La tortura de los que se quedan (San Luis Potosí)

Lilia Quevedo / Plano Informativo

Los familiares de los desaparecidos saben que su búsqueda se enfrenta al desinterés de las autoridades y al peligro de volver a ser blanco de quienes se llevaron a su familiar.

San Luis Potosí, SLP.- Soportar la ausencia de un familiar o ser querido es una de las mayores dificultades a las que un ser humano se puede enfrentar, los familiares de los desaparecidos viven y respiran la incertidumbre de no saber el paradero de aquellos que un día se fueron y no regresaron.
Posterior al amargo suceso, las víctimas tienen que enfrentar un viacrucis en la búsqueda: falta de recursos, desinterés de parte de las autoridades, desorganización en la investigación y falta de pistas convierten los minutos en años.

Al corte del 30 de abril de 2018, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED) reportó 97 casos de personas desaparecidas en San Luis Potosí; la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado informó que estos casos se registraron en la zona metropolitana y en la Huasteca potosina, en su mayoría hombres de entre veinte y treinta años de edad.

Rosario Torres Mata, presidenta de Christian Asociación Fe y Esperanza, señaló que la AC tiene casos que llevan hasta veinte años, en los cuales no se ha conseguido ningún rastro o indicio.

La desorganización de la información es un estorbo para el avance en las investigaciones: “Está la Fiscalía, pero dentro de la Fiscalía hay comunidades que tienen un Ministerio Público, pero si esos ministerios públicos no hacen su trabajo, hacen quedar mal a todas las instituciones, aparte de eso, es parte de que no vigilan, aquí debe de ser un trabajo realmente en equipo y no se está viendo”.

Aunado a esto, está la corrupción que existe al interior de las instituciones dedicadas a la procuración de justicia, señaló Edith Pérez Rodríguez, dirigente de la asociación “Voz y Dignidad”.

“Lamentablemente los procuradores, aliados con los gobernadores, con los presidentes municipales, con las presidencias de la República, con estos empresarios o bola de mañosos que con dinero podían callar a cualquiera, desafortunadamente esto hizo que se le diera carpetazo a muchos asuntos […] porque encontraban alguna fosa clandestina y decían ‘ahí déjale, tápala, tápala’, porque lo sabemos, porque nos consta”.

Toda víctima quiere que su familiar regrese con vida, pero están conscientes que pedir la verdad y la justicia podría representar un riesgo.

“Cualquier persona que tiene un ser desaparecido, tiene la esperanza de encontrarlo con vida, si ellos continúan con la denuncia tienen miedo de que continúen con otro hijo y lo puedan matar, ese es su mayor temor […] no hay una confianza de la sociedad en general hacia el sistema, hacia las instituciones encargadas de la impartición de justicia, yo creo que más que todo falta empoderar a la sociedad y de hacerle saber a qué tiene derecho y que le van a dar el apoyo para que no le pase nada”, añadió Torres Mata.

Las activistas y víctimas expusieron que falta mejorar en varios rubros, como la Ley de Desaparición Forzada, la Comisión de Búsqueda, los protocolos de búsqueda inmediata, el área de periciales, peritos, ministerios públicos y fiscales: “todos ellos tienen que ir afinando su tratos, afinando sus trabajos, siendo más capaces dedicados y sensibles”, concluyó Pérez Rodríguez.

En el Congreso de la Unión se generó la primera Ley General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual estableció que la búsqueda de personas en el país debería de realizarse exactamente con los mismos estándares en todos los estados y además ordena la creación de comisiones estatales de búsqueda de personas.

“No es que antes no se buscaran a las personas, lo que sucedía es que la búsqueda de personas las realizaba las procuradurías o las fiscalías de los estados, ahora se hace una bifurcación y la búsqueda de personas desaparecidas se debe realizar por una comisión creada ex profeso que no depende de las fiscalías o las procuradurías, sin embargo las fiscalías siguen realizando investigación criminal cuando hay un hecho delictivo en la desaparición de una persona”, señaló Ulises Valencia, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado.

La de San Luis Potosí fue la cuarta comisión estatal que se creó a nivel nacional y está adscrita a la Secretaría General de Gobierno.

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