La descarrilada Transición Energética en Yucatán
I Escenario yucateco es reconocido por el alto potencial de sus recursos naturales
Jazmín Sánchez Arceo e Ivet Reyes Maturano
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya
Viernes 22 de febrero, 2019
Yucatán es mundialmente reconocida por su cultura maya y su gran biodiversidad, que además de darnos hogar y ser motivo de orgullo, atrae a millones de turistas, aloja una de las reservas acuíferas más importantes del mundo, así como selvas y humedales que son fundamentales para la vida y protegernos ante eventos meteorológicos que se intensifican a consecuencia del cambio climático.
Hoy en día también es reconocida por el alto potencial de sus recursos naturales para la generación de electricidad a gran escala, “pues su viento y radiación solar, son un tesoro para la llamada Transición Energética de México”. La Transición Energética debiera garantizar un acceso sostenible a la energía sin comprometer el futuro de las próximas generaciones; sin embargo, su camino acelerado y sinuoso ha hecho escala en Yucatán con más de 20 megaproyectos eólicos y solares, que generan conflictos y atentan contra la sostenibilidad de la península, de sus ecosistemas, de sus comunidades, e incluso contra el futuro deseable de la Transición Energética.
¿De qué trata la Transición Energética?
Se refiere al camino de transformación del sistema energético, hacia uno bajo en carbono, más eficiente, responsable, equitativo y sostenible en el tiempo. La Transición Energética es una necesidad global ante el aumento significativo de la temperatura del planeta, causado principalmente por el excesivo y asimétrico consumo energético de la sociedad moderna industrial, basado mayoritariamente en combustibles fósiles.
En la Transición Energética, los proyectos de energía renovable juegan un papel protagónico –y de paso han encontrado una de las oportunidades de negocio más atractivas–. Hablar de ella es un tema novedoso y con notaciones meramente positivas, pues en el imaginario colectivo lleva a la asociación inmediata y casi exclusiva del uso de tecnologías menos contaminantes y más amigables con el planeta. Si bien su espíritu y vocación original obedecen al cuidado socioambiental y a un futuro sostenible, su realidad es mucho más compleja, porque su materialización y desarrollo dependen en gran medida de las políticas públicas diseñadas para su cauce, las cuales no necesariamente son equilibradas e integradas (social, cultural y ambientalmente) y generalmente están sometidas a la fuerte presión del interés económico.
Escenario yucateco
En menos de cuatro años, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado permisos para que en el estado se desplieguen al menos 22 megaproyectos de energía renovable: 10 parques solares y 12 parques eólicos.
De acuerdo a dichos permisos, tales proyectos ocuparán, en conjunto, más de 11 mil hectáreas de al menos 23 municipios de Yucatán, entre los que destacan Motul, Ixil, Kanasín, Acanceh, Buctzotz, Tizimín, Sinanché, Yobaín, Dzilam de Bravo, Telchac Pueblo, Progreso, Suma, Cansahcab, Muna, Sacalúm, Ticul, Valladolid y Peto.
Este extenso y rápido despliegue de permisos implica que en pocos años el paisaje de Yucatán se vería modificado por la instalación de al menos dos millones de paneles solares (que requieren una radical eliminación de la cobertura vegetal y, por ende, de sus servicios ecosistémicos), además de más de 300 aerogeneradores, que alcanzarán entre 180 y 237 metros de altura. Estos proyectos están en diferentes fases de desarrollo, siendo los parques eólicos de Dzilam de Bravo y de Tizimín los ya construidos. Asimismo, el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), ha proyectado que en la Región Peninsular lleguen a instalarse 32 proyectos (21 parques eólicos y 11 parques solares) en 2032, lo que implicaría la instalación de al menos 700 aerogeneradores y cuatro millones de paneles solares.
