La lucha del FPRO y de las 186 familias en riesgo de ser desalojadas por intereses inmobiliarios en la CDMX
Colectivo Grieta, 14 de agosto
El pasado 26 y 27 de mayo el FPRO (Frente del Pueblo Resistencia Organizada) instaló un plantón a las afueras de las oficinas de la jefatura de gobierno que actualmente encabeza Claudia Sheinbaum. La jefa de gobierno recibió durante 10 minutos a las y los integrantes del FPRO. Durante ese tiempo la única preocupación de la funcionaria fue que no se manchara la figura de AMLO, pues el FPRO había declarado que Andrés Manuel López Obrador había escriturado de forma mañosa propiedades en San José Ticomán a las familias que compraron cuando él era jefe de gobierno del DF (diciembre de 2000 a julio de 2005).
Los integrantes del FPRO, en su mayoría mujeres, exigen justicia por una serie de agravios que han sufrido con cada nueva administración, de quienes no han recibido “más que engaños”. Las demandas del FPRO en “impartición de injusticia” son varias y algunas vienen de tiempo atrás: desde la exigencia de castigo a los autores materiales e intelectuales que el día 21 de noviembre del 2006 balearon a Ana Bertha Ríos en su lugar de trabajo cerca de la estación del metro Lagunilla mientras la policía observaba el acto criminal sin intervenir; la acusación injusta de Amalia Sandoval Onofre en el 2014 y la falta de resarcimiento moral y físico por parte del gobierno después de que ella pasara un año encarcelada injustamente acusada del delito de daños a la salud que le achacaron los Fajar Curí, una poderosa “familia que se cree dueña de la Colonia Aviación Civil”.
A la lista de agravios hay que agregar el engaño que padecieron los vecinos de San José Ticomán en la delegación Gustavo A. Madero en el 2002, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno del DF. AMLO escrituró amañadamente la posesión de vivienda y, actualmente, la Suprema Corte de Justicia revocó la sentencia de amparo y anunció la posibilidad de que los herederos de Salvador Estrada Leyva, de filiación priista, inicien juicios contra 186 familias que tienen las dichas escrituras de esta colonia en donde habitan. El abogado de estos herederos además ha entrado a la colonia a dividir y provocar enfrentamientos entre los habitantes.
Desde el surgimiento del FPRO en la ciudad de México, las distintas administraciones han intentado despojarlos de sus viviendas y terrenos distribuidos en distintas colonias populares que abarcan cerca de 5 municipalidades de la ciudad de México y área conurbada. Desde el año 2001 hasta el 2019, las casi 400 familias que integran el FPRO han sufrido la “simulación, los engaños, las acusaciones falsas y el amedrentamiento físico y verbal”. El FPRO surgió como una organización de izquierda que lucha por vivienda digna. Sin embargo a su agenda política se ha integrado la lucha por “impartición de justicia” y el “no a la impunidad” debido a los temas judiciales que han tenido que enfrentar. De igual manera han enarbolado el eje de “no a la miseria” en donde se contempla la vivienda como un lugar digno donde habitar, es decir que en su planteamiento se contempla que no haya maltrato a los jóvenes, a los niños, ni a los ancianos.
En entrevista Lucas, uno de los miembros más activos de FPRO, contó la embestida por parte de la administración actual contra las organizaciones que defienden la Ciudad de México y se empeñan por evitar que siga adelante el proceso de destrucción /despoblamiento, reconstrucción /reordenamiento bajo el auspicio del Gobierno de la Cuarta Transformacion en la Ciudad de Mexico. Cuenta que se sentaron en las mesas de diálogo con Sheinbaum en el momento en que entró su nueva administración para tratar de resolver las demandas, los engaños y las trabas burocráticas a las que se han tenido que enfrentar con respecto al problema de las escrituras de las familias de San José Ticomán. Han pasado seis meses sin que se resuelva nada. “Es por eso que las compañeras, principalmente, decidieron en la asamblea general hacer presencia con dos plantones. “Claudia Sheinbaum se comprometió a darle salida porque fueron AMLO y Ebrard quienes entregaron las escrituras a las familias de San José Ticomán después de que compramos. Luego se hizo la regularización y luego se emitieron sentencias. Estuvimos en la regularización con ellos porque son predios chiquitos de 65 metros y legalmente el código civil dice que no se puede legalizar sino tiene 90 metros cuadrados. Solamente un programa especial como el de la Dirección General de Regularizacion Territorial (DGRT) lo puede hacer”.
