Se reaviva la lucha de Zacualpan por la cancelación de dos concesiones mineras (Colima)
Foto: Ilustrativa
Pedro Zamora Briseño
Colima, México, Avanzada (15/08/2019).- El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito reactivó el juicio de amparo promovido por la Comunidad Agraria Indígena de Zacualpan, municipio de Comala, contra las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en busca de la cancelación de las concesiones mineras 227572 y 201872, que afectan parte de su territorio.
Interpuesto en marzo de 2015, el juicio de amparo 458/2015 fue sobreseído y declarado improcedente en noviembre de 2017 por el Juzgado Primero de Distrito, bajo la consideración de que “no hay elemento probatorio alguno del cual pueda deducirse que con la emisión de los títulos de concesión minera (…) se afectó en perjuicio de la parte quejosa su interés legítimo”.
Mediante un recurso de revisión, la comunidad de Zacualpan logró la revocación de esa sentencia por parte del tribunal colegiado, que en la resolución del amparo en revisión 84/2018, fechada a finales de junio de 2019, ordenó la reposición del procedimiento para que el Juzgado Primero de Distrito desahogue la prueba pericial en materia de topografía o agrimensura, así como en antropología.
Lo anterior, con el propósito de que cuente con los elementos suficientes que le permitan dilucidar si los títulos de concesión minera combatidos se encuentran dentro de los terrenos que pertenecen a la comunidad indígena quejosa, así como si esos sitios son considerados sagrados desde tiempos remotos para los integrantes del núcleo agrario peticionario del amparo.
A juicio del tribunal colegiado, con base en esos elementos el juzgado podrá determinar si se acredita o no la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, y si del resultado o desahogo de la pericial surgen nuevos elementos de convicción que deba recabar oficiosamente, actúe en consecuencia a efecto de allegarse de ellos”.
Originalmente, la demanda de amparo fue presentada por las directivas del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia, así como por integrantes del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan y la Asamblea por Usos y Costumbres.
Con asesoría jurídica de los abogados Claudia Gómez Godoy y Guadalupe Espinoza Sauceda, los peticionarios del amparo aseveraron que la concesión de una parte de las áreas pertenecientes a su comunidad vulnera los derechos al territorio indígena, a la protección especial de las tierras indígenas, a la consulta, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
Las concesiones 201872 y 227572 corresponden a los lotes Heliotropo, con una superficie de 100 hectáreas, otorgada en 1995 a Adolfo Pineda Martínez, y Tigrilla, con una superficie de 90.448 hectáreas, que tiene como titular a Mario Carlos Moncada Cantú, a quien le fue otorgada en 2006.
Los representantes de la comunidad de Zacualpan argumentaron que ambas concesiones se entregaron a personas ajenas a la comunidad y, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera, “otorgan el derecho a la exploración, explotación, disposición de minerales, disposición de los terrenos e incluso el derecho a obtener la expropiación de nuestro territorio, violentando con ello la protección especial que las tierras y territorios indígenas tienen tanto a nivel nacional como internacional”.
Citaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que cuando la propiedad de los minerales sea del Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
Así también, sostuvieron que son inconstitucionales los artículos 15 y 19 de la Ley Minera, pues el primero señala un plazo de 50 años de duración de las concesiones, prorrogables por otro periodo similar, lo que viola la Constitución, pues de forma desproporcionada impide a las autoridades cumplir con el deber constitucional de proteger las tierras indígenas, e impide que los principios constitucionales de rectoría estatal de la economía sean aplicados en beneficio sin discriminación.
En torno al artículo 19 los quejosos sustentaron que al otorgarse al tercero la concesión, se establece a su favor “un inédito derecho a la expropiación”, y se impone un trato injustificadamente discriminatorio y desigual que agravia directamente a la comunidad agraria de Zacualpan, sin garantizar el respeto a los derechos territoriales de los pueblos y las tierras indígenas.
Un año antes de la promoción del juicio de amparo, la asamblea de comuneros de Zacualpan declaró a esa comunidad como “territorio libre de minería”, luego de que una empresa pretendió explotar una mina de oro, plata, cobre y manganeso en el lote Heliotropo, pero las movilizaciones de los habitantes lograron detener el proyecto a través del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ).
Este movimiento es narrado por Alfredo Álvarez Ramírez en su tesis con la que obtuvo el grado de maestro en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.
En entrevista, Alfredo Álvarez consideró que la reactivación del juicio de amparo por la cancelación de las concesiones mineras tiene una gran trascendencia nacional para los pueblos que luchan contra el extractivismo, luego de que en el marco del modelo económico neoliberal que encabezaron el PRI y el PAN fue entregada una tercera parte de la superficie del país a la minería.
Estimó que la reposición del procedimiento ordenada por el tribunal colegiado coincide con la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador de no entregar más concesiones mineras y, en lo particular, abre la puerta para que se logre la cancelación definitiva de esas dos concesiones, pues el hecho de que se tomen en cuenta a los peritos en topografía y antropología brindará elementos para que se respeten usos y costumbres de la comunidad indígena.
“La cancelación de las concesiones es lo que daría seguridad y certidumbre a Zacualpan de que no habrá explotación minera, porque de lo contrario en cualquier momento podrían reactivarse los proyectos en esa zona, por lo que ahora los habitantes se mantienen en estado de alerta”, puntualizó Álvarez Ramírez.