La Minera San Xavier se deshace de cerca de 200 millones de toneladas de material sulfuroso dejando toda la responsabilidad a los ejidatarios (San Luis Potosí)
Fotografía: El Heraldo SLP
El Heraldo SLP
- Su estrategia fue utilizar un contrato de arrendamiento, el cual además de ser fraudulento es vergonzoso y perverso
De acuerdo con el asesor jurídico del FAO, Carlos Covarrubias Rendón, la empresa canadiense Minera San Xavier (MSX), nunca obtuvo las licencias de uso de suelo, de funcionamiento y de construcción, durante el tiempo en que estuvo operando en un área de 136 hectáreas, las cuales hicieron pasar como parte del municipio de Cerro de San Pedro, siendo que en realidad pertenecen al municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
El también activista ambiental manifestó que este acto por sí mismo implica una demostración del estado de ilegalidad en que la empresa operó con la más absoluta impunidad y sin que la autoridad ambiental actuara a favor de la legalidad y del medio ambiente.
Explicó que la MSX elaboró un contrato de arrendamiento con el ejido Palma de la Cruz, el cual además de ser fraudulento es vergonzoso y perverso, ya que en la Cláusula Novena la empresa se deshace de los cerca de 200 millones de toneladas de material sulfuroso cargado de metales pesados que por cientos de años van a estar generando drenajes ácidos, contaminando el aire el agua y la tierra, dejándoles absolutamente toda la responsabilidad a los habitantes del ejido.
Carlos Covarrubias refirió que de acuerdo con los compromisos que le impuso SEMARNAT a la MSX, como condición para poder operar su proyecto, la empresa ya debería de estar llevando a cabo la remediación del sitio, lo que es imposible, y que por lo tanto lo que hay que exigirle a la empresa son medidas efectivas de seguridad ambiental.
Indicó que por desgracia se sabe que la empresa no está dispuesta a invertir los millones de dólares que implica un proyecto de remediación, o mitigación, y que a fin de evitarlo está intentando hacer arreglos con los ejidatarios para concertar una indemnización por daños a sus tierras, inconformándose debido a que en este caso el problema no solo es ejidal, sino más bien de agravios a la biodiversidad, concluyó.