Edomex: la millonaria alerta que no detuvo feminicidios
Alejandro Melgoza Ochoa/La Silla Rota
Los casos han aumentado de 2015 a la fecha desde 64 hasta 94
En medio de una ola feminicida en el Estado de México y las denuncias de organizaciones que derivaron en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de feminicidios, fue que el gobernador Eruviel Ávila solicitó una Alerta de Violencia de Género (AVG) en julio del 2015.
En esta historia él no sería importante si no fuera porque en su administración se comprometió a un decálogo con familiares de víctimas. El eslogan era: “No dejemos que las arranquen de nuestras vidas”. Ahora es un senador que presume ser primero en el país en solicitar la medida, aun cuando ocurren feminicidios como el de la pequeña Camila en Valle de Chalco el 31 de diciembre pasado.
Con ese eje rector que dejó Eruviel Ávila, Alfredo del Mazo recibió la estafeta de su correligionario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en septiembre del 2017.
Para implementar acciones de prevención, atención, investigación, sanción y erradicación, se destinaron 60 millones de pesos durante 2017-2018, sin embargo, la situación no tuvo mejorías: en 2015 se cometieron 338 casos (226 homicidios de mujeres y 62 feminicidios); 2016, 359 (290 y 69); 2017, 358 (301 y 57); y hasta noviembre de 2018, 362 (268 y 94), según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además de las alzas, un Reporte Preliminar de Seguimiento del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) al que tuvo acceso LA SILLA ROTA, señala que la mayor parte de las medidas aplicadas por las instituciones y municipios –entre ellas la Fiscalía General de Justicia del Edomex- tuvieron avances parciales, sin evidencias y costos de las mismas.
Entrevistadas por LSR, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios coinciden en que la Alerta si bien tiene acciones “importantes” y “rescatables” en las que se desconoce la inversión, consideran que no impactaron para disminuir las cifras de feminicidios y desapariciones.
María de la Luz Estrada, titular del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF), explica que “en los proyectos de Estado de México nunca se tuvo claridad cuánto se les asignaron, cómo se estaba dando dinero ¿Cuál es el monto real de todos los millones que se asignan en materia de violencia de género?”.
“Son medidas que se implementan, en las que se invirtió recursos y que la segunda fase es saber ¿dónde están?, ¿en qué estado se encuentran?, y si están funcionado o no; si no están funcionando, pensar en otra acción. Pero esto no es que exista un plazo para hacer una evaluación”, apunta Anayeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio e integrante de Justicia Propersona A.C.
La fiscalía respondió en una tarjeta con respuestas a las preguntas de LA SILLA ROTA que “es pronto aún evaluar el impacto de las políticas públicas emanadas de la declaratoria de alerta de género. Para realizar una evaluación seria y equitativa es necesario que, al menos, transcurran de 5 a 6 años de implementación de la política pública”.
“Al día de hoy podemos decir que existe un camino en el cumplimiento de las medidas de la Alerta, que se ha transitado con las organizaciones de la sociedad civil, que, si bien no nos colocan en una situación triunfalista, sí nos da señales de que, pese a que el camino es largo de recorrer, es el correcto”, agrega la respuesta.
DINERO PÚBLICO
Según el Presupuesto de Egresos mexiquense, 60 millones de pesos, fueron para la Alerta; 30 mdp en 2018 y 30 mdp en 2017. A pesar de que en fue activada en 2015 por la Secretaría de Gobernación, los recursos se comenzaron a etiquetar hasta 2017.
A estos gastos se suman los que obtuvo vía la Ley de Transparencia LA SILLA ROTA en 2017, donde invirtieron más de 4 millones de pesos en material de difusión que incluyeron materiales impresos, transmisión de spots, programas de radio, conferencias, capacitaciones y charlas en escuelas.
Sin embargo, no se han publicado los gastos en Transparencia Fiscal Mexiquense y el portal de la alerta. Por otra parte, en el documento de seguimiento del Grupo Interdisiplinario –en poder de LSR- no se muestran montos e impactos.
“Cuando yo pregunto a la Fiscalía: ¿Cuál es la relación entre los 30 millones de pesos y la captura de criminales?, ¿cuál es el resultado?, pues no tienen un dato”, explica el activista David Mancera.
Consecuencia de lo anterior fue que el grupo parlamentario de Morena pidió en el Congreso local una auditoría al mecanismo en octubre pasado.
Una parte de los recursos, conforme lo indican los objetivos de la Alerta, se refiere a la investigación e impartición de justicia, la cual le corresponde a la Fiscalía y no resulta claro en qué se eroga.
Por ejemplo, Roxana Mejía desconoce para qué sirvió la Alerta en la investigación de su hija Diana Laura Mejía, mujer de 23 años que vivía con su esposo y sus tres hijos en Ecatepec, debido a que los pocos avances fueron de la Fiscalía de Homicidios.
