Exigen al gobierno mexiquense esclarecer el crimen de la defensora indígena Eulodia Díaz
Veneranda Mendoza/Proceso
TOLUCA, Edomex (apro).- Organismos defensores de derechos humanos exigieron el esclarecimiento del asesinato de Eulodia Lilia Díaz Ortiz, integrante del Consejo Indígena del Trueque (CIT), perpetrado el lunes 25 en el municipio de Santiago Tianguistenco.
El Tianguis del Trueque es una tradición milenaria en Santiago Tianguistenco y ha sido administrado de manera autónoma por sus propios integrantes, indígenas otomís, tlahuicas y nahuas.
Además, esta práctica atrae al turismo y ha sido considerada patrimonio cultural, razón por la cual los gobiernos municipales han querido cooptar esta actividad para administrarla económicamente y aparentar acciones realizadas en favor de los pueblos indígenas del municipio.
Los integrantes del consejo han resistido ante los intentos municipales por arrebatarles esa actividad, y por su resistencia han enfrentado agresiones físicas, hostigamientos, criminalización y privación de la libertad contra algunos de sus integrantes.
Por estas agresiones, los afectados han promovido quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), “que no fueron tomadas en cuenta para actuar de forma rápida y evitar, ahora, el homicidio de la activista”.
Ayer, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) llamó de manera enérgica a las autoridades de todos los niveles, en especial a los gobiernos del Estado de México y de Santiago Tianguistenco, a garantizar la integridad personal y el derecho a la vida de los integrantes del CIT.
Además, exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizar una investigación pronta e imparcial y llevar ante la justicia a los implicados en los hechos.
A la demanda para esclarecer el crimen de Díaz Ortiz se sumaron organizaciones aglutinadas en la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México, que consideraron el hecho como una “ejecución extrajudicial”.
La Coordinadora recordó que Eulodia Lilia y varios integrantes del CIT denunciaron hostigamiento, represión y violencia física y psicológica desde hace varios años, sin que las autoridades dieran seguimiento a los hechos.
“Ya se había denunciado a funcionarios municipales que estaban acosando, violentando psicológicamente y habían provocado violencia física a algunas compañeras. La problemática se estuvo denunciando ante la Procuraduría y ante la Fiscalía, sin que se hubiera tomado en cuenta su denuncia. Sólo los escucharon y dijeron que no podían proceder”, destacó.
Las denuncias, refirió, también se hicieron públicas en varios eventos nacionales e internacionales desde 2016. “Sin embargo, no se ha dado el seguimiento debido al tema por falta de voluntad política de las instituciones municipales y estatales. Se ha tratado de eliminar, por cualquier vía, la práctica ancestral del trueque, imponiendo la fuerza pública en varias ocasiones”.
Añadió: “Exigimos Justicia para doña Lilia, para su nuera, para su familia y para las hermanas y hermanos del Consejo Indígena del Trueque en el Estado de México. Exigimos el esclarecimiento del crimen que se ha considerado feminicidio, de la ejecución extrajudicial, y el castigo a los responsables de este vil acto que es consecuencia de las amenazas que el Consejo había recibido en varias ocasiones”.
De igual manera, demandó una investigación transparente, que se respeten los protocolos con perspectiva de género y la perspectiva cultural en la investigación y en el proceso judicial, así como en las denuncias ante Derechos Humanos. “Que de verdad se note la voluntad política de los gobiernos para subsanar las problemáticas en los pueblos indígenas en México”.
Las organizaciones aglutinadas en la Coordinadora también demandaron respeto a los mecanismos de protección que fueron otorgados a las y los integrantes del CIT desde 2018, por medio de los cuales existían órdenes de restricción contra los agresores para evitar que se acercaran a los integrantes del Consejo del Trueque.
Tres días después de los hechos, Jorge Olvera, titular de la Codhem, emitió un pronunciamiento en el que afirmó haber atendido con puntualidad notas periodísticas, comunicados y llamamientos, de tal manera que “entre 2017 y 2018 realizó acciones legales de protección, solicitud de informes y medidas cautelares a la autoridad municipal y estatal (FGJEM), diligencias, visitas y entrevistas a quienes en eventos varios han resultado afectados”.
Asimismo, llamó al gobierno municipal de Tianguistenco y a la FGJEM para que actúen de manera diligente y en absoluto apego a derecho y respeto a los derechos humanos para esclarecer el crimen de la activista, y solicitó a las autoridades estatales y municipales la implementación de medidas cautelares para poner a salvo la integridad, la seguridad y los derechos humanos de Griselda Zaragoza y todos los integrantes del CIT y sus familias.