Activistas y familiares exigen que Amieva y Mancera se disculpen por el lodazal del Caso Narvarte
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Sugeyry Gándara/SinEmbargo
El 31 de julio de 2015, fueron privados de la vida a Mile Virginia Martin, Yessenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Nadia Dominique Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril en un departamento de la calle Luz Aviñón, en la colonia Narvarte, de la Ciudad de México. La investigación del se encuentra estancada y la PGJ capitalina se niega a reconocer las violaciones a los derechos humanos que cometió en la indagatoria y tampoco ha ofrecido la disculpa pública que se le ordenó.
El ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, quien se perfila a ser Senador, dejó el caso sin resolver y la defensa lucha porque no se le dé carpetazo a la investigación.
“Es una herida abierta que sigue supurando debido a la falta de voluntad de las autoridades para avanzar en la verdad, la justicia y la reparación del daño”, dijo Leopoldo Maldonado, abogado de la organización Artículo 19, quien acompaña el caso.
Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).– A tres años del caso Narvarte, las autoridades de la Ciudad de México siguen renuentes a investigar con eficacia, obstaculizan diligencias para establecer el verdadero móvil y esclarecer el crimen; además, se niegan a reconocer la comisión de violaciones a derechos humanos, denunciaron hoy activistas, abogados defensores y familiares de las víctimas del multihomicidio.
Dijeron que el Gobierno que ahora encabeza José Ramón Amieva, que es continuidad del de Miguel Ángel Mancera (quien está a un pie de asumir un lugar en el Senado de la República) se disculpen públicamente por el lodazal en el que dejan el llamado Caso Narvarte.
El crimen de la colonia Narvarte “es una herida abierta que sigue supurando debido a la falta de voluntad de las autoridades para avanzar en la verdad, la justicia y la reparación del daño”, expresó Leopoldo Maldonado, abogado de la organización Artículo 19, en una conferencia de prensa ofrecida hoy junto a familiares y colectivos derechohumanistas representantes de las víctimas.
El 31 de julio de 2015 en un departamento de la calle Luz Aviñón, en la colonia Narvarte, privaron de la vida a Mile Virginia Martin, de 31 años y de nacionalidad colombiana; Yessenia Quiroz Alfaro, de 18 y originaria de Baja California; Olivia Alejandra Negrete Avilés, de 40 años, y originaria de la Ciudad de México, así como Nadia Dominique Vera Pérez, de 32 años, nacida en el estado de Chiapas, y Rubén Espinosa Becerril, de 31 años y originario de la Ciudad de México.
Ya pasó medio sexenio y con dos personas procesadas penalmente y una sentenciada, algunas preguntas son las mismas que al inicio: ¿Qué ocurrió en realidad?, ¿cuántos atacantes consumaron el crimen?, ¿por qué los privaron de la vida?, ¿por qué la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México armó una versión paralela?..
“¡Ya basta que el gobierno cierre los ojos, se tape los oídos y que se dé la vuelta!”, exclamó Indira Alfaro, mamá de Yessenia Quiroz, durante la conferencia.
La mujer expresó que no permitirán que la sociedad olvide la impunidad que persiste en este caso: “La autoridad hizo mal su trabajo y sólo nos ha dicho que tienen buena fe de que se hicieron las cosas bien, pero no ha habido ninguna avance. [….], nosotros seguimos con el dolor de ese mismo día, pero queremos recordarle y hacerle ver a la sociedad que ya basta de que nos callemos. Habemos muchos padres a quienes nos están matando a nuestros hijos y la gente se está acostumbrado”, manifestó.
Leopoldo Maldonado recordó que en 2017, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la recomendación 4/2017 que concluye que existieron múltiples violaciones en la investigación del caso, entre ellas el derecho a la verdad de los afectados debido a que ninguna línea de investigación ha sido completamente agotada por la Procuraduría capitalina.
La recomendación dio un plazo de tres treses para que, a partir de la aceptación de la recomendación, la PGJDF elabore un “plan integral de investigación” que subsane las omisiones generadas en los últimos dos años, que iniciaron con la contaminación de la escena del crimen e incluso con las necropsias que no establecen causas de muerte.
