Una batalla por la justicia ‘sin frontera’

Desde 2015, 42 mexicanos han sido asesinados por agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos en territorio mexicano. Todos están impunes. Seis familias han decidido llevar a las cortes de ese país su exigencia de justicia

Daniela Pastrana/ PIE DE PÁGINA
Fotos: María Ruiz, Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza y Southern Border Communities Coalition

Después de terminar un juego de básquetbol, José Antonio Elena Rodríguez caminó a su casa. Generalmente pasaba por su hermano mayor, Diego, que trabajaba en un Oxxo, pero ese día había salido temprano del trabajo. José Antonio pasó por la Internacional, una calle de Nogales paralela a la línea fronteriza que hace años divide una reja de acero. Desde el territorio estadounidense, por una de las líneas diagonales de la barda, el agente Lonnie Swartz descargó dos veces su arma.

Salieron 20 balas del arma de cargo del oficial de Estados Unidos, 10 de ellas impactaron en la espalda del joven de 16 años, cuyo cuerpo quedó tirado sobre el asfalto, desangrándose.

Eso fue el 10 de octubre de 2012. Han pasado casi 10 años y el asesinato sigue impune. El agente Swartz, el hombre que disparó, ha librado bien dos juicios. En el primero dijo que le disparó en defensa propia porque el muchacho lo atacó tirándole piedras desde el lado mexicano de la barda. “Para que el niño le diera tenía que haber sido Fernando Valenzuela”, dice en entrevista el abogado de la familia, Manuel Íñiguez López. Peor aún: debió tirarlas hacia atrás, porque las balas le dieron en la espalda. Pero nada de eso consideró el jurado, que no lo consideró culpable de homicidio en segundo grado.

En el segundo juicio, Swartz, que además es instructor de tiro, alegó que el arma se disparó por error. Lo que no explicó fue cómo se volvió a cargar sola, porque cada carga tiene 10 tiros y a José Antonio le cayeron dos cargas de balas. Pero, de nueva cuenta, el agente fue absuelto por un jurado.

“Ese agente destruyó una familia. Nos dejó marcados para el resto de la vida, donde quiera que voy siempre lo traigo presente, son dolores que siempre vana estar ahí”; dice su madre, Aracely Rodríguez.

“Lo peor de todo ha sido estar en una corte y ver a la persona que asesinó a tu hijo sonriente, saber que sigue con su vida y todavía tiene el descaro de mirarnos y burlarse, cuando le debería de dar vergüenza, y burlarse. Porque así fue: a nosotros no nos dieron el derecho a dar nuestra versión, llevaron de testigo a una viejita que no sabía ni qué mano levantar y que ahí mismo cambió la versión. Y Diego, mi hijo, tuvo que excusarse porque dijeron que la intimidaba con la mirada”.

El caso de José Antonio y el de Adrián Hernández, otro adolescente asesnado en territorio mexicano por un agente de la Border Patrol desde territorio estadounidense, llegarán a la Suprema Corte de los Estados Unidos donde se decidirá si sus familias, y las del resto de las víctimas de asesinatos transfronterizos, pueden o no demandar en cortes de este país, a pesar de su nacionalidad mexicana.

Es por eso que la abuela y la madre de José Antonio viajaron esta semana a la capital de México para entrevistarse con legisladores y funcionarios del gobierno mexicano y exigir un pronunciamiento en contra de la legalización de estos crímenes.

“Queremos que México tenga una comunicación con Washington y que diga que repudia los asesinatos en la frontera”, dice Aracely, sin lágrimas

La familia tiene el apoyo de la Corte 9 de San Francisco. Ahora, la Suprema Corte deberá decidir si con derechos constitucionales para demandar lo cual sería un referente importante de defensa de derechos humanos en líneas fronterizas.

