Comisiones aprueban exclusión de matrimonio igualitario y castigo al aborto propuestos por Barbosa (Puebla)
Información: Dafne Betsabe García Mendoza / Lado B
Las comisiones legislativas de Procuración y Administración de Justicia, e Igualdad de Género, dominadas por Morena y partidos afines al gobernador Luis Miguel Barbosa, aprobaron la propuesta del mandatario de mantener la sanción penal a las mujeres que aborten hasta con un año de cárcel, y excluyeron la posibilidad de que el matrimonio igualitario sea reconocido legalmente en Puebla.
La justificación para la decisión impuesta por la mayoría legislativa de la 4T la puso sobre la mesa Gabriel Biestro: la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario son temas que solo dividen a la sociedad y sobre los cuales no urge legislar.
Así, y con la oposición de la priísta Rocío García Olmedo, del legislador sin partido Marcelo García Almaguer y de la legisladora de Morena, Vianey García, las comisiones referidas consintieron que el matrimonio quede establecido como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer”, contrario a la resolución 29/2016 de la Suprema Corte de Justicia (SCJN).
Aún no hay fecha para que el paquete de reformas que el gobernador Luis Miguel Barbosa mandó al Congreso se discuta y apruebe en el pleno, tras recibir el aval de las comisiones referidas
Lejos de Oaxaca, Puebla mantiene la criminalización
En la larga discusión legislativa que duró cerca de ocho horas también quedó sin discusión el Artículo 342 del Código Penal, que mantiene la pena corporal de seis meses a un año de prisión para las mujeres que aborten.
Una decisión a contracorriente de lo que decidió la mayoría legislativa de Morena en Oaxaca, que desde el pasado 25 de septiembre decidió por mayoría despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Ironías de la política, en Oaxaca fueron diputadas de Morena las que propusieron e impulsaron la despenalización, y al momento de ser votada fueron los priístas y una panista quienes votaron en contra.
Por el contrario, en Puebla, la iniciativa para mantener las sanciones penales llegó desde la oficina del gobernador de Morena y fue avalada por los legisladores de ese partido y afines; y una priísta Rocío García Olmedo y un expanista y hoy legislador sin partido, Marcelo García los que intentaron detener la aplanadora.
Durante la sesión, García Olmedo intentó una salida técnica para que se retiraran de la discusión los artículos relacionados con matrimonio igualitario, despenalización del aborto y violencia electoral contra las mujeres (294,342, 21Bis, 21Ter), por tratarse de temas que estaban siendo abordados en otras iniciativas presentadas en el Congreso.
García Olmedo invocó el “principio de concentración”, que establece que cuando hay dos temas del mismo asunto o que versen sobre lo mismo, se deben dictaminar de manera conjunta, sin que ello signifique desconocer alguna iniciativa. Sin embargo, su solicitud fue rechazada.
Por su parte, el diputado ex panista Marcelo García Almaguer propuso que el matrimonio se definiera como “La unión libre de dos personas”, pero esta propuesta ni siquiera fue discutida pues así lo decidió la mayoría de ambas Comisiones Legislativas.
El morenista Gabriel Biestro justificó que dichos temas no se discutían por la urgencia de legislar en lo concerniente a la Alerta de Violencia de Género, ya que tenían fecha límite.
Por su parte la diputada Rocío García Olmedo le recordó que el séptimo punto de dicha declaratoria especifica que le corresponde al gobierno del Estado, es decir al Poder Ejecutivo “accionar y entregar un informe en un plazo de 6 meses”, no al Legislativo, por lo que era un error decir que había “urgencia de legislar”, y que no se trataba de “legislar al vapor” en temas tan importantes y relevantes para la sociedad en especial para las mujeres.
Entre las modificaciones que sí fueron aprobadas del paquete legislativo que Luis Miguel Barbosa mandó al Congreso con el argumento de atender las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género, estuvo una planteada por Rocío García Olmedo para prohibir la mediación o conciliación entre agresor y víctima.
También se aprobó un registro sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres prevista en la fracción XXVI del artículo 38 de la Ley de Acceso, pero se eliminó que este fuera público por recomendación de la diputada Nora Merino (PES), quien argumentó que conforme al nuevo sistema de justicia penal se violentarían los derechos de las víctimas y de los presuntos culpables al hacerlos públicos.
En el análisis del Código Penal se pretendía que los artículos 264 y 265, sobre el delito de estupro, se derogaran y se incluyeran en la sección de violación, pero la diputada García Olmedo consideró que se estaban equiparando los delitos, cuando su naturaleza era muy diferente, pues en la violación se utiliza la violencia, mientras que en el estupro se usa la seducción y el engaño, por lo que pidió que se analizara a fondo, y acordaron que el Jurídico del Congreso replantearía dicha modificación.
También, a propuesta de la priísta, se aprobó que los albergues, casas de medio camino y refugios encargados de atención a las víctimas fueran regulados por el Estado, para evitar dejar toda la responsabilidad en las organizaciones civiles, y que la reparación del daño para las víctimas aparte de garantizada fuera integral.
Matrimonio Igualitario y legalización del aborto nuevamente al congelador
El paquete de reformas que envió el gobernador al Congreso con fecha del 25 de septiembre fueron discutidas el pasado viernes por las Comisiones ya referidas, integradas por Gabriel Biestro, Vianey García y Olga Lucía Romero, de Morena; Rocío García Olmedo, del PRI; Marcelo García Almaguer y María del Carmen Saavedra, independientes; Mónica Lara y Nora Merino Escamilla, del PES; Guadalupe Muciño y María del Carmen Cabrera, del PT; Uruviel González, de CPP; y Carlos Alberto Morales, de MC.
La iniciativa de Barbosa se da en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) decretada en 50 municipios de la entidad, y el plazo que tiene el Estado para “enfrentar y revertir la tendencia en materia de violencia contra las mujeres en la entidad”.
Se trata de un paquete de reformas a más de 200 artículos y fracciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Trata y la Ley para la Igualdad entre hombres y mujeres, además de los Códigos Civil y Penal del estado.
La parte más controversial de la iniciativa está en las modificaciones propuestas al Artículo 294 del Código Civil, sobre matrimonio igualitario, y al 342 del Código Penal sobre aborto.