El documento establece un total de 17 puntos recomendatorios, entre ellos la presentación de un plan integral de investigación que permita agotar todas las líneas de investigación relacionadas con el caso; y se apresuren investigaciones relativas a responsabilidades administrativas y/o penales de personas servidoras públicas por la filtración de información y por la violación de derechos humanos acreditadas en la recomendación.
“Ese plan, todavía a un año, está en vías de diseño porque no han presentado una propuesta que cumpla con elementos mínimos para que se cumpla con plan de investigación integral. Tuvimos mas de 10 reines de trabajo y la autoridad ministerial sigue obstinada en no agotar todas las lineas de investigación”, sostuvo Leopoldo Maldonado.
De las cinco víctimas, Nadia Dominique Vera Pérez, dedicada a la defensa de los derechos humanos y la promoción cultural, y Rubén Espinoza, fotoperiodista, denunciaron públicamente se habían trasladado a la Ciudad de México para escapar del clima de hostigamiento y amenazas que vivían en la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde eran abiertos críticos del entonces Gobernador priísta Javier Duarte de Ochoa, pero ninguno de estos contextos, documentó la CDH, fueron tomados en cuenta de manera inicial por los agentes ministeriales encargados de la indagatoria del crimen.
Otra omisión detectada por la CDH fue la contaminación del lugar en el que ocurrió el crimen, donde el primer agente ministerial que ingresó dejó huellas y no registró su presencia, mientras que sólo en una segunda inspección de la escena, días después, se encontraron elementos fundamentales para cerrar la investigación alrededor del círculo de Mile Virginia Martin, como las facturas de los vehículos relacionados con los hechos.
La averiguación de la procuraduría capitalina ha caído en irregularidades, es sucia, ha revictimizado, y ha cometido violaciones a derechos humanos acreditados en la recomendación 04/2017.
Sin embargo, ninguna autoridad ha sido sancionada por estos agravios, que lejos de resarcirse siguen cometiendo, enfatizó David Peña Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social. Por el contrario, personas que estuvieron directamente involucrados en la investigación en su etapa inicial han sido “promovidos” a otros cargos de mayor responsabilidad, comentó Peña.
El defensor comentó que los abogados de las víctimas, como coadyuvantes del Ministerio Público, tardaron más de dos años para que las autoridades permitieran revisar los videos de los cuales -al analizarlos- encontraron varias contradicciones, entre ellas, que los testimonios de testigos y agentes policiacos, que en su momento la procuraduría capitalina utilizó, son contradictorios a las imagenes que se aprecian en los videos.
“Al revisarlos vemos que hay incongruencias en la versión que construye la PGJCdMx y sobre esas incongruencias en el Ministerio Público nos dijeron “no sirve de nada [los vídeos ], que para qué se hacían esas observaciones y que ‘eso no tiene relevancia´”, detalló el activista.
Peña resaltó al parece las autoridades le apuestan al cansancio y al olvido y que no están interesados en indagar lo que ocurrió ese 31 de julio de 2015 en el departamento de la calle Luz Saviñon.
“Hay una actuación de la procuraduría sistematizada de negación y obstaculización, y ahora está casada con una verdad a medias”, dijo.
Destacó que lo más complicado es que el Gobierno se niega a reconocer las violaciones de derechos humanos y una investigación desaseada, una reconocimiento que piden en aras de una disculpa pública y una reparación del daño.
La abogada Karla Pichel Salas señaló que la administración de Miguel Ángel Mancera, próximo Senador, no dio muestras de voluntad política real para resolver el caso. El ex Procurador Edmundo Garrido se comprometió a dar cumplimiento a la recomendación para hacer una investigaron eficaz, pero ni un solo punto ha sido atendido.
“Durante este tres años, tuvimos que litigar contra el Ministerio Público para que no cierre la investigación. Se han puesto cinco amparos: cuatro contra determinaciones del MP y por la sentencia de Abraham, por el tema de reparación del daño”, explicó la litigante.