En San Felipe, crónica de un conflicto anunciado (Baja California)
4 Vientos.
AL FILO DE LA NAVAJA.
Por Raúl Ramírez Baena,
Los incidentes ocurridos entre pobladores y pescadores del Puerto de San Felipe con las fuerzas armadas, tienen una profunda raíz cuyos orígenes tienen que ver con el olvido y la desatención oficial que le han provocado una serie de problemas.
San Felipe es un pueblo de pescadores pobres, con baja actividad comercial y turística que contrastan con el desarrollo privado “El Dorado Ranch”, en conflicto con los ejidatarios locales, y con la mina de oro de Carlos Slim, a 50 kilómetros del puerto.
La depresión económica del puerto, agudizada por la falta de inversión social y sobre todo por la veda total a la pesca impuesta por el gobierno federal en el año 2015 para proteger a la vaquita marina y a la totoaba, sin impulsar actividades económicas alternativas, han provocado un alarmante incremento del narcomenudeo, por ende, de los delitos y las adicciones al alcohol y a las drogas.
A cambio de no pescar, los pescadores recibían del gobierno federal, hasta hace 4 meses, una compensación de 8 mil pesos mensuales. Los pescadores se quejaban sistemáticamente de que los líderes de las cooperativas pesqueras distribuían el recurso a discreción. Hoy, han quedado sin ingresos, por lo que el 25 de marzo anunciaron que romperían la veda.
Toda esta situación ha provocado la pesca furtiva, principalmente de la totoaba, cuyo buche llega a cotizarse en el mercado asiático hasta a 60 mil dólares el kilogramo, quedando este negocio ilegal en manos del crimen organizado.
Militares en tareas de seguridad pública
Los problemas en San Felipe no son sólo económicos, sociales y de inseguridad, sino también se han registrado graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.
El 20 de agosto de 2011, Guillermo Audelo, pescador, mecánico y albañil, fue muerto por elementos del ejército en un hotel del puerto. La versión oficial dijo que los militares atendieron una “llamada anónima”; que al llegar al lugar detuvieron a los hermanos Julio César y Lorenzo Antonio Ruíz Lara con armas cortas y 38.3 gramos de cristal; y que escondido bajo la cama de un cuarto adjunto se encontraba Guillermo Audelo, quien atacó con arma de fuego al cabo del ejército que lo descubrió, por lo que accionó su arma produciendo a Audelo una herida mortal que le provocó la muerte.
Sin embargo, la declaración de los testigos Julio César y Lorenzo Antonio (torturados en varias ocasiones por el ejército días después del incidente), ratificada ante el juez de Distrito, así como el peritaje realizado por la CNDH, contradicen la versión militar presumiendo la ejecución extrajudicial de Guillermo Audelo, precedida de tortura. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público (MP) federal tomaron conocimiento de los hechos y, hasta la fecha, nada ha sucedido.
Se sabe que el entonces presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, tenía en su escritorio la Recomendación y por alguna razón NO LA FIRMÓ.
Otro caso nos remonta al año 2011. Por segunda ocasión y delante de su hija y de sus dos nietos menores, Francisco Ismael Bon Ortíz recibió la visita de elementos militares que entraron a su domicilio entraron sin orden judicial. Se lo llevaron. Después de haberlo buscado en el cuartel militar y en los separos de la policía municipal, en la mañana apareció muerto en un vehículo militar. El médico legista certificó como causa de muerte “asfixia por bronco aspiración”.
Eran tiempos en que la partida militar en San Felipe -19ª Compañía de Infantería No Encuadrada- provocaba temor entre la población porteña por sus excesos.
Ahora, en el incidente del 28 de marzo pasado en el que salió gravemente herido el pescador Enrique “Kiki” García, con dos heridas por disparo de arma de fuego en la cabeza, otro en un hombro y una más en una pierna, que lo tienen en grave estado de salud, y dos personas más por disparos con arma de fuego percutidas por elementos de la Marina en San Felipe el mismo día del incidente, los hechos contradicen nuevamente la versión oficial. Mediante boletín del mismo 28 de marzo, la Semar establece que fue “un disparo accidental de arma de fuego que provocó heridas a una persona…”
La Semar da cuenta de que la embarcación “Sharpie”, perteneciente a la ONG “SEA SHEPHERD”, fue agredida por pescadores de una embarcación que intentaba recuperar artes de pesca prohibidas, que se presume pescaban totoaba de manera furtiva, razón por la cual, una vez en tierra, fue perseguida por una patrulla interceptora con personal de la Marina.
Se fortalecen las sospechas de que, durante las labores de intercepción, los marinos violaron el debido proceso y la presunción de inocencia de los perseguidos, no resguardaron la cadena de custodia del lugar de los hechos, incurrieron en uso excesivo de la fuerza letal y no asistieron a los heridos de bala.
Este incidente se suma a la preocupación de diversos sectores de la sociedad que han advertido insistentemente del uso de militares en tareas de prevención, persecución e investigación de los delitos, encendiendo focos rojos ante la inminente incorporación de la GUARDIA NACIONAL a estas tareas, integrada por policía militar, policía naval y policía federal, más la próxima incorporación gradual de 50 mil elementos entrenados y adiestrados por el ejército, que operará con mandos militares, a pesar de que oficialmente estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.