Grupos ecologistas cierran filas en torno a defensores del humedal, que denuncian amenazas por oponerse al City Center (Guanajuato)
Activistas no cesan en su lucha: ahora llevan el caso a la Comisión para la Cooperación Ambiental en el marco del (todavía vigente) TLCAN, para proteger las aves migratorias que cruzan los tres países
Martha Silva, POPlab/ 08 de mayo de 2019,
León, Guanajuato.- En rueda de prensa, Gustavo Lozano y Javier Sentiés, de “Acción Colectiva”, Celia Garza, de “Déjame Plantado” y Gabriela Arriola, de “Red Alebrije”, expresaron que siguen en la lucha por defender el humedal que se ubica dentro del Parque Los Cárcamos, al norte de la ciudad, el cual se verá afectado (de hecho, ya lo es) por el proyecto City Park, que consta de al menos tres torres de edificios de entre 16 y 20 pisos cada una, construidas entre dicho cuerpo de agua (humedal) y la Presa del Palote.
Dicha obra ya está en proceso, sin embargo, existe inquietud por la serie de irregularidades técnicas en su construcción y de que una vez concluidos, los edificios representarán un riesgo para las aves que migran entre la presa y el humedal, siendo que algunas de ellas están protegidas y otras incluso, son endémicas, es decir, que no se encuentran de forma natural en ninguna otra parte del mundo.
Por ello, y en vista de la poca respuesta de autoridades locales, estatales y federales (la Dirección General de Gestión Ambiental municipal, el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) los activistas presentaron una nueva denuncia del caso: la petición sobre aplicación efectiva de la legislación ambiental en América del Norte, ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA).
Aunque el diagnóstico de dicho organismo no implica una resolución de la controversia, representa la oportunidad para que un gobierno brinde información sobre sus actividades y decisiones sobre la aplicación de la legislación ambiental, algo que Acción Colectiva y el resto de los grupos ecologistas reunidos en la “Plataforma Salvemos el Humedal…” han pedido, especialmente al Gobierno municipal de León, el cual habría brindado permisos a la empresa sin ser autoridad competente.
Dicha petición también serviría para elaborar un expediente de hechos, un informe objetivo elaborado por la CCA para presentar información sobre los hechos de la solicitud.
La petición fue enviada el 16 de abril, por lo que el Secretariado de la CCA cuenta con treinta días para examinarla y determinar si ésta satisface los requisitos establecidos en el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN).
Reconocen amenazas, se deslindan de intereses
Los activistas pidieron enfocarse en la lucha por la defensa del humedal y por el propio futuro del parque, aunque reconocieron que por oponerse a este proyecto, valuado en 400 millones de dólares (unos 7 mil 600 millones de pesos) han recibido distintos tipos de amenazas, desde acoso y promoción del hashtag #MataUnActivista, hasta llamadas telefónicas y mensajes de personas identificadas. También ha habido robo de equipo de cómputo y cámaras en el domicilio de uno de ellos.
Por el acoso y amenazas, Celia Garza comentó que se levantó una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
“Por eso la gente tiene miedo”, dijeron, aunque vecinos de la obra les han denunciado anónimamente que la construcción continúa durante la noche, provocando que tiemblen las casas y que crezca el temor de que las estructuras se hundan.
También se deslindaron de las acusaciones de que haya empresarios contrarios a los de México Retail Properties detrás de su activismo ambiental.
Gabriela Arriola, quien ya fue victimizada por las autoridades durante las protestas por el aumento al transporte público y tiene medidas cautelares para proteger sus derechos humanos, declaró:
“No estamos en contra del desarrollo, solo hay que medir el impacto ambiental”.
A pregunta expresa si hay oposición de parte de los activistas a la creación de empleos y a otros beneficios sociales que presuntamente traería el proyecto, respondió: “No hay estudios sociales”, lo que sí es visible en toda la ciudad es el fenómeno de la gentrificación, donde se desplazan negocios y viviendas locales, para beneficiar a grandes cadenas comerciales. Y este caso, además, se trata de espacios públicos de los que la ciudad está necesitada, espacios que no deben ser concesionados o condicionados.
“La república autónoma de León”
Gustavo Lozano hizo énfasis en que la obligación de vigilar las condicionantes del proyecto la tiene la autoridad, la cual, sin embargo, se ha prestado (al menos extendiendo plazos y siendo omisa) a que haya todo tipo de irregularidades, desde fallas al debido proceso, actuación fuera de procedimientos (emitiendo respuestas de oficios antes de que estos lleguen) hasta permitir que sea la propia empresa México Retail Properties la responsable de denunciarse a sí misma cuando incumpla con los requisitos.
Incluso, comentó que el municipio no respetó la división de poderes, y otro sujeto obligado en la discusión, la Semarnat, está prácticamente borrada “No la vemos por ningún lado”.
(No entienden) “que no se trata de proteger a las aves, de poner santuarios, se trata de la sobrevivencia humana, de la lucha contra la depredación de los recursos naturales en nombre del desarrollo”.
Por ello es importante que ACAAN conozca el caso: “seguro no les gustará que sus patos migren, vengan a México y no regresen”.
Solidaridad entre activistas
Las asociaciones del medio ambiente que expresaron su apoyo a los defensores del humedal Los Cárcamos tienen sede en los estados de México, Baja California, Chiapas, Colima y Guanajuato, así como la Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, en tanto que las redes incluyen a los Abogados Animalistas de México, Agrupaciones por los animales de México, Asociaciones Protectoras de Animales de México, la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
Una de estas organizaciones fue la Hermandad de la Cuenca de Independencia, colectivo de organizaciones de municipios al norte del estado con sede en Dolores Hidalgo, la cual el pasado fin de semana expresó su solidaridad con la defensa de la cuenca, “ya que esta viola impunemente las condiciones impuestas por la autoridad y afecta negativamente el equilibrio ecológico de esta importante área natural” en León.
“Es muy grave que en nombre del desarrollo y de intereses de los grandes inversionistas, se siga destruyendo el medio ambiente”, por ello, continuó su comunicado, “manifestamos nuestra inconformidad” hacia las autoridades “por emitir autorizaciones ilegales para la construcción del proyecto City Center”. El proyecto será nocivo para todas las personas, afirmaron, “incluidos los inversionistas y los potenciales usuarios”.