Cansados de los agravios de dos administraciones federales, pescadores del Alto Golfo de California romperán veda comercial
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Porque tienen más de 100 días sin recibir el apoyo que Enrique Peña Nieto implementó en 2015 para compensar la veda pesquera comercial en el Alto Golfo de California, y porque no fueron consultados por el nuevo gobierno federal para la creación y puesta en marcha del Programa Integral para la Sustentabilidad Pesquera en el Alto Golfo de California, más de 850 embarcaciones de San Felipe y el Golfo de Santa Clara saldrán a pescar este sábado pese a que ello está prohibido.
Además, la ratificación hecha por la nueva administración federal de Pablo Arenas Fuentes en el cargo de Director General del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), fue la última provocación que soportaron los pescadores ribereños que trabajan en la región.
– “El gran problema de este gobierno fue haber recogido basura de la administración anterior, como Pablo Arenas. Lo digo públicamente porque el INAPESCA no ha sido nada más que el tendón de Aquiles de los pescadores. Es quién nos ha mantenido fuera del agua, es quien ha mentido, A ellos les deberían de hacer una auditoria, no al sector pesquero, no a los pescadores, para que se den cuenta de los millones que ha tirado ese Instituto en proyectos y programa fallidos”, comentó en rueda de prensa Sunshine Antonio Rodríguez, Presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe.
Esta organización, al igual que la que preside Lorenzo Guadalupe García Carrillo –la Federación de Pescadores Ribereños del Puerto de San Felipe- y otras cooperativas ribereñas del Golfo de Santa Clara (Sonora), tomaron la decisión de salir a trabajar este día y poner fin, de manera unilateral, a la veda que el gobierno de Peña Nieto inició en febrero del 2015 presuntamente para salvar de la extinción a la vaquita marina, de la cual hoy existen menos de 15 individuos vivos.
En promedio, cada pescador de la región en veda (permisionarios y cooperativistas ribereños) recibiría entre ocho mil a nueve mil pesos mensuales durante los dos años que originalmente duraría la veda, pero los beneficiarios de ese programa, que se estimó entre dos mil 200 a dos mil 500 personas, denunciaron que era común que los pagos se retrasaran, se desviaran o simplemente no cubrían las necesidades de los pescadores.
Hace un mes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en la entrega de compensaciones en el hábitat de la vaquita marina por un monto de 7 millones 228 mil pesos, que incluyó pagos a personas fallecidas, gente que no vive en la zona, habitantes de las comunidades que ni siquiera tienen permisos de pesca y apoyos duplicados.
En su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, la ASF detectó que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) otorgó recursos por 220 mil pesos a beneficiarios dados de baja por defunción y 96 mil pesos a un beneficiario que no pertenecía a las localidades de San Felipe (Baja California) o el Golfo de Santa Clara (Sonora).
Además, pagó dos millones 436 mil pesos a beneficiarios que no cumplieron con los permisos de pesca vigentes, que es requisito de elegibilidad establecido en los lineamientos del “Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo” (PROCER), en su apartado de Compensación Social por la Suspensión Temporal de Pesca.
Asimismo, se pagaron 744 mil pesos a beneficiarios que no cumplieron con la entrega de informes bimestrales ni comprobantes de domicilio, y se distribuyeron apoyos duplicados por tres millones 732 mil pesos a pescadores regularizados y permisionarios.
Ante las evidencias de la corrupción con la que operó el programa de compensación a los pescadores en el pasado gobierno federal, a partir del 1 de diciembre del 2018 la nueva administración canceló el pago a los pescadores y al organismo internacional que se hizo cargo del programa de rescate de la vaquita marina, y anunció la creación del Programa Integral para la Sustentabilidad Pesquera en el Alto Golfo de California.
El pasado 27 de enero, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), anunciaron que pondrían en marcha un programa integral de atención para mejorar la protección de la biodiversidad y elevar las condiciones de vida de las comunidades costeras de la región.
– “El programa integral de atención –se informó en un comunicado del gobierno federal- establecerá metas y acciones de corto, mediano y largo plazos, orientadas a poner al Alto Golfo en la ruta hacia un desarrollo sustentable. Las dependencias federales prevén que este programa habrá de tener un amplio efecto positivo en las comunidades de la región.”
Entre las acciones consideradas en el programa se encuentran el fortalecimiento de prácticas de pesca sustentable y otras actividades económicas rentables y consistentes con la preservación de la biodiversidad, además de la actualización de los esquemas de vigilancia y protección a la vaquita marina y de fortalecimiento del combate a la pesca furtiva y al tráfico ilegal de la totoaba.
También contendrá acciones directas para reforzar el tejido social, el estado de derecho y la gobernanza ambiental de la región, estableciendo bases “para una participación corresponsable y honesta de las comunidades pesqueras.”
Sin embargo, los pescadores beneficiados con la medida de gobierno tienen una visión muy diferente a la oficial en el tema.
– “Esta iniciativa no fue consultada con grupos de pescadores de la región y no satisface nuestras necesidades. No fuimos considerados; no se tomó nuestro punto de vista”, afirmó Lorenzo Guadalupe García Carrillo a diversos medios de comunicación regionales y nacionales el pasado 19 de marzo.
Y agregó: “Los proyectos que ellos tienen son proyectos que no sabemos cuánto tiempo van a durar en arrancar. Yo entiendo que hay proyectos de acuacultura, pero cuánto tiempo va a llevar en desempeñarse y empezar a producir.”
Los pescadores suman como uno de los últimos agravios que la federación hizo al sector, el hecho de que a partir del 1 de diciembre y hasta la fecha se les dejó de pagar compensaciones por un monto cercano a los 80 millones de pesos, lo que justifica el por qué decidieron romper unilateralmente la veda este sábado 23 de marzo.
Y agregan uno más que destacó Sunshine Antonio Rodríguez: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “desafortunadamente no solo ratificó al director del INAPESCA, sino que permitió que su misma gente siga ahí, por lo que nosotros seguimos con el gran problema: no hay artes de pesca, estamos afuera, sin apoyo económico, criminalizados y la gente ya está cansada.”