El modelo de desarrollo de este tipo de megaproyectos, con la ausencia de una planeación integrada y respetuosa del territorio, descarrila a la Transición Energética de su búsqueda de un acceso a la energía equitativo y sostenible.
https://www.lajornadamaya.mx/2019-02-22/La-descarrilada-Transicion-Energetica-en-Yucatan
II Se autoriza gran número de proyectos con potencial energético en zonas ecológicamente sensibles
Jazmín Sánchez Arceo e Ivet Reyes Maturano
Foto: Notimex
La Jornada Maya
Lunes 25 de febrero, 2019.
La materialización de más de 20 megaproyectos eólicos y fotovoltaicos en Yucatán, que en principio contribuirían a reducir los efectos del cambio climático, han sido desarrollados bajo modelos que faltan gravemente a la aplicación efectiva de herramientas reconocidas internacionalmente y consideradas en la legislación nacional. Estas herramientas procuran la sostenibilidad en el desarrollo, la vocación territorial y el cumplimiento de los derechos humanos y colectivos de sus habitantes.
En los últimos cuatro años se han otorgado permisos ambientales sin contar con una evaluación de los impactos socioambientales, acumulativos y sinérgicos, que en su conjunto tendrán a nivel regional, y sin que ninguna autoridad (federal o estatal), haya realizado un proceso de planeación estratégico y regional, tal como es una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), incumpliendo también una obligación legislativa nacional. Entre otras cosas, la EAE puede derivar en directrices útiles que permitan determinar la capacidad de carga socioambiental del territorio, así como los límites y las medidas de regulación y control para un desarrollo ordenado (ver La Jornada Maya del 5 de octubre de 2018).
Ante este desequilibrio, los proyectos derivados del modelo de Transición Energética (TE) en México, paradójicamente, ponen en riesgo los recursos naturales y el futuro sostenible de la región. Este es el caso que se observa con los parques eólicos de Dzilam o Tizimín, que fueron situados en áreas de importancia para las aves, y apenas en las afueras de la Reserva Estatal de Dzilam de Bravo y de la Reserva Especial de la Biósfera Ría Lagartos, ambas con humedales de importancia internacional y refugio de anidación del simbólico flamenco rosa en Yucatán. O como los parques solares en Muna, que tendrán que deforestar más de 600 hectáreas de selva baja en buen estado (más de medio millón de árboles) para la instalación de paneles solares.
¿Cómo se descarriló la TE en México y en Yucatán?
La Reforma Energética aprobada en diciembre de 2013, definió el modelo mexicano de la Transición Energética, con un diseño y marco legal centrados en impulsar, desde la inversión privada, la generación de energía eléctrica “limpia”. Sin embargo, esta Reforma estuvo lejos de contar con una visión integral encaminada a un cambio estructural del sistema energético hacia otro más sostenible, equitativo, justo, eficiente y de consumo responsable. La prioridad giró en torno a la creación de un mercado económico mayorista, en donde la energía que se comercializa a supuestos precios competitivos favorece a las más grandes empresas y no necesariamente a los consumidores domésticos, ni a las pequeñas y medianas empresas.
Bajo este modelo, las llamadas Subastas de Largo Plazo han sido los instrumentos clave para la captación económica acelerada en megaproyectos de energía renovable, ya que a través de ellas la administración de Peña Nieto otorgó contratos de al menos 20 años a los grandes capitales como “oportunidad” para que desarrollen y financien en territorio mexicano sus centrales eléctricas. Tales subastas se enmarcan con base en reglas técnico-económicas, sin considerar los contextos sociales, ambientales y culturales de las diferentes regiones del país. Como resultado, se autoriza un buen número de megaproyectos en zonas con alto potencial energético, pero también en zonas ecológicamente sensibles y territorios indígenas. Así fue que en marzo de 2016, con tan sólo la primera subasta realizada en la historia de México, la mitad de los contratos otorgados aterrizaron en Yucatán, ante la sorpresa y desconocimiento de la región, de sus comunidades e incluso de los gobiernos estatal y municipal.