Lucas tabién explica que todo esto no ha sido fácil ya que toda la colonia forma parte de una herencia en la que la negociación se dio con el dueño mayoritario. El problema que ahora surgió se debe a que el dueño minoritario (Estrada Leya) demandó al gobierno del Distrito Federal mediante un amparo. Sin embargo los juzgados civiles habían logrado el registro de la propiedad y se emitieron escrituras que entregaron AMLO y Ebrard en el zócalo. “Entonces nosotros señalamos que si se les otorga todo en el amparo a estas gentes entonces nosotros llamaremos a juicio a AMLO y Ebrard porque fueron jefes de gobierno. Ellos firmaron y aceptaron, las entregaron. Eso quiere decir que fue un engaño, que ellos sabían de esa posibilidad y que se animaron hacerlo de todos modos con tal de decir que resolvían. Entonces nos engañaron”.
El FPRO también sabe quién está detrás de estas estrategias: “Detrás de todos los desalojos están las inmobiliarias” explica Lucas. Y es que la zona en pugna en San José Ticomán, donde viven 186 familias, significan 15 mil metros cuadrados por los que una inmobiliaria vinculada a los Estrada ofrece 200 millones de pesos, siempre y cuando se salga la gente de ahí. Cabe mencionar que además de familia Fajar Curi, quien demandara a Amalia Sandoval Onofre, tiene vínculos con el gobierno del Distrito Federal y la empresa inmobiliaria Quiero Casa.
El FPRO advierte el desprecio generalizado por las organizacione sociales que ha demostrado el actual gobierno de la Ciudad de México. “Hay una actitud ambivalente que se pliega a todo lo que diga AMLO, dejando pasar muchos asuntos importantes en la ciudad de México como la cuestión de la seguridad… Yo califico la actitud de Sheinbaum como parte de una política de simulación de atención a la ciudadanía”. El entrevistado explica como pasan 4 o 5 minutos a los grupos toman una o dos notas y los despachan. Sin embargo, cuando se planteó la situación en la que AMLO, Ebrard, Monreal y Padierna salían mal parados, entonces sí se vieron interesados en intervenir.
Después del plantón del 27 y 28 de mayo el FPRO decidió dar la lucha política y jurídicamente, movilizándose también, pero dando seguimiento a los procesos legales frente a los juzgados. El 3 de junio fue cuando la Suprema Corte de Justicia estableció la sucesión de Estrada contra las 186 familias en cuestión. Frente a esto, el FPRO advirtió que si la Suprema Corte otorgaba el amparo a los Estrada se iba a llamar a juicios civiles al presidente Andres Manuel López Obrador y a Marcelo Ebrard porque ellos firmaron y entregaron públicamente las escrituras en el Zócalo de la ciudad. El “día de la audiencia con la Suprema Corte nos dijeron que se iba a procurar que esto no se alargara, que iban a resolver rápido.” En ese momento dieron una fecha definitiva de resolución el martes 18 de junio, sin embargo hasta la fecha los compañeros de FPRO siguen sentados en la mesas de negociación. “Creemos que la justicia tiene que ser para el pueblo y no para una familia que durante más de 50 años de ha hecho rica con predios y bienes inmuebles como los Estrada. El gobierno actual dice que no pero está dejando actuar a las inmobiliarias”, afirma.
De momento se han centrado en establecer vínculos con otras organizaciones. Por ejemplo, hicieron un plantón frente a la cámara de diputados en contra de Dolores Padierna por el desalojo, robo y despojo del trabajo de la gente que sacaron del edificio Matamoros #118. Asimismo han recibido apoyo del Frente del Pueblo, el Sindicato Mexicano de Electricistas y de los compañeros de la cooperativa Cruz Azul, quienes tienen problemas porque los están intentando dejar fuera de la cooperativa.
El FPRO seguirá movilizándose y luchando socialmente por las 400 familias que están en riesgo de perder sus escrituras por la voracidad del capital inmobiliario.