Avionetas devastaron cultivos al fumigar en comunidades pobres en Guerrero, acusa ONG

Andrea Vega / Animal Político

El 21 de enero de 2019, aeronaves particulares realizaron una operación de fumigación aérea en el municipio de Acatepec, en la Montaña de Guerrero. Se cree que el objetivo era eliminar plantíos de amapola. Pero con lo que acabaron fue con parcelas de maíz, plantas frutales de mamey, toronja, plátanos y mangos, que los pobladores habían obtenido de programas de la Secretaría de Agricultura, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

También acabaron con huertas de café, de aguacate y con criaderos de peces. En un comunicado, la organización difundió que siete comunidades tuvieron afectaciones: Zontecomapa, El Mirador, Barranca Pobre, Laguna Seca, Agua Fría, Zilacayota, Barranca Mina y Loma Maguey.

“Las fumigaciones no se focalizan en las siembras ilícitas, el líquido que esparcen se propaga en toda el área dónde sobrevuelan y han causado graves daños a la economía al quemar las plantas de los pobladores”, afirmó, en entrevista con Animal Político, Rubén Silva, abogado del Tlachinollan.

Para estos poblados perder sus cosechas es un daño catastrófico. Las comunidades de la montaña de Guerrero tienen un alto grado de marginación, solo similar al de algunos pueblos en África, donde la gente vive con menos del equivalente a un dólar al día.

Las fumigaciones las hicieron helicópteros que no son del ejército ni de la marina, “al parecer son comerciales –aseguró Silva– porque no portaban ninguna insignia oficial y eran de color blanco. De acuerdo con el abogado del Tlachinollan hay otra explicación posible para esas fumigaciones, que éstas fueran ordenadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para “erradicar plantíos ilegales”.

Los pobladores no han querido interponer una denuncia formal por los hechos, “por la criminalización que se hace siempre sobre las comunidades acusándolas de que todos siembran amapola, lo que no es verdad en el caso de la zona de la montaña de Guerrero, pero también por temor al Ejército y porque saben que seguro no pasará nada”, subrayó Silva.Animal Político buscó a la dirección de comunicación social de la Sedena para tener una postura oficial sobre las denuncias de los afectados, pero hasta el cierre de esta edición la dependencia no había dado respuesta a la petición del medio.

En espera

Pobladores que hace casi dos años interpusieron denuncias por casos similares siguen a la espera de la reparación del daño. En mayo de 2017, hubo otras fumigaciones en la comunidad Nahua de San Miguel Cuixapa Norte, del municipio de Zapotitlán Tablas. La principal sospecha es que pudieran ser ordenadas por el Ejército.

Guadalupe Ojendís es de San Miguel Cuixapa Norte. Tiene cuatro hijos y es madre soltera. Para sostenerlos ha sido migrante jornalera en Sinaloa y obrera en Monterrey. Cuando resultó beneficiaria de un programa de la Secretaría de Agricultura, en 2017, y pudo sembrar 60 árboles de aguacate y 100 de Ocote, pensó que ya había encontrado la forma de quedarse en su comunidad y tener un buen ingreso.

Pero con las fumigaciones de mayo de 2017 perdió el cultivo. “Las hojas quedaron como chicharrón y todo se quemó alrededor como si hubiera caído una bomba”, contó la mujer en un testimonio hecho público por Tlachinollan.

Ella y un afectada más, de 10 en total, interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República por la que se abrió la carpeta de investigación FED/GRO/CHILP/0000771/2017. También interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, registrada con la clave CNDH/1/2017/5179/Q.

Tlachinollan documentó y difundió que en 2017, las fumigaciones se realizaron con asperciones vía aérea del químico Paraquat. “Lo que encontramos sobre este producto –señaló Silva- es que causa fuertes daños en los seres humanos. Se trata de un herbicida que es propiedad de la transnacional SYGENTA”.

Estas fumigaciones iniciaron después de la visita que hizo Jhon Kelly, entonces secretario de Seguridad del Gobierno de Estados Unidos, a las instalaciones de la región naval de Acapulco, donde se reunió con los secretarios de Marina y Defensa Nacional. Las fumigaciones aéreas “tienen que ver con compromisos internacionales de abatir la siembra de enervantes, sin atender las causas estructurales del problema que enfrentan las comunidades pobres de nuestro país”, alertó Tlachinollan en su comunicado.

Sobre la queja ante la CNDH, la oficina de comunicación social informó a Animal Político que el expediente de ésta se registró el 14 de julio de 2017 y aún está en trámite.

Respecto a la denuncia, en mayo de 2018 el ministerio público de la PGR en la delegación de Chilpancingo decretó el inejercicio de la accion penal por falta de pruebas. Esto, dice el abogado de Tlachinollan, pese a que nunca se hizo el análisis químico de las plantas. “Si ya no nos inconformamos ante el juez de control fue porque sabíamos que solo se solicitaría a la PGR que realizara los actos pendientes de investigación, lo que no vimos viable puesto que después de 12 meses ya se había perdido la evidencia de las fumigaciones”.

La Sedena nunca admitió, durante la investigación, haber realizado las fumigaciones de 2017. “La 35 zona militar dijo que ellos solo habían hecho sobre vuelos en las comunidades. Y antes de que fueran los peritos de la PGR, fueron militares a los cultivos de los afectados a hacer trabajos de georeferencia, creemos que para prevenirse –aseguró Silva– y no evidenciarse en cualquier informe que le solicitara la PGR”.

En un oficio que presentaron como parte de la investigación, precisó el abogado, la Sedena responde sobre sus acciones de erradicación de plantíos ilícitos por aspersión aérea que sus vuelos están bien calculados para fumigar el área donde se encuentran.

En su defensa, señaló Tlachinollan en su comunicado sobre el caso, la Sedena argumentó, en las carpetas de investigación, que tendría que ser un perito quien verifique que los daños fueron ocasionados por el herbicida y que si el resultado fuera positivo, las personas tendrían que comprobar que efectivamente las afectaciones fueron causadas por el método de aspersión aérea realizado por los militares.

En síntesis, señaló Tlachinollan, “la Sedena a pesar de realizar fumigaciones en los cultivos de las comunidades indígenas, todavía las emplaza a que le demuestren técnicamente que fueron ellos quienes causaron los daños a sus cultivos. Y sigue reproduciendo el estigma de que la gente de la montaña interpone denuncias para encubrir sus actividades ilícitas y obligar a los militares a que deje de realizar esas operaciones”.

Por eso se entiende que la gente no quiera denunciar las fumigaciones de 2019, subrayó Silva, “además las personas afectadas tienen temor de hacer las denuncias ante las autoridades competentes porque saben que se atendrán a las consecuencias, por haberse atrevido a denunciar al ejército. Prefieren mejor callar y resignarse ya a perder sus cultivos”.

https://www.animalpolitico.com/2019/02/avionetas-fumigacion-cultivos-pobres-guerrero/