En Santa María la Ribera, en CdMx, más vecinos acusan al INVI de ser cómplice en el despojo de predios
Erick Baena Crespo/ SIN EMBARGO
En uno de los predios ubicados en la colonia Santa María la Ribera, con riesgo estructural y a punto del colapso, sus inquilinos viven otro drama: Ana María Yáñez Barraza, de 59 años, María de los Ángeles Cruz, de 59 años, y Celia Fragoso, de 78 años, además de su hijo Juan Nieves, de 46 años, fueron defraudados por Alicia Corona, quien se ostenta como dirigente y gestora de créditos de vivienda, con el aval del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).– En la calle de Fresno 240, colonia Santa María la Ribera, de la Ciudad de México, detrás de una puerta metálica negra, herrumbrosa, se ubica una vivienda en ruinas, de apenas 5 departamentos.
Para acceder a las viviendas hay que cruzar un pasillo angosto, flanqueado por una barda inclinada. La cuarteadura de una pared, recubierta por una delgada capa de yeso, tiene un agujero hondo, que se desmorona al deslizar la yema de los dedos, dejando caer un polvo color ocre al suelo.
En este predio, con riesgo estructural, a punto del colapso, sus inquilinos viven otro drama: Ana María Yáñez Barraza, de 59 años, María de los Ángeles Cruz, de 59 años, y Celia Fragoso, de 78 años, además de su hijo Juan Nieves, de 46 años, fueron defraudados por Alicia Corona, quien se ostenta como dirigente y gestora de créditos de vivienda, con el aval del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).
Todo comenzó hace 10 años, cuando una de las habitantes de Fresno 240 y 242 (el predio en conjunto abarca ambos números), convenció al dueño de iniciar trámites ante el INVI, para buscar la construcción de un conjunto de departamentos.
Ana María, junto a su esposo, Miguel Ángel Rodríguez Minor, de 61 años, renta el interior 1 desde hace 27 años.
Hace 10 años, Graciela Vizcaíno, quien falleció hace más de un lustro, y Graciela Santiago Pérez, se convirtieron en sus primeros representantes ante el INVI.
“Ellas nos prometieron gestionar la expropiación del predio y, luego, la construcción de viviendas nuevas”, cuenta Ana María.
En 2010, Alicia Corona, recomendada por Graciela Santiago, se presentó con los inquilinos y se propuso como su representante ante el INVI. Llegó con una promesa: gestionar de forma pronta la construcción de una vivienda en ese predio, valiéndose -les aseguró- de los contactos que tenía en dicha institución.
Así empezó la pesadilla inmobiliaria para los habitantes, quienes confiaron en ella y le firmaron un documento que la reconocía como su representante.
Corona inició las gestiones de compra-venta del predio ante el INVI. Guillermo Knochenhauer Müller, propietario del inmueble, afirman los inquilinos, se opuso a la figura de expropiación. Entonces Corona inició las gestiones de compra-venta del predio.
Para que la compra procediera, les aseguró Corona, los vecinos tenían que pagar la cuenta acumulada de agua y predial, deuda que el dueño se negaba a liquidar.
También les solicitó cubrir el pago de los dictámenes técnicos, además de otros estudios (mecánica de suelos y otros trámites, como antecedentes registrales, libertad de gravamen, entre otros), bajo el argumento de que el instituto no financiaba eso. No obstante, el numeral 4.6.2, de las Reglas de Operación (ROP) del INVI, establece un techo de financiamiento para la realización de diversos estudios.
Por ejemplo, para el Dictamen de Factibilidad Histórica, Artística y/o Patrimonial, se establecen 80 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México (UCCM). El valor de la UCCM “será el que se determine en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México del ejercicio fiscal vigente”. Para 2019 el valor de la UCCM es de 84.49. Si ese estudio se realizara hoy en día, se podrían solicitar hasta 6 mil 759.2 pesos.
Ana María, cuenta, le entregó a Corona la cantidad de 30 mil 191.40. Y no sólo eso, sino que aportó un monto extra:
“A mí me recibió un cheque por 40 mil pesos, para apartar una vivienda adicional a la que me correspondía, pues yo tenía a mi hijo aquí, viviendo conmigo”.
Después, Corona le dijo que el instituto le había quitado su derecho a una vivienda adicional. En ese sentido, el numeral 5 de las referida normatividad, “Otorgamiento de crédito”, en el apartado “Condiciones generales de aprobación”, especifica que para clasificar la demanda en el Programa Vivienda en Conjunto se seguirán -entre otras- las siguientes reglas:
“Demanda desdoblada. Procede sólo con los ocupantes del predio que con el carácter de cohabitantes constituyen una familia con independencia económica, sea cual fuere el parentesco que tengan con los jefes de familia reconocidos como demanda original, cuando puedan comprobar documentalmente que han habitado en la misma unidad de vivienda durante los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la primera visita de censo aplicada por servidores públicos de este Instituto. Para ello deberán presentar documentación oficial a nombre del cohabitante y éste debe ser distinto del titular original”.