Si bien la idea de precios bajos es atractiva para todos, también sabemos que tiene sus restricciones, y al final lo barato resulta más caro: así, el modelo de la TE que prevalece en México buscó atraer la inversión de los grandes capitales privados a un nuevo mercado energético, pero sin contemplar los costos que una planeación no integrada ni estratégica cobrarán a la sostenibilidad de los territorios y a sus poblaciones locales.
Este descarrile va más allá que el enfoque de la TE se haya reducido en gran medida a un tema económico, donde el negocio es de los grandes capitales; lo preocupante es que, de atender la TE como una necesidad global y no direccionarla a su vocación original, se alejará cada vez más de su potencialidad de incidir en un verdadero desarrollo sostenible en México.
De continuar el mismo modelo, seguirán comprometiéndose recursos naturales locales y regionales, rompiendo el tejido social y violando los derechos de las comunidades locales e indígenas, a través de un supuesto avance ágil de megaproyectos como los que se viven en Yucatán, inmersos en un mecanismo de otorgamiento de permisos, seriamente cuestionables por su falta de transparencia, pobre rigor científico y bajo nivel de cumplimiento a los estándares internacionales.
https://www.lajornadamaya.mx/2019-02-25/La-descarrilada-Transicion-Energetica-en-Yucatan
III Presiones socioambientales
Jazmín Sánchez Arceo e Ivet Reyes Maturano
Foto: La Jornada Maya
La Jornada Maya
Miércoles 6 de marzo, 2019
Atender la Transición Energética (TE) como una necesidad global debiera ser una prioridad para los nuevos gobiernos. Las nuevas administraciones, tanto federal y estatal, tienen hoy la obligación de redireccionar el modelo actual de la TE, resultado de la Reforma Energética de 2013, cuya política ha ignorado los contextos regionales, ambientales y culturales. También ha comprometido sistemáticamente recursos naturales, fomentado el despojo territorial, trasgredido el tejido social y los derechos humanos y colectivos, de las comunidades locales e indígenas, como se observa ya en algunas comunidades mayas del estado. En Yucatán, con el desarrollo de más de 20 megaproyectos eólicos y solares, sin un proceso de planeación y evaluación integrada y estratégica, en menos de cinco años se ha documentado una serie de presiones socioambientales. Estas presiones son debidas a la temporalidad de los procesos de licitación de los proyectos y a los fuertes intereses económicos -privados e internacionales-, aunados con la falta de capacidad interinstitucional a nivel estatal para incidir efectivamente en la TE, y en la preservación y cuidado del territorio. Todo esto, ha dado pie a prácticas inescrupulosas, como el acaparamiento y control de tierras de uso común, así como negociaciones totalmente asimétricas entre los desarrolladores de los proyectos y las comunidades, que se reflejan en la celebración de contratos leoninos para las comunidades, y hasta de acoso, agresiones verbales y físicas, para pobladores que cuestionen los megaproyectos o se opongan a estos.
Parque fotovoltáico Ticul
Un ejemplo claro es el caso de la comunidad de San José Tibcéh, en el municipio de Muna (parque fotovoltaico Ticul, A y B), con violaciones a los derechos humanos de sus habitantes. Estas faltas fueron señaladas en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diciembre de 2016, y también documentadas en septiembre de 2018, en el informe de la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz: Situación de los derechos de los pueblos indígenas en México. Y a pesar de ello, la empresa Sun Power sigue atropellando los derechos de ejidatarios mayas de esa comunidad, que han denunciado el despojo de sus tierras, tal como sucedió apenas este 25 de febrero cuando, en audiencia en el Tribunal Unitario Agrario, la empresa puso en duda ante el juez la identidad de los demandantes que, en pleno ejercicio de sus derechos, solicitaban un traductor al maya (Acta de Audiencia, expediente: TUA 34-1590/2019).
El caso de San José Tibcéh no es único, sino más bien paradigmático de las repercusiones de la política de TE en Yucatán, y reflejo de cómo instrumentos legales y de protección a derechos humanos, tales como el derecho a un medio ambiente sano y el de la libre determinación de los pueblos indígenas, entre otros, han faltado a su objetivo en la aplicación real y a nivel local. Las principales causas de estas inconsistencias, además del modelo político de la TE, es el marco legal que permite la falta de transparencia, la carencia de rigor científico y un bajo cumplimiento a los estándares internacionales. Entre estos mecanismos destacan la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la Evaluación de Impacto Social (EvIS) y la Consulta Indígena.
