Exigen justicia por las víctimas de feminicidio en Yucatán
Rosa Santana/Proceso
MÉRIDA, Yuc. (apro).- En el segundo aniversario del asesinato de Ema Gabriela Molina Canto, decenas de yucatecos salieron a las calles este miércoles para exigir justicia, y demandaron investigar los feminicidios ocurridos en la entidad.
“Le suplico que escuche a las víctimas; somos parte de su pueblo, no nos ignore”, pidió Ligia Canto Lugo –madre de Ema Gabriela– al gobernador Mauricio Vila Dosal.
“¡Justicia! Somos la voz de la ausencia, de las víctimas de feminicidio”, añadió llorando.
Portando camisetas con la leyenda “Todos somos Ema Gabriela”, y levantando mantas donde exigían castigo para los autores materiales e intelectuales del crimen, los manifestantes, muchos de ellos familiares de otras víctimas, marcharon por las calles del centro y concluyeron con un mitin en la Plaza Grande, frente al palacio de gobierno.
El de Ema Gabriela es el caso más emblemático en la lucha contra los feminicidios de los últimos años en Yucatán. Ella estuvo casada con Alberto Medina Sonda, socio del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, y de su extesorero Manuel Saiz Pineda.
Molina Canto, quien se suponía estaba acogida al sistema de protección a víctimas, fue apuñalada 17 veces a las puertas de su casa, frente a la mayor de sus hijos. Los dos sicarios tabasqueños que perpetraron el asesinato supuestamente recibirían un pago de 60 mil pesos tras consumar “el trabajo”, presuntamente ordenado por Medina Sonda desde la cárcel donde se encuentra preso.
En el homicidio hay cinco implicados. Todos fueron detenidos, pero sólo dos, los asesinos materiales, han sido sentenciados.
La tragedia de Ema Gabriela inició en 2010, cuando, en medio de la disputa legal por la custodia de sus tres hijos, Medina Sonda raptó a los menores y, valiéndose de sus influencias políticas, desató un acoso judicial contra su exesposa y la madre de ésta, quienes fueron encarceladas por diferentes circunstancias.
Molina Canto fue detenida en dos ocasiones por presuntos delitos fiscales y trasladada judicialmente a diferentes entidades del país, aparentemente para impedir que se quedara con la custodia de los niños.
El 25 de mayo de 2012 fue la primera vez que Ema Gabriela fue detenida por el delito de retención ilegal de bienes, debido a que usó un vehículo que Medina Sonda le obsequió cuando estaban casados, pero no lo puso a su nombre. El momento de la captura fue aprovechado por aquél para raptar a los niños, quienes viajaban con su madre.
Así, Molina Canto inició una tortuosa lucha para recuperar a sus hijos. Durante el tiempo que Ema estuvo presa, su madre continuó el periplo legal. Ambas encararon al presidente Enrique Peña Nieto en demanda de justicia.
Presa su hija en un penal de Tabasco, Ligia denunció ante la Procuraduría del Menor, tanto en Mérida como en esa entidad, la desaparición de sus nietos, pero fue hasta el 21 de agosto de 2014 cuando la Fiscalía General de Yucatán accedió a emitir una “prealerta” para la búsqueda y presentación de los niños –entonces de 10, siete y seis años de edad– en todo el país.
Días antes la abuela fue detenida y trasladada por la Procuraduría General de la República (PGR) a Guadalajara, Jalisco, acusada de falsificar tarjetas de crédito en esa entidad, lo que desató movilizaciones de activistas de derechos humanos por la fabricación de delitos en contra de la mujer.
Medina Sonda cayó en desgracia por el caso Granier. Fue detenido en Cancún, Quintana Roo, y recluido en una cárcel de Tabasco, donde en abril de 2017 fue condenado a 12 años y seis meses de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El pasado 24 de abril del año pasado, el juez de Control en Yucatán, Luis Edwin Mugarte Guerrero, lo vinculó a proceso por el delito de feminicidio agravado, tras ubicarlo como el presunto autor intelectual del asesinato de su exesposa. El juzgador yucateco le dictó la medida cautelar de prisión.
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