La CNDH advierte violaciones graves de la procuraduría de Aguascalientes
Redacción/ADN político.
La CNDH acreditó que, de 2011 a 2012, agentes de la institución realizaron torturas y detenciones arbitrarias contra decenas de personas. Por ello, emitió una recomendación por violaciones graves.
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por violaciones graves por parte de la anterior procuraduría de Aguascalientes, por aprehensiones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o denigrantes contra personas detenidas y posteriormente recluidas.
De acuerdo con el organismo nacional, tras analizar 186 casos con quejas sobre estas violaciones, presuntamente cometidas entre marzo de 2011 y febrero de 2012, se acreditaron:
- Violaciones a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y a la libertad personal por detención arbitraria en nueve casos.
- Violaciones a la seguridad e integridad personal por tortura en 14.
- Violaciones a la seguridad e integridad personal por tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en dos.
- Violaciones a la seguridad personal e integridad sexual por tortura y violencia sexual en tres casos, en los cuales las víctimas fueron mujeres.
- Violaciones al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración y a la verdad en 19 casos más.
Todas estas faltas, destacó la CNDH, son atribuibles a personal de la entonces Procuraduría General de Justicia estatal que dirigía Felipe Muñoz Vázquez.
Esta recomendación deriva de la denuncia pública que hicieron en 2013 los familiares de 186 internos de los tres Centros de Readaptación Social del estado de Aguascalientes (Cereso para Mujeres, Cereso para Varones y Cereso El Llano), quienes acusaron diferentes violaciones a derechos humanos.
Esta es la primera recomendación por violaciones graves que la CNDH emite este año. En ella, solicitó al fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se repare integralmente el daño a quienes resultaron afectados.
Además, se le pide colaborar en la denuncia que el organismo nacional presentará contra los agentes policiales y ministeriales involucrados, contra quienes permitieron dichas acciones y contra el personal médico que no realizó sus dictámenes conforme a la normatividad.