En la calle Roma #18, la policía ataca y roba a indígenas otomíes de las redes de apoyo al CIG (Ciudad de México)
Colectivo Grieta/ 23 de septiembre de 2018
El pasado miércoles 19 de septiembre, a un año de vivir en un campamento afuera del predio de la calle Roma #18 en la Colonia Juárez de la Ciudad de México, indígenas otomíes afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 fueron golpeados y robados por la policía de la Ciudad de México. El ataque ocurrió cuando en el campamento donde habitan unas 90 familias otomíes se presentó una representante de la Inmobiliaria Eduardo, alegando representar a los dueños del predio, sin presentar ningún tipo de documentación ni orden de desalojo. Cuando los indígenas, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y parte de las redes de apoyo al Concejo Indígena de Gobierno (CIG) intentaban dialogar con esta persona, miembros del cuerpo de granaderos arremetieron contra jóvenes indígenas, golpeando incluso a una persona en silla de ruedas. El ataque tuvo como objetivo permitir que la Policía Bancaria e Industrial se ocupara el predio, destruyendo lo poco que quedaba de las casas de madera y cartón, robando en la operación los productos que los artesanos indígenas aún tenían al interior, así como útiles escolares y uniformes de los niños de las familias que allí habitaban.
Estas familias indígenas migraron desde la comunidad de Santiago Mexquititlán, Querétaro, a la Ciudad de México por necesidad de trabajo y se establecieron hace más de 20 años en la casona del número 18 de la calle Roma, abandonada desde los sismos de 1985. Entrevistado por Grieta, Telésforo, miembro de la organización otomí, contó cómo estas familias se organizaron e hicieron del predio no solamente su lugar de vivienda, sino un espacio de trabajo desde el cual todos los días salen a vender artesanías y dulces a las calles de las colonias vecinas. “Somos artesanos y trabajadores, nos sorprende que el gobierno haya llegado así contra nosotros, no se vale”, relató.
Los indígenas otomíes contaron que desde hace unos 5 años se sumaron a los trabajos en torno a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona coordinándose dentro de la UPREZ y que a raíz de la iniciativa lanzada por el Congreso Nacional Indígena de conformar el Concejo Indígena de Gobierno, ellos se sumaron, apoyando los trabajos de la vocera Marichuy.
A raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017, la casona que ocupa la mitad del predio quedó en riesgo de colapso. Ello obligó a las familias indígenas a instalarse a vivir en un campamento afuera del terreno, sin que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México les hayan apoyado para reconstruir. A lo largo de este año han enfrentado no solamente el silencio gubernamental, sino el racismo de algunos vecinos y personas que circulan por la zona, quienes los acusan de ser sucios, vagos o simplemente delincuentes. Según nos relató Telésforo, esta situación ha cambiado solo con algunos vecinos que se han acercado o que han encontrado a los hombres y mujeres otomíes realizando sus labores, vendiendo dulces o limpiando parabrisas, percatándose de la realidad de la vida de trabajo de estos indígenas. Pero el campamento también ha recibido la solidaridad y el apoyo de estudiantes de Arquitectura de la UNAM que han ofrecido la construcción de una carpa, así como el apoyo de los damnificados del Multifamiliar de Tlalpan, de los padres de los normalistas de Ayotzinapa y han tejido espacios de apoyo con otros indígenas otomíes que se encuentran en una situación similar en una casa de la calle Guanajuato 200, en donde resisten más de 15 familias.
