Ahuacoya y complementar el gasto para la generación de energía. El proyecto afectará el río Ajajalpan usado por la población para la pesca y riego de cultivos.
Los indígenas totonacos afirman que la construcción de la hidroeléctrica implica la remoción de vegetación forestal, desvío del cauce del río, compactación de suelo, disminución en la calidad del agua, erosión río abajo, destrucción y reducción del hábitat de especies y ecosistemas ribereños, aislamiento de las poblaciones de peces por efecto barrera.
Consejo Tiyat Tlali y Fundar señalaron que uno de los “puntos centrales de la demanda de las comunidades es la inexistencia de un interés público en la autorización del proyecto; sin embargo, el juez afirma con contundencia que el proyecto les beneficia, sin dar razonamiento alguno” y a pesar de que la energía a generarse atenderá el autoabastecimiento de las tiendas Wal-Mart, Waldo’s, Operadora Vips y Suburbia, de acuerdo con el permiso de energía eléctrica otorgado por la Comisión Reguladora de Energía.
La sentencia emitida el pasado 10 de octubre “está sujeta a impugnación por cualquiera de las partes involucradas en el juicio, por lo que aún puede pasar algún tiempo para contar con la definitiva”, afirmaron en un comunicado Consejo Tiyat Tlali y Fundar.