Todos estos instrumentos, que si bien están incluidos en la legislación, son poco eficaces y su implementación local dista de permitir que las comunidades locales puedan definir el tipo de desarrollo que desean y, por el contrario, se han convertido en procesos burocráticos, para dar legalidad y avance de los megaproyectos, pese a contravenir derechos humanos.
Por ejemplo, siendo la EvIS un documento central para la definición de las comunidades sujetas al proceso de Consulta Indígena, no es de acceso público, ni cuenta con una verificación independiente. Así, fue que para el Parque Eólico Tizimín, pese a la existencia de población indígena en la cabecera municipal, la Consulta Indígena sólo se hizo en cuatro pequeñas comunidades, en un tiempo récord de tres meses, dejando fuera a otras comunidades cercanas al proyecto, como son Dzonot Carretero y El Cuyo, además de ignorar también su cercanía de la Reserva Especial de la Biósfera Ría Lagartos.
En el caso del Parque Solar Yucatán, a tan sólo seis kilómetros de Valladolid, la Consulta Indígena también se hizo solamente en dos pequeñas poblaciones (Ebtún y Cuncunul), ignorando la opinión de otras comunidades y de la misma cabecera municipal. Además, tanto la MIA, como la EvIS y la Consulta Indígena, pasaron completamente por alto la existencia de un cenote sagrado en el polígono del proyecto, que ha tenido uso como sitio ceremonial ininterrumpido desde hace dos mil 300 años (Reporte del V Simposio de Cultura Maya, diciembre 2018), desestimando los riesgos e impactos al patrimonio biocultural de la zona. Cabe señalar, que en la MIA, el cenote se redujo al término “oquedad”, y en la EvIS se reportó como “cenote, carente de agua”
https://www.lajornadamaya.mx/2019-03-06/La-descarrilada-Transicion-Energetica-en-Yucatan—3-de-6–
IV Deforestación para parques fotovoltaicos
Jazmín Sánchez Arceo e Ivet Reyes Maturano
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán/La Jornada Maya
Martes 12 de marzo, 2019
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en un sentido amplio, es una herramienta de política pública ambiental que, en forma de proceso, debe brindar la oportunidad de planear el desarrollo de acciones que atiendan ciertos propósitos de infraestructura para cubrir necesidades humanas, sin socavar la vocación y capacidad de carga socioambiental del territorio, procurando el cuidado de sus recursos naturales, funciones ecológicas y sobre todo los medios de vida que dependan de éstos. Así, por ejemplo, en el caso del aprovechamiento de las energías solar y eólica, las consecuencias ambientales son dramáticamente diferentes entre proyectos pequeños (ej. la instalación de paneles en casas), y los megaproyectos, con dimensiones de hasta miles de hectáreas, con la intención de generar electricidad para otras regiones y poniendo en riesgo áreas sensibles como son humedales, anillo de cenotes, selva baja, sabanas y áreas costeras de Yucatán.
En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es la institución federal responsable de evaluar la ejecución de la EIA para este tipo de proyectos. La Semarnat define que el objetivo de la EIA es prevenir, mitigar y restaurar los daños al medio ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y la salud humana [www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/impacto-ambiental-y-tipos/definicion-y-objetivo]. En la realidad y en el contexto de la Transición Energética en México, tal y como se observa en la evaluación de estos megaproyectos eólicos y solares en Yucatán, la EIA se ha reducido a niveles mínimos, incluso hasta llegar a considerarse como un trámite o requerimiento administrativo y legal, a través de un documento llamado Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).