Ana María, como demandante original, tiene derecho a solicitar una vivienda para su hijo, cohabitante. Y Corona, de forma arbitraria, le quitó ese derecho.
Ana María y su esposo aún no terminan de pagar el dinero invertido. Y no sólo han empeñado sus finanzas, sino también su salud. Miguel Ángel, su esposo, padece estenosis, una condición cardiaca que afecta las válvulas del corazón, misma que se ha agravado a raíz del conflicto.
“Nos lavó el cerebro, pues llevamos 10 años con ella, buscando vivienda y no hemos logrado nada”, se lamenta Ana María.
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Celia Fragoso vive en Fresno 240-242 desde 1974. Es la inquilina con más antigüedad en la vivienda. Cuenta que el primer “pago” que le hizo a Alicia Corona fue de 18 mil 340 pesos. Su hijo, Juan Nieves, que durante 20 años ha vivido en el interior 0, también entregó la misma cantidad. Y Celia no sólo habla de memoria, sino que tiene en su poder un documento que comprueba uno de los pagos.
El 23 de mayo de 2013, debajo de la copia de un cheque de caja, Alicia Corona firmó de recibido la cantidad de 25 mil pesos.
AQUÍ LA COPIA DEL CHEQUE:
“Mi mamá -cuenta Nieves- convenció al dueño de que nos vendiera el predio para que el INVI construyera un edificio de departamentos”. Y también cuenta con un documento que acredita su afirmación.
Knochenhauer Müller extendió una carta de derecho de preferencia de compra-venta a Celia Fragoso Díaz. En la carta, fechada el 15 de diciembre de 2008, Knochenhauer Müller externó su deseo de vender el inmueble y garantizó el derecho de preferencia a Fragoso Díaz, “para efectos de que usted si es su deseo compre bajo los términos de la siguiente oferta”. El precio de venta se fijó en 2 millones 500 mil pesos.
AQUÍ LA COPIA DE LA CARTA:
No obstante esa carta, el INVI entregó el inmueble a la asociación civil “Frente Unido de Organizaciones Sociales y Ciudadanos (FUOSYC), perteneciente a la organización Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática (MUP-CND), por conducto de su representante la C. Alicia Corona Díaz, representante de los beneficiarios del proyecto de vivienda en conjunto a desarrollarse”, como se lee en el acta de entrega-recepción para resguardo y custodia del inmueble -de la que SinEmbargo tiene copia-, fechada el 7 de diciembre de 2015.
En el acta aparece la firma de Knochenhauer Müller, en su calidad de “aportante”, legatario de la sucesión testamentaria a bienes de la señora Ángela Müller Montiel, y el nombre de Enrique Heras Mauleón, entonces director de asuntos inmobiliarios del INVI. Con ello, Corona se adjudicó, a través de FUOSYC, su asociación civil, la titularidad del predio.
AQUÍ LA COPIA DEL ACTA:
En ningún momento, afirman los inquilinos, Corona les informó de la existencia de la FUOSYC ni les notificó del acto de entrega-recepción.
“Lo único que nos dijo fue que el INVI iba a comprar el predio, pero que hacía falta aportar una cantidad extra para cubrir con los impuestos de la compra-venta”, cuenta Celia.
Los inquilinos le entregaron, cada uno, 18 mil 640 pesos a Corona, para el pago del terreno. Y así se adjudicó el destino y propiedad de un predio de 495 metros, con un valor catastral de $3,011,661.40. Negocio redondo.
“Si el INVI paga el terreno y los inquilinos los gastos, ¿por qué las institución permite que Alicia Corona se adjudique el predio?”, se pregunta Nieves.
Celia padece cáncer de mama y está en tratamiento. Dice que, a raíz de todo eso, sus problemas de salud se han agravado. Ella era propietaria de una estética y una fonda, mismas que vendió para financiar su vivienda.
Nieves ha sido defraudado por partida doble, pues además de entregarle dinero a Corona, ella lo sacó -sostiene- del padrón de beneficiarios.
En agosto del año pasado, Nieves se encontró con la señora Corona. La encaró:
-Dime la verdad, ¿se van a construir o no las viviendas? Si no se va a construir nada, regrésame todo el dinero que te di.
-¡Cómo crees! El próximo año inicia la construcción. Yo les aviso.
Es julio de 2019 y ellos no han recibido notificación alguna.
A Nieves le preocupa que, ahora, Corona, a través de su asociación, los despoje de su vivienda, los deje en la calle y manipule el padrón de beneficiarios.
“A mí un vecino de la calle me dijo que él le entregó a Corona 170 mil pesos para que le apartara un lugar en el edificio que construirán en nuestro predio. Y eso no se vale”, afirma Celia.
Pablo Sánchez Torres, esposo de Celia y padre de Juan, falleció hace un año 4 meses. Murió con la esperanza de tener una vivienda digna. Este año cumpliría 83 años.
“Mi padre se nos adelantó y mi mamá está enferma, además de que casi todas las vecinas tienen problemas de salud. Parecería que la señora Corona espera que fallezcan todos para que se le allane el camino”, conjetura Nieves.
