Niños presos: la peor cara del “muro migratorio” que México pactó con EEUU

Eliana Gilet/ SPUTNIKNEWS

Niños, niñas y adolescentes extranjeros son privados de su libertad en México a pesar de no haber cometido ningún delito. Sputnik entrevistó a la abogada Daniela Reyes sobre el mecanismo que vulnera los derechos de esos pequeños migrantes, además de devolverlos en menos de dos semanas al país que los expulsó.

Reyes trabaja en el área de solicitantes de asilo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), que participó del litigio que un grupo de organizaciones civiles comenzó a raíz de la situación endémica de esos menores de edad.

Aunque las cárceles para niños migrantes se construyeron en México a partir de 2010, se presume que el aumento reciente de la represión al flujo migratorio que viene de la frontera sur del país en camino a Estados Unidos ha multiplicado estas detenciones ilegales.
Según datos de Unicef, entre 2016 y abril de 2018, México deportó a 60.000 menores de edad originarios de Centroamérica, sin mayor proceso que una entrevista. El número representa es el 91% de los niños que fueron detenidos por Migración en ese período; cifra que sube al 93% si sólo se consideran a los adolescentes viajando solos.

“Uno de los principales problemas que tenemos es la opacidad de los datos del Instituto Nacional de Migración (Inami) porque no son claros, no son abiertos y entonces no podemos saber exactamente qué fue lo que pasó con los niños”, señaló la abogada.

¿Cómo liberar a los niños detenidos en Ciudad de México?
La situación ganó más atención a partir del fallecimiento de una niña guatemalteca mientras estaba bajo custodia del Inami, el 15 de mayo de 2019, en un episodio que no ha sido del todo aclarado.

“Ese hecho nos motivó a elaborar un amparo judicial que permitiera que niños, niñas y adolescentes no estuvieran sometidos a detención migratoria, al menos, respecto a la de Ciudad de México”, explicó Reyes.
La Cmdpdh pudo presentar el caso a la Justicia junto con Sin Fronteras, la clínica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana y la Oficialía de Defensa de la Infancia, además de abogados y defensores de derechos humanos. De esta manera, se lograron una serie de medidas cautelares, formalmente llamada “suspensión definitiva”.

De acuerdo con estas resoluciones, tanto el Inami como la Procuraduría Federal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes deben:

Identificar a todos los niños, niñas y adolescentes detenidos en la Estación Migratoria Las Agujas en el Distrito Federal.
Implementar un plan de medidas alternativas a la detención al que estos niños puedan acceder
Verificar sus condiciones de reclusión, garantizar su derecho a no ser separados de sus familias, a tener una representación jurídica y al debido proceso en su defensa legal frente a una deportación.
“Lo que nos dimos cuenta después fue que la autoridad responsable de estas medidas no las cumplió”, contó Reyes.

¿Por qué no fueron liberados los niños migrantes presos?
Sin embargo, los niños siguen presos. Nii el Instituto Nacional de Migración ni la Procuraduría cumplieron el mandato judicial con las instrucciones sobre cómo actuar en esos casos.

“Tuvimos esa percepción del incumplimiento y comenzamos a documentarlo. Encontramos incongruencias en la identificación de los niños que había presentado Migración en una lista”, remarcó Reyes.
De los 150 nombres que allí aparecían, no había ninguno de los 38 niños que una semana antes habían participado en los talleres que la Cmdpdh imparte en la Estación Migratoria Las Agujas, denunció la abogada.

“La lista estaba amañada (alterada) de alguna manera para hacer inservible el resto de las medidas de protección que había dictado el juez, que no sólo era identificarlos sino que salieran de la estación migratoria”, sostuvo Reyes.

¿Negligencia?
Las medidas judiciales para proteger a los niños y garantizar sus derechos sólo tienen efecto para los que ya estaban detenidos en ese momento. Pero los procesos de deportación son muy rápidos en México y un niño puede ser expulsado del país en menos de dos semanas. Durante la época de la llegada de las caravanas al norte del país, según Reyes, las deportaciones se hacían en cuatro días.

De esta manera, lo más probable “es que no haya ya ninguno de los niños que estaban detenidos en ese momento”, porque ya hayan sido expulsados, dijo Reyes.

“El Estado mexicano tiene una obligación de protección reforzada en casos de niños, niñas y adolescentes, pero para eso, es necesario que puedan conocer sus derechos”, explicó. El problema es que los propios migrantes no son conscientes de las arbitrariedades que se cometen contra ellos.