Las fallas estructurales observadas en la EIA de los proyectos de energía renovable y solar, tal y como hemos observado, radican en temas de falta de transparencia, de participación ciudadana, de aplicación de metodologías científicas rigurosas y de verificaciones independientes. Estas fallas terminan contraviniendo el objetivo de sostenibilidad que dio origen a la EIA y, por lo tanto, contribuye a descarrilar una Transición Energética hacia modelos de producción (y consumo) de electricidad que contribuyan a cuidar efectivamente el medio ambiente local y regional. Algunas de las características frecuentemente observadas son las siguientes: la omisión del análisis real de alternativas respecto a sitios, diseños, tecnologías y modelos; se priorizan medidas insuficientes de mitigación o compensación, en lugar de enfocarse en la prevención; hay una atención deficiente a los diferentes impactos socioambientales, desdeñando impactos directos, secundarios o acumulativos, frente a los sobredimensionados beneficios económicos; no existen mecanismos públicos de vigilancia al cumplimiento de las medidas de mitigación y compensación durante los procesos de construcción y operación de los megaproyectos durante los próximos 20 o 30 años; se minimiza la participación ciudadana y de las autoridades locales, conocedores de su región, a pesar de existir algunos espacios para recibir sus opiniones.Deforestación para parques fotovoltaicosUn ejemplo de todo esto es, en el caso de parques fotovoltaicos, la propuesta de deforestar cientos de hectáreas de selva baja, en lugar de buscar territorios ya impactados anteriormente. Más concretamente, en el parque Yucatán Solar (municipio de Valladolid) se propone la deforestación de más de 200 hectáreas, con una tala aproximada de mil 260 ejemplares arbóreos y cinco mil 786 arbustivos por hectárea. La MIA no consideró la pérdida de regulación de la humedad y de la temperatura en la zona, así como la protección contra viento o huracanes. Tampoco atendió la vulnerabilidad de las comunidades aledañas debido a la afectación a las actividades de milpa y apicultura, pese a que es un área de alta vegetación leñosa y de alta riqueza de especies melíferas. En el caso de los parques Ticul A y Ticul B (municipio de Muna), se decidieron hacer dos MIAs para evitar el análisis del impacto acumulativo por la deforestación de más de 500 hectáreas de selva y la tala más de medio millón de árboles.El caso de los parques eólicos tiene otras aristas en las que se descuidan, por ejemplo la cercanía con reservas naturales, los pesados cimientos de las torres eólicas el territorio kárstico y sus posibles consecuencias en las corrientes acuíferas subterráneas, o los efectos de la operación de las turbinas sobre las aves y los murciélagos. Para los parques eólicos Dzilam Bravo y Tizimín no se mencionan los efectos de su ubicación en territorios cercanos a cenotes, manglares o incluso a la Reservas Estatal de Dzilam de Bravo y Especial de la Biósfera Ría Lagartos. Tampoco presentaron estudios con metodologías adecuadas para analizar el riesgo de colisiones de las aves locales y migratorias. La presencia de 12 parques eólicos a lo largo de la región norte de Yucatán tampoco es analizada por sus impactos acumulativos.Todas estas deficiencias en los procesos de EIA para los megaproyectos de energía renovable desvirtúan su objetivo primario. La falta de una ejecución responsable los ha reducido a un mero trámite burocrático con fuertes omisiones, cuando debieran ser clave en la construcción de un desarrollo sostenible. No sólo ponen en duda al proceso mismo, sino también a la actual Transición Energética que se plantea para Yucatán.
https://www.lajornadamaya.mx/2019-03-12/La-descarrilada-transicion-energetica-en-Yucatan–IV-de-VI-
articulacionyucatan@gmail.com
V La transición energética en Yucatán debe formar parte de un modelo de desarrollo sostenible nacional
Alfonso Munguía Gil
Foto: Fernando Eloy/La Jornada Maya
Martes 26 de marzo, 2019
Los ordenamientos ecológicos (OE), son una herramienta para la planeación y gestión integral del territorio y de sus recursos naturales, sociales, culturales, económicos, etc. Se enmarcan en la Ley Federal de Protección al Ambiente y en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, por lo que son un instrumento de política ambiental obligatorio para los programas de desarrollo nacional y representan una herramienta de convergencia estado-sociedad, fundamental para establecer las bases para el uso del territorio en dirección de un desarrollo sostenible.
