La CNDH señala al Ejército por uso excesivo de la fuerza en abatimiento de seis personas en 2014
José Raúl Linares/Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 22VG/2019 en contra de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), por el supuesto “enfrentamiento” en el que participaron elementos del 102/o. Batallón de Infantería y civiles armados en el municipio de Luvianos, Estado de México, durante los últimos días de octubre del 2014.
Los hechos ocurrieron cuatro meses después de las ejecuciones extrajudiciales que cometió el Ejército en una bodega de Tlatlaya.
En la supuesta refriega murieron seis civiles, entre ellos, un menor de edad, aunque “pruebas de química forenses realizadas por la FGR (Fiscalía General de la República) a las seis armas que se encontraron próximas a las víctimas, determinaron que no fueron disparadas”.
La recomendación también estuvo dirigida al fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero así como al Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, por “violaciones a la legalidad, seguridad jurídica y a la procuración de justicia en agravio de sus familiares”.
Éstos –dicho sea de paso– manifestaron que no han podido acceder a la información necesaria para poder investigar lo que sucedió en el “enfrentamiento”.
A decir de autoridades mexiquenses, el 30 de octubre de 2014, una patrulla del Ejército fue agredida por balazos por civiles armados que tenían instalado un campamento en dicho lugar. Al repeler la agresión, militares y los presuntos delincuentes iniciaron un fuego cruzado que se prolongó por alrededor de 30 minutos.
A dos años del suceso que estuvo relacionado con las ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, la CNDH acreditó diversos indicios que condujeron al organismo autónomo a “cuestionar la legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza letal de elementos militares”.
En el proceso de investigación encontró otras irregularidades atribuibles al personal militar y de la Fiscalía Estatal, toda vez que el agente del Ministerio Público del fuero común omitió ejercer sus funciones de investigar, a pesar de haber acudido al operativo, para evitar el deterioro o contaminación de los indicios
Dentro del pliego de irregularidades, la CNDH también señaló que “los elementos militares no acreditaron que el empleo de la fuerza haya sido diferenciado y gradual para evitar daños excesivos a las víctimas, quienes fallecieron a causa de heridas mortales en órganos vitales e incluso algunas fueron por la espalda y no se encontraban frente a frente, lo que no corresponde con el supuesto enfrentamiento”.
Y tampoco “se realizó uso diferenciado de la fuerza letal, puesto que personal militar refirió disparar sin identificar claramente el objetivo, aumentando el riesgo de herir a terceras personas”, expuso la recomendación.
Con esta medida el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, deberá de responder por las actuaciones del 102/o. Batallón de Infantería, adscrito a la 22ª Zona Militar, quien era comandada por el general de brigada José Ricardo Bárcena Rosiles.