“Si el caso tiene éxito y las familias pueden demandar sería una forma contundente de prohibir que se maten inocentes a través del muro. Si por el contrario las familias pierden el derecho a demandar, se legalizarían estos crímenes y se mantendría la impunidad, dando luz verde a más asesinatos trans-fronterizos, no sólo por parte de la patrulla fronteriza, también de grupos anti-inmigrantes”, dice un comunicado publicado por el Movimiento Migrante Mesoamericano, que acompaña a las familias en su periplo por las oficinas de legisladores mexicanos que les apoyen.

Un segundo frente se está peleando en la Fiscalía General de la República; la reanudación de la averiguación previa AP/PGR/SON-NOGII/972/2012 para solicitar la extradición del agente.

“Cuando ocurrió el asesinato se inició una averiguación, pero quedó ahí, sin avanzar. Queremos que se reactive y que se pida la extradición”, dice el abogado. “Ese hombre violó los derechos del niño pero también la soberanía mexicana”.

Como el caso de José Antonio, existen al menos seis demandas pendientes en Estados Unidos por asesinatos cometidos por agentes de la patrulla fronteriza desde los Estados Unidos en suelo mexicano. Todos siguen impunes.

“No hay represalias ni castigo, ni ha habido reacciones de las autoridades. Lo que queremos es que despierte México y que el gobierno proteja a sus mexicanos”, dice Aracely.

En el mismo sentido, Taide Elena, la abuela paterna de José Antonio, dice que la familia no está dispuesta a dejar de pelear. “Queremos justicia para ese niño, que (al agente) se le juzgue en Estados Unidos y en México”.

Taide Elena y Araceli Rodríguez en el Senado acompañadas por Martha Sánchez del Movimiento Migrante Mesoamericano. Asistieron para pedir el apoyo de senadores en el caso de José Antonio.

Combatir la impunidad en el caso de José Antonio es dejar un precedente para que no vuelva a pasar.

En 2014, un grupo de familiares y personas afectadas por la violencia de agentes fronterizos fundaron la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza ( The Border Patrol Victims Network – BPVN ) para buscar trabajar en solidaridad y acabar con la cultura de violencia e impunidad de los agentes que vigilan la frontera.

Desde su creación, la red se manifiesta tanto en México como en Estados Unidos. Uno de sus objetivos es crear memoria colectiva para que los asesinatos no queden en impunidad ya que de las 42 muertes que desde 2015 tiene conocimiento la red, no hay un solo detenido.

Piden se realicen investigaciones por abuso de poder de agentes fronterizos, que se reabran casos ya cerrados y que el gobierno estadounidense indemnice a las familias de las víctimas.

José Antonio Elena Rodríguez*
A José Antonio lo acribillaron desde una colina de Estados Unidos que se eleva a una altura de 12 a 15 metros sobre el nivel de la calle del lado mexicano, en Nogales, a cuatro cuadras de su casa.

Guillermo Arévalo Pedroza
Guillermo celebraba el cumpleaños de su hija en un picnic a la orilla del Río Bravo, en México. Agentes que realizaban vigilancia a bordo de una lancha patrullera le dispararon dos balazos, supuestamente por ser atacados con piedras por varias personas desde territorio mexicano.

José Alfredo Yáñez Reyes
José Alfredo estaba en un árbol cuando agentes fronterizos intentaban detener a tres hombres al cruzar la frontera. Le dispararon en la cabeza.

Ramsés Barrón Torres
La familia de Ramsés cuenta que cruzó la frontera de Estados Unidos a México para visitar a su novia en Nogales. Un agente fronterizo le disparó ya que estaba del otro lado cuando porque supuestamente le lanzaron piedras.

Sergio Adrián Guereca
Sergio observaba a unos chicos jugar cuando el agente le disparó porque supuestamente fue rodeado y agredido con piedras. A su familia le negaron el derecho a demandar por ser mexicanos y porque el hecho fue en México pero sus abogados apelaron en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y este mes tendrán que tomar una decisión.
Juan Pablo Pérez Santillán
Juan Pablo recogía ramas para prender una fogata y poder calentar tamales para quienes cruzaran nadando el Río Bravo rumbo a Estados Unidos cuando agentes de la Patrulla Fronteriza le dispararon.

*Los retratos son de la Southern Border Communities Coalition.

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