A seis años de su entrega oficial, ejidatarios no han podido ocupar predios del Ejido Ojo de Agua; invasores acaparan 20% de la superficie (Baja California)
Zeta Tijuana.
Isabel Mercado,
Conflicto ojo de agua[/caption
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Continúa conflicto
Ejidatarios del centro de población Ejido Ojo de Agua dicen continuar con la defensa del polígono de 4 mil 494 hectáreas, que por resolución presidencial les fue dotado en 1980 y ratificado en 2012. A la fecha, mantienen 20 juicios abiertos por invasión de propiedad.
En entrevista con ZETA, Armando Eduardo Vázquez Luján y Fernando Gómez Chávez, presidente del Comisariado Ejidal y asesor Jurídico respectivamente, expusieron que de la superficie entregada, aproximadamente un 20 por ciento se encuentra invadida. Por ello, mantienen litigios contra ocupantes de Fuentes del Valle, Colinas de El Florido y del predio en el que se pretende asentar una colonia con el nombre de Enrique Peña Nieto, así como “ranchitos dispersos”.
Acompañados de un grupo de ejidatarios, los representantes de Ojo de Agua responsabilizaron al Gobierno del Estado y a la federación de hacer “caso omiso de documentación de propiedad” que les fue expedida mediante resolución presidencial, permitiendo que terceros registren como suyos terrenos pertenecientes a ese ejido.
Recordaron que con la resolución de 1980 quienes ocupaban parte del polígono “comparecieron al procedimiento de dotación, ofrecieron alegatos y a lo que a su interés convino, y promovieron 36 juicios de amparo para impedir que sus derechos fueran violentados con motivo de la resolución presidencial”. Los recursos legales que promovieron fueron sobreseídos en la corte y, aunque todos perdieron, siguieron vendiendo: “ocultaron la verdad, engañando a los compradores”, dijo el abogado Fernando Gómez.
En 2012 la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) dio cumplimiento a la resolución presidencial, y a los 76 ejidatarios que conforman el Ejido Ojo de Agua les hizo entrega física del polígono de 4 mil 494 hectáreas. Esto no frenó los conflictos legales, ya que quienes tuvieron la posesión de los predios lograron sentencias en juzgados, fraccionaron y vendieron, incrementando el número de denuncias contra el Ejido.
Incluso en el Registro Público de la Propiedad inscriben a nombre de terceros lotes pertenecientes al Ejido, “aun cuando los tres niveles de gobierno tienen conocimiento que esas tierras pertenecen a los ejidatarios”, denunció Armando Eduardo Vázquez Luján.
Al respecto, José Antonio Araiza Regalado, director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) en Baja California, explicó que la federación ha sido la que ha generado la confusión al modificar en dos ocasiones el polígono de tierras que sería entregado al Ejido. Sostuvo que después de la ratificación de 2012 se cancelaron todas las inscripciones de propiedad de terceros, excepto uno.
Que fue el Cuerpo Consultivo Agrario el que aprobó el plano de localización de ese polígono, el cual modificó en 1983 lo que motivó al Ejido a interponer un recurso de inconformidad ante la misma autoridad que emitió la resolución de 1980 y la modificó tres años después.
En 2012 vuelve a sesionar el Cuerpo Consultivo Agrario y asienta el plano de localización del Ejido en el polígono original de 1980. Pero hay un ciudadano que se siente afectado, Mario Terán del Río, quien interpone el juicio de amparo 285/2013 en representación de Desarrollos Inmobiliarios San Nicolás y de Desarrollo La Herradura de Baja California. Alega que nunca fue notificado de la resolución y exige la garantía de audiencia.
Ante ello, “el juez nos ordenó la suspensión provisional de los actos hasta que no resuelva las violaciones que alega Mario Terán del Río, quien está debidamente inscrito –en el RPPC-, sus antecedentes datan de un título de propiedad expedido en 1861, por el entonces presidente Benito Juárez”, abundó.
El funcionario estatal concluyó que “no estamos ni a favor ni en contra de ninguna persona, somos una autoridad de buena fe y acatamos lo que nos instruye cualquier autoridad, llámese del órgano jurisdiccional estatal o federal”.