En Yucatán hay dos Programas de Ordenamiento Ecológico: el del Territorio de Yucatán (POETY) y el del Territorio Costero de Yucatán (POETCY), ambos decretados en el año 2007, y el último modificado en 2014. Estos dos instrumentos legales determinan -en función de la fragilidad y potencialidad del territorio, así como del estado de conservación de sus servicios ambientales-, las áreas del territorio destinadas a la conservación o a un aprovechamiento sustentable, dichas áreas se denominan Unidades de Gestión Ambiental (UGAs). La actividad socioeconómica que se desarrolla en las diferentes UGAs está regulada por políticas específicas llamadas Criterios de Regulación Ecológica, los cuales definen el modo y la intensidad en la que el territorio está posibilitado para recibir actividades productivas, de servicios, de infraestructura y vivienda.
El fomento de la creación de los OEs y el respeto a sus regulaciones, nos permitirían, como sociedad, la posibilidad de que las futuras generaciones aprovechen el territorio sin agotar sus recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Por el contrario, su inexistencia o incumplimiento está llevando a la humanidad a enfrentar problemas que ponen en riesgo su propia subsistencia, tales como el cambio climático o el agotamiento y contaminación de suelos y agua, de donde emanan los insumos para su propia alimentación.
Paradójicamente, el proceso de transición energética en Yucatán también está abonando a esta problemática, ya que el desarrollo de proyectos eólicos y fotovoltaicos de gran escala está planeado desde la violación al POETY y al POETCY.
Por ejemplo, los parques eólicos de Dzilam de Bravo, Progreso y Chicxulub (éste último en municipios de Ixil, Motul y Progreso), están instalados o planeados en UGAs catalogadas como de conservación; a su vez el eólico de Tizimín está en una UGA de aprovechamiento nivel uno. En efecto, de acuerdo con el POETCY (2014), estos ecosistemas son aptos para el turismo de bajo impacto, para la observación de fauna y aves, para favorecer la producción orgánica y donde no se permite el uso de maquinaria pesada ni explosivos, por ser el suelo apto sólo para la extracción artesanal de piedra (criterios 27, 28, 29, 39 y 46). Las violaciones a los OEs son evidentes, pues los mismos desarrolladores de los proyectos indican en sus Manifiestos de Impacto Ambiental (MIAs) que usarán maquinaria pesada y explosivos para la construcción de las grandes cimentaciones que requiere cada una de las gigantescas turbinas eólicas, además de no presentar estudios geológicos, hidrológicos y de fauna con el detalle y extensión requeridos por el POETCY (criterio 65).
Por su parte, los parques fotovoltaicos Yucatán Solar (Valladolid), Ticul A y B (Muna) y San Ignacio (Progreso), también contravienen los OEs. Por ejemplo, el primero realizará el desmonte de 200 hectáreas de selva recuperada, incluyendo despalme y compactación del suelo. Esto contraviene los criterios de protección y conservación de las UGAs que, de acuerdo al POETY (2007), son compatibles con usos de suelo tales como la agricultura, asentamientos humanos, turismo alternativo, actividades cinegéticas y agroforestería. El parque de San Ignacio, por su parte, pretende ubicarse en una UGA señalada por el POETCY como de conservación, donde el uso de suelo industrial no está permitido.
Uso de recursos bajo el desarrollo responsable y sustentable
En el contexto del cambio climático, es urgente que el uso de los recursos del territorio se encamine en dirección de un desarrollo responsable y sostenible, y los OEs son una herramienta disponible que avanza en este sentido. En Yucatán, de acuerdo a los criterios de regulación ecológica aplicables para las UGAs definidas por el POETY y el POETCY, los desarrollos eólicos y fotovoltaicos sólo serían posibles utilizando el modelo de generación distribuida, modelos comunitarios y ciudadanos, cuya infraestructura es mucho menor a la de los proyectos de gran escala, que abonan a la autosuficiencia energética y a un desarrollo regional sostenible.