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El proyecto de vivienda, explican los inquilinos, contempla la construcción de 16 departamentos y la rehabilitación de 4 más, cuya fachada -de acuerdo a los dictámenes- se considera sitio patrimonial. A la fecha, los inquilinos, demandantes de vivienda, no saben cómo se integrará el padrón de beneficiarios.
El numeral 4.6.2, “Medidas del INVI ante irregularidades cometidas por las organizaciones”, de las ROP, señala que las organizaciones sociales serán sujetos de observación durante la operación crediticia con el INVI, entre otros casos, “cuando intimiden a un solicitante, miembro de la organización, con darlo de baja si no accede a demandas ajenas a la gestión crediticia”. Y, en otro punto, se establecen sancionen en caso de que “realicen cobros por ‘asignación’ de viviendas o créditos”.
Corona incurrió en ambas irregularidades: solicitó cobros por asignación de viviendas e intimidó a los inquilinos en numerosas ocasiones. Además les ha exigido que abandonen el inmueble y que, en caso de que se opongan, no respetará el lugar que les corresponde por ley.
La última vez que la vieron les dijo: “Y ni le busquen, porque se quedan sin nada”.
Los vecinos temen que los desalojen a la fuerza, como ocurrió con una familia que habitaba el departamento 3, ubicado al fondo de la vivienda, ahora convertido en terreno baldío.
Tras el desalojo, Corona llegó un día -cuentan los inquilinos-, acompañada de un grupo de hombres, quienes demolieron la vivienda con marros.
Los vecinos sospechan que Corona demolió el departamento 3 para acelerar el proceso de construcción de los departamentos.
En septiembre de 2018, Corona les notificó a los vecinos que tendrían que abandonar el predio, pues la construcción de la nueva vivienda iniciaría a finales de ese año. No mostró documento alguno que respaldara sus dichos.
Corona instaló el pasado 20 de mayo de 2019 una lona afuera del predio. La lona, de vinil, tiene, incluso, el logo del INVI. En ella se lee: “Muy importante. No se deje sorprender por personas ajenas a la organización autorizada por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal. Frente de Ciudadanos CODA 1963 A.C. No hay lugares disponibles. En este programa de vivienda aquella persona u organización que trate de lucrar con nuestro programa se aplicaran las reglas operación (sic) correspondientes. Cualquier informe del programa dirigirse al INVI o con Alicia Corona”. Y al final, aparece un número de celular.
El INVI ha favorecido a líderes defraudadores, quienes administran los proyectos de vivienda social como propietarios de inmobiliarias particulares. Para muestra, el caso de Alicia Corona.
Cada uno de los inquilinos -calculan- le entregó a Corona más de 100 mil pesos en 9 años. Los vecinos le han solicitado al INVI la revocación de Corona como su representante sin que, hasta la fecha, hayan recibido respuesta alguna.
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María de los Ángeles Cruz habita la planta alta de Fresno 242. Hace 8 años el techo de una de las habitaciones colapsó, por lo que tuvo que instalar un techo de lámina y apuntalarlo con vigas de madera.
Ana María, Celia y María de los Ángeles cuentan que, en diversas ocasiones, funcionarios del INVI (a quienes identifican, pero se reservan los nombre, por temor a represalias), les advirtió que no “buscaran problemas con la señora Corona o se quedarían sin vivienda”.
Cada vez que se presentan en el INVI reciben la misma respuesta: nulo interés de las autoridades por su situación.
“Alicia venía y, cuando le pedíamos una explicación, se ponía como energúmena y nos decía: ‘Yo no tengo que darle explicaciones a nadie y menos a ustedes, que son unos ignorantes y no entienden cómo funciona ésto’”, denuncia María de los Ángeles. Ella ha padecido en carne propia los efectos de la estafa: “Soy diabética y, con todo esto, llegué a tener el azúcar hasta 550. De 87 kilogramos que pesaba bajé a 48”, cuenta.
El numeral 4.6.1, de las ROP, señala que serán sujetos prioritarios de crédito, entre otras condiciones, las personas de la tercera edad y los habitantes de viviendas de alto riesgo. En los casos de atención a la población de alto riesgo, como es el caso de los inquilinos de Fresno 240 y 242, “el Director General podrá exentar de alguno de los requisitos a que alude este numeral, asegurando que se cuente, cuando menos, con el Dictamen de Protección Civil correspondiente”.
En 2009, Protección Civil dictaminó que el predio Fresno 240-242 era un inmueble con alto riesgo estructural. Dicho dictamen fue autorizado, a través del oficio spc/sccppp/DGP/001378/2009, por el entonces director general de prevención Óscar Alejandro Roa Flores.
María de los Ángeles habita la vivienda en mayor peligro de colapso. A pesar de reunir las condiciones para exentar alguno de los requisitos, ella lo único que anhela es que el INVI rehabilite su vivienda y le otorgue un crédito que ella pueda liquidar a mensualidades. No ambiciona más.
“O se construyen las viviendas y el INVI corrige esta situación, o la vivienda nos sepultará vivas”, concluye.