Diana Laura fue desaparecida el 4 de octubre de 2018, y tres días después apareció torturada y calcinada junto a su cuñado y su concuña. Su esposo Agustín Sandoval y su madre Roxana apuntan que tampoco vieron recursos destinados por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Violencia de Género, salvo la atención psicológica –obligatoria para familiares de víctimas en cualquier unidad de la Fiscalía-.
En gastos básicos de la investigación, consideran que emplearon dinero de sus bolsillos; incluso enfatizan que les entregaron las osamentas en bolsas de basura.
Por otro lado, aunque en la indagatoria se detectó el móvil de una deuda de su cuñado, quien era policía de Tecámac, los fiscales no explicaron por qué Diana Laura y su concuña Ángeles fueron maniatadas y carbonizadas. “No me explican la saña”, dice Mejía.
Para las autoridades no hubo feminicidio porque también se asesinó a un varón, sin embargo, la abogada Pérez Garrido, señala que eso es un “error desde el tipo penal, ¿en dónde dice que cuando hay un hombre en el lugar ya no es feminicidio? (…) toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con perspectiva de género”.
Para Comunicación Social de la fiscalía, “las investigaciones que implican muertes violentas de mujeres siempre se realizan bajo los criterios del protocolo de feminicidios. No obstante hasta este momento no ha resultado alguna línea de investigación de género. Tal es así que es la Fiscalía de Homicidios quien tiene la carpeta investigación correspondiente, lo que no significa que esto pueda no cambiar conforme se avance”.
ACCIONES
Entre las acciones más importantes, a través de los recursos asignados a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos –dijo en entrevista la Fiscalía mexiquense- fue la creación de la unidad de análisis y contexto; del grupo revisor de carpetas y averiguaciones previas de homicidios dolosos de mujeres en archivo; del grupo especial de investigación de muertes violentas de mujeres de alto impacto
Así como implementación de las policías de género municipales; de las células de búsqueda inmediata municipales; y la elaboración de protocolos de actuación en feminicidio, delitos de género, sexuales, infantiles, actuación policial, así como el programa unidad móvil de alerta de género, para captar denuncias de víctimas cerca de su hogar.
El documento que analiza las acciones hasta octubre del 2018 resume que las acciones, en su mayoría, fueron parcialmente cumplidas. Se detalla que falta “información cualitativa” en los indicadores de zonas de riesgo, patrullajes, atención a líneas telefónicas, espacios intervenidos por municipios, percepción de seguridad de mujeres, denuncias e incidentes atendidos por la policía municipal y modelo de ciudad segura con perspectiva de género.
Sumado a ello, se apunta que en las órdenes de protección no se reportó evidencias que demuestren la atención; la unidad de búsqueda y localización de niñas desaparecidas, está parcialmente implementada; y en las unidades de género municipales (creación, requisitos y perfiles, presupuesto asignado y lineamientos de funcionamiento) “esta medida no se encuentra cumplida”.
De igual manera –el informe en el que participaron la Procuraduría General de Justicia, Consejo Nacional de Seguridad, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y representantes académicos, entre otros- la autoridad no comprobó la difusión de la Alerta en zonas estratégicas de violencia de la entidad.
SIN CRITERIO DE EVALUACIÓN
El pasado 11 de octubre la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) entregó un informe de la situación en la Alerta de Violencia de Género al gobernador del Mazo, y se le advirtió que de no cumplir con las recomendaciones en seis meses, se activaría una segunda Alerta.
Según Estrada, “las alertas han quedado cortas porque los equipos de investigación no entran de fondo”.
“El problema es que la autoridad reconoce por ejemplo que tiene un problema de desaparición, pero ya en el trabajo mismo, la autoridad lo sigue invisibilizando, por más que nosotros empujamos a decir células de búsqueda de inmediato”, señala.
“Hay una cerrazón por entender que estamos ante redes criminales, que las mujeres estamos ante contextos criminales que requieren una cirugía, que la autoridad se salga de la comodidad, de la simulación y entre de fondo a analizar los patrones, modus operandi, que estamos teniendo en una complejidad de delitos que antes no tenía el país”, explica Estrada.
Para Pérez Garrido, otra problemática grave es la ausencia de un mecanismo de evaluación.
Un ejemplo de fracaso es el caso de Diana Laura. Después del asesinato, Sandoval fue amenazado de muerte y extorsionado, y su suegra Mejía fue perseguida.
El último avance de la Fiscalía de Homicidios fue aprehender a un presunto responsable, un policía de Tecámac, que fue vinculado a proceso. Por ello abandonaron su vida y se encuentran escondidos.
Debido a lo anterior, tuvieron reuniones con la fiscal Dilcia García Espinoza, donde “no ha pasado nada. Las últimas dos reuniones estaba muy preocupada. Dijo que iba a ver la posibilidad de un botón de pánico para mi suegra por cualquier cosa, o de conseguir una casa… Pero eso es totalmente una mentira”, dice Sandoval.