Inconformidad en Ucú (Yucatán)
Hernán Casares Cámara/Diario de Yucatán
Ejidatarios se oponen al remate de sus tierras
Un grupo de 62 ejidatarios de Ucú, de un total de 355, se oponen a la venta de 690 hectáreas de ese ejido ubicadas entre Sierra Papacal y Chuburná Puerto, a un grupo de supuestos empresarios, que se concretaría este domingo, mediante una asamblea para cambiar el destino de esas tierras, de usufructo a cesión de derechos.
Los inconformes rechazan la venta porque los compradores ofrecen 17.50 pesos por metro cuadrado, cuando en diciembre los ejidatarios de Chuburná vendieron a 30 y 35 pesos el metro a un complejo habitacional cercano, “según declaró el comisario de ese ejido a Diario de Yucatán”, señala Felipe Quintal Dzul, uno de los líderes de los inconformes.
El complejo habitacional, cuyos dueños tienen desarrollos similares en Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, “está exactamente enfrente del predio que se pretende vender este domingo”, dice Quintal y pregunta: ¿por qué si Chuburná vendió a ese precio nosotros debemos vender a la mitad? Esas tierras valen en realidad 60 pesos el metro, según el avalúo que encargamos”, dice.
El economista Antonio Osorio Acevedo, director de Información Sistemática de la Península, una empresa especializada en estudios de mercado, entrevistado por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, señala que el precio de la tierra en esa zona podría ser aún mayor, “no solo porque hay un acelerado proceso de urbanización allí, sino debido también a un fuerte movimiento especulativo surgido a partir de que trascendió el proyecto del gobierno del Estado de vender las más de tres mil hectáreas del ejido de Ucú en poder del fideicomiso que se formó para pagar las deudas que el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco le dejó a ese instituto”.
Esto aumentará automáticamente los precios de los terrenos en esa área, añade Osorio Acevedo, y “por eso pienso que los ejidatarios inconformes tienen razón: les están ofreciendo una miseria por sus tierras”.
De acuerdo con averiguaciones de Central 9, la operación de compra la encabeza Ángel Azael Ruiz López, un traficante de tierras ejidales, acusado de participar en operaciones fraudulentas para apoderarse de terrenos.
Ruiz López se presentó al ejido como representante de un grupo de “empresarios” interesado en las tierras, que primero solicitó 200 hectáreas en usufructo y luego otro de 490. Ahora quiere la cesión de derechos y dice que ya tiene comprometida la venta con inversionistas de aquí y de México, afirma Quintal Dzul.
Los miembros del grupo de “empresarios” que aparecen formalmente ante el ejido, y quienes ya obtuvieron su carácter de avecindados, son, además de Ruiz López, sus familiares Diana Lía Ruiz López, Javier Adonay Ruiz Nicolín y Javier Azael Ruiz Rivero, todos oriundos de Progreso y sin antecedentes de ser gente de dinero.
Igual integran el grupo José Rubén Sansores Chuil, quien hasta hace unos años era beneficiario de los programas de ayuda alimentaria del gobierno; Luis Alberto Chacón Bucio, Juan Carlos Pérez Hinojosa, empresarios de Irapuato, Guanajuato, y Carlos Rubén Elizondo Jacobo, de San Luis Potosí.
“Este es el otro fenómeno relativamente nuevo en el tráfico de tierras en Yucatán”, afirma Osorio Acevedo: “la silenciosa llegada de personas de fuera, metidos de lleno en la especulación con terrenos ejidales, algo que aún no sabemos qué consecuencias traerá”.
Ruiz López y su grupo prometen pagar a cada ejidatario de Ucú que acepte su oferta de cederle sus derechos, 323,300 pesos, por 1.8 hectáreas aproximadamente, que sería la parte proporcional que le correspondería a cada uno de las 690 hectáreas que están en la negociación.
Según Quintal Dzul, Ruiz López ya les adelantó 23,300 pesos a quienes aceptaron la oferta y el domingo deberá darles un primer pago de cien mil pesos en efectivo y 200, 000 en los siguientes meses.
“Si todos los ejidatarios aceptaran ceder sus derechos, él deberá de presentarse a la asamblea del domingo con 35.5 millones de pesos en efectivo, una situación muy rara”, advierte el dirigente.
Quintal Dzul dice que él y sus seguidores no firmarán la cesión de derechos y piden que se les respete 115 hectáreas que les corresponderían dentro de ese polígono de 690, y Ruiz López ofrece dárselas, pero fuera de esa extensión, en la ciénega.
“No lo aceptaremos e impugnaremos la asamblea”, indica Quintal. “En la Procuraduría Agraria ya nos dijeron que tenemos todas las de ganar”. (Continuará).—