La transición energética en Yucatán, y en México, demanda una verdadera regulación con el objetivo de no perder soberanía energética del país, como ha estado sucediendo con la CFE y Pemex. Esta transición debe formar parte integral de un modelo de desarrollo sostenible nacional que sea respetuoso de los territorios locales y regionales, y que procure el aprovechamiento ordenado de los recursos naturales por la sociedad. Además, las políticas, planes y programas, de los que forman parte la transición energética y los OEs, deben integrarse en un esquema de Evaluación Ambiental Estratégica, instrumento de planeación obligado por la Ley de Transición Energética (2015) y que el gobierno federal aún sigue sin realizar (ver La Jornada Maya del 5 de octubre de 2018).
* Profesor investigador del Instituto Tecnológico de Mérida y miembro de la Articulación Yucatán.
articulacionyucatan@gmail.com
https://www.lajornadamaya.mx/2019-03-26/La-descarrilada-transicion-energetica-en-Yucatan–V-de-VI-
VI Redireccionar el paradigma de desarrollo de las energías renovables es apremiante
Jazmín Sánchez Arceo
Foto: cpagency.org/La Jornada Maya
Martes 16 de abril, 2019
A lo largo de las cinco entregas anteriores, hemos analizado cómo el modelo de Transición Energética (TE) promovido en México, implementado en Yucatán y potencializado con la Reforma Energética de 2013, se enmarcó en políticas públicas, con instrumentos y mecanismos de planeación basados fundamentalmente en el mayor rendimiento económico al capital privado tras la satisfacción de la demanda energética. Sin embargo, es notable la falta de integración de un análisis profundo que fortalezca la eficiencia energética y que haga una revisión integral y crítica de la demanda de energía, considerando posibles costos sociales y ambientales. Así, el impulso que se había dado en México al desarrollo de las energías renovables (ER), lejos de dirigirse hacia un camino de transformación del sistema energético bajo en carbono, más eficiente, responsable, equitativo y sostenible en el tiempo -el sentido amplio la TE-, se sujetó a la promoción de megaproyectos bajo modelos privados (tal y como los más de 20 parques eólicos y solares que se ubicarían en Yucatán), omisos a una planeación estratégica e integrada, social y ambientalmente, que hoy en día comprometen seriamente recursos naturales regionales, transgreden el tejido social y territorial, y los derechos humanos y colectivos de las comunidades locales, incluyendo una alta población indígena.
Tales consecuencias no son resultado directo de las ER ni de las tecnologías correspondientes, sino de un modelo de desarrollo que prioriza la concentración de la propiedad y la gestión de los recursos energéticos en manos del gran capital privado, principalmente multinacional, y donde el poder de decisión recae en un reducido número de actores (generalmente sólo instituciones del sector, del gobierno, los grandes inversionistas y los grandes industriales). Sin embargo, éste no es el único modelo posible y tampoco es lo que se necesita para acelerar una TE coherente con su principio de sostenibilidad (ver el texto Acelerar la transición energética justa y ambiciosa, urgencia mundial: WWF, 2017, http://www.wwf.org.mx/?uNewsID=311230).
Redireccionar el paradigma de desarrollo de las ER es apremiante, y para ello vale la pena analizar los diversos modelos y oportunidades de desarrollo, que las mismas ER han permitido gracias a la naturaleza descentralizada y gratuita de los recursos energéticos renovables, tales como la radiación solar, el viento y la biomasa. Entre ellos, destacan los modelos de desarrollo basados en la experiencia participativa de la sociedad, tales como “la generación distribuida”, “ la energía ciudadana” y “la energía comunitaria”. Por ejemplo, se pueden considerar instalaciones solares en los techos (para autoconsumo residencial o comercial) y parques solares/eólicos, en manos de cooperativas locales y bajo diversas estructuras organizativas que pueden incluir ciudadanos, pequeñas y medianas empresas –PYMES-, fraccionamientos, comunidades, municipios, etc.); en estos modelos, los ciudadanos pueden generar, autoconsumir, gestionar y vender energía. Algunos casos concretos se pueden conocer en es.greenpeace.org.
