Crece el feminicidio en Guerrero, pese al gasto para combatirlo
POR EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
CHILPANCINGO (apro).- De enero a agosto de este año se registraron en el estado de Guerrero 193 asesinatos de mujeres, de los cuales 157 casos fueron catalogados como homicidio doloso y las autoridades ministeriales sólo clasificaron 36 de estos crímenes como feminicidios.
Guerrero ocupa el quinto lugar a nivel nacional en feminicidios y el puerto de Acapulco y Chilpancingo destacan entre los cinco municipios más peligrosos para las mujeres en el país, indican cifras de información delictiva y de emergencias con perspectiva de género del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En Chilpancingo y Acapulco se han documentado nueve y ocho feminicidios respectivamente, indica el reporte federal.
En contraste, el gobierno de Héctor Astudillo Flores dijo en su tercer informe que ha destinado 64.7 millones de pesos para gasto burocrático, pago de conferencias y la creación de un Banco Estatal de Datos como parte de su estrategia para “prevenir y erradicar” la violencia de género, así como “garantizar” el acceso a la justicia de las mujeres.
El reporte estatal indica que este año la Federación destinó 56.2 millones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), los que supuestamente se aplicaron en los subprogramas de acceso a la justicia para las mujeres; profesionalización, implementación y desarrollo del sistema de justicia penal; fortalecimiento de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, y en las unidades de atención temprana, prevención de delitos de alto impacto y especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas, entre otros.
El gobierno estatal afirma que estos recursos “sirvieron para capacitar” a servidores públicos de la Fiscalía, así como para la adquisición de vestuario y uniformes, mobiliario, vehículos y equipos de cómputo, materiales, accesorios y suministros de laboratorio e instrumental médico, licencias informáticas e intelectuales, además de la construcción del edificio de la subsede en Acapulco de la Unidad Antisecuestro.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres (Conavim) destinó 3.3 millones para equipar, capacitar y evaluar la aplicación de los protocolos de actuación de las Fiscalías Especializadas en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Feminicidios, Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Dentro del subprograma denominado Acceso a la Justicia para las Mujeres, se destinaron 1.2 millones para “el mantenimiento y reparación” de las instalaciones del Centro de Justicia de Chilpancingo, así como la elaboración del manual de operaciones.
Se destinaron cuatro millones para atender la declaratoria de alerta de género, así como realizar cursos de capacitación, equipamiento, adquisición de uniformes, mobiliario y equipo de administración, instrumental médico y de laboratorio para las Fiscalías Especializadas de Delitos Sexuales y Violencia Familiar y la de Feminicidios.
También el gobierno informó que “se puso en funcionamiento” el Banco Estatal de Datos, el cual supuestamente registra los casos de violencia para “analizar e implementar políticas públicas en beneficio de mujeres”.
No obstante, se desconoce el monto de la inversión en este rubro específico, así como el lugar donde se encuentra y quién dirige esta base de datos.
El informe oficial destaca una serie de programas y mecanismos burocráticos para tratar de revertir la ola de violencia contra las mujeres en la entidad, pero omite decir que Guerrero ocupó este año el quinto lugar a nivel nacional en feminicidios.
Rezago general
La Fiscalía General del Estado (FGE), mantiene un 90 por ciento de rezago en los trámites de carpetas de investigación de delitos del fuero común, de acuerdo con reportes oficiales del tercer informe del Ejecutivo que fue enviado esta semana al Congreso local.
En tres años, la Fiscalía ha integrado 21 mil 41 carpetas de investigación dentro del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, de las cuales se han judicializado sólo 605 expedientes.
El informe oficial agrega que 2 mil 312 expedientes se enviaron “al archivo temporal o definitivo” y de 164 órdenes de aprehensión solicitadas, los jueces sólo autorizaron 156 porque el resto fue mal integrado. Esto significa que 18 mil 124 expedientes a la fecha siguen en trámite de integración.
En el sistema de justicia penal tradicional el rezago es aún mayor, porque 27 mil 583 averiguaciones previas todavía se encuentran en trámite.
Es decir, a la fecha hay 45 mil 707 expedientes rezagados en las oficinas del Ministerio Público del fuero común, a partir de delitos denunciados por víctimas ante la fiscalía estatal.
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