La agresión y el robo que sufrieron el pasado miércoles 19 ocurrió cuando una representante de la empresa inmobiliaria Eduardo S.A. de C.V. se presentó ante el campamento de la Calle Roma #18 demandando la entrega inmediata del predio, amparada por un cordón de granaderos que buscaban desde el principio, abrir el paso para que otra corporación policiaca, la Bancaria e Industrial (PBI), se posesionara del predio. Todo esto de manera irregular e ilegal, pues jamás se presentó una orden de desalojo o algún documento con el que la inmobiliaria demostrase la propiedad sobre el inmueble. Es importante mencionar que la policía bancaria, a pesar de estar bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se ocupa de porveer, según su portal de internet, “servicios de vigilancia y protección especializada intramuros a empresas públicas y privadas asentadas en la capital y zona conurbana, tales como: Prestadoras de Servicios, Bancos, Industrias, Comercios, Plazas comerciales, Dependencia y Entidades. También presta servicios de guardia y seguridad personal, así como custodia a transportes de valores, materias primas y productos, entre otros”. Es decir, la PBI protege los intereses de empresarios y banqueros, aún cuando atenten contra la seguridad y los derechos de la población, como es evidente en este caso. Ante los golpes que los granaderos comenzaron a repartir, sin distinción de edad, condición de género o estado de salud, los damnificados se defendieron arrojando objetos y golpeando también a los granaderos.
En la acción policial no sólo se agredió a las familias indígenas y se ocupó ilegalmente el predio, sino que, de acuerdo a los testimonios que pudimos recabar, la policía robó pertenencias de las personas, incluyendo útiles escolares y ropa, así como dulces y refrescos que quienes trabajan como vendedores ambulantes suelen vender; se nos relató: “Se comieron nuestra mercancía, incluso se tomaron los refrescos de un compañero y lo vimos a plena luz del día. Se llevaron nuestro dinero y cosas que guardábamos adentro”. Según la secretaría de Seguridad Pública capitalina, hubo 10 policías los cuales fueron atendidos en el hospital Ángeles Mocel. Sobre este asunto, la comunidad otomí explicó que tuvieron 15 heridos, que fueron atendidos en el momento de la agresión policial por la Cruz Roja, y que la Inmobiliaria Eduardo había prometido que los llevaría a un hospital público para que los atendieran, pero tres días habían pasado y aún no sabían más al respecto. Refiriéndose al gobierno, Telésforo se pregunta “¿Para ellos qué somos? ¿Somos basura? Así nos tratan, pero nosotros no somos basura, somos comerciantes dignos”. Los medios de comunicación han manejado que se trató de un desalojo, pero es importante aclarar que lo sufrido por este grupo de indígenas fue un acto de desprecio, despojo y represión. En los desalojos las cosas que se encuentran dentro de un bien inmueble que debe ser vaciado, deben respetarse y asegurar el estado en el que se encuentran; en este caso las pertenencias de los otomíes fueron destruidas y robadas sin miramientos o reservas. Quienes mantienen el campamento otomí contaron que al día siguiente de la ocupación, mientras el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México prometía establecer algún tipo de diálogo, la policía bancaria realizó disparos desde dentro del predio, para amedrentarlos. Se pudo constatar directamente que sobre la calle de Londres, hacia la cual también colinda el predio, se encuentran estacionados varios modernos camiones y camionetas de la policía bancaria e industrial.
La casona y el terreno que para estas familias otomíes es lugar de vivienda y trabajo se encuentra en el corazón de una zona altamente gentrificada, en la que la especulación inmobiliaria hace proliferar edificios nuevos, donde abundan los cafés y restaurantes para un público de altos ingresos económicos. Mientras realizábamos esta entrevista en el campamento de Roma #18, del otro lado del muro, dentro el predio, la policía bancaria resguardaba la “propiedad privada” de una inmobiliaria, el valor de cambio era lo más importante. Afuera, los niños indígenas jugaban y hacían rondas infantiles, las mujeres conversaban mientras cocinaban, los jóvenes terminaban de preparar manzanas recubiertas con chamoy para salir a venderlas, a pesar de la lluvia que se cernía sobre los toldos, carpas y casas de campaña, el trabajo vivo seguía acompañando una resistencia indígena digna frente a la especulación inmobiliaria.
El Congreso Nacional Indígena ha anunciado en su página de internet que este 28 de septiembre Marichuy, vocera del CIG visitará a la comunidad Otomí en Roma #18, donde se realizará una conferencia de prensa a las 13 hrs. así como una compartición con la comunidad otomí en resistencia ((http://www.congresonacionalindigena.org/2018/09/27/marichuy-visita-a-la-comunidad-otomi-residente-en-la-ciudad-de-mexico/).)