En los modelos de energía participativa, los proyectos de energía renovable pueden tener diferentes escalas, pero a diferencia de los modelos privados que buscan el mayor rendimiento económico, los modelos de energía participativa, buscan alcanzar objetivos socio-ambientales y generar mayor valor local. De esta manera se atienden factores como la resiliencia, la autonomía y el empoderamiento social.
Así, estos modelos aceleran el acceso universal a la energía, precios más bajos y las tasas de despliegue de las ER (Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), 2018, coalition.irena.org.
Características de los modelos de energía participativa
Diversifican el rol de los actores en los sistemas energéticos: los ciudadanos, las PYMES, los municipios, etc., dejan el papel pasivo de “consumidores” convirtiéndose en “productores” activos, asumen mayor responsabilidad en su demanda energética; se convierten en “prosumidores”, es decir que además de consumir, también pueden acceder a la generación, gestión y venta de la energía.
Amplían los modelos de propiedad alrededor de las inversiones y de la gestión de los recursos energéticos de un país: tienden a contrarestar los monopolios (públicos o privados), promoviendo estructuras más democráticas, mayor distribución y justicia energética. Por ejemplo, en los modelos de energía comunitaria, la propiedad de la totalidad o de la mayor parte de los activos de un proyecto recae en actores u organizaciones locales, y el control del territorio permanece a nivel local, lo cual es sumamente importante en contextos indígenas como el de México.
Descentralizan el control de las decisiones, y requieren de una responsabilidad compartida, obligando a un análisis multidimensional y a procesos de mayor transparencia en la planificación, construcción y rendición de cuentas respecto a los activos e infraestructura energética.
Descentralizan los beneficios sociales y económicos, y buscan que su distribución permanezca a nivel local.
Promueven un desarrollo ordenado en un contexto geopolítico, donde los territorios abundantes en recursos energéticos renovables se han convertido en yacimientos energéticos de valor inmensurable, y dónde es imperativo que el crecimiento económico sea respetuoso de los derechos humanos y de la capacidad de carga socioambiental del territorio.
Para una transformación profunda de los sistemas energéticos
Los modelos de energía participativa son fundamentales para una transformación profunda de los sistemas energéticos del futuro. Su historia misma así lo recuerda, pues el desarrollo inicial del sector de las renovables a nivel global, sobre todo en la eólica, fue impulsado desde sistemas organizativos locales tales como cooperativas en Dinamarca, Alemania o Canadá, enfrentando para ello una continua adaptación de los marcos regulatorios en los diferentes países. El gran capital privado entró al sector más recientemente, a partir de la segunda mitad de la década de 1990, como es el caso de la industria eólica en el Istmo de Tehuantepec.
Si bien en México aún hay varios desafíos para la implementación de los modelos de energía participativa, que van desde barreras culturales, regulatorias y financieras, entre otras, también existe una coyuntura sociopolítica importante, que tendría que encaminar un nuevo marco de políticas públicas, permitiendo una transformación de largo aliento para el sistema energético. Para ello, gobierno y sociedad, en sus diferentes estructuras, tendremos que reconocer que el cambio climático es una realidad dónde la TE es una necesidad urgente, que requiere, más allá de la promoción e inversión de capital multinacional, del empuje de modelos desarrollo sostenibles, responsables e inclusivos, para asegurar una transformación del sistema energético, con mayor justicia y democracia. En México, un mayor impulso a la generación distribuida, la revisión y rediseño de los instrumentos legales, la actualización de los programas de ordenamiento ecológico y territorial, y la ampliación del debate público, con una sociedad crítica y una comunidad científica que conduzca su trabajo en vinculación con las preocupaciones de la sociedad, marcarían un buen inicio para esta dirección.
Mérida, Yucatán
articulación.yucatan@gmail.com
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