Negligencia de gobiernos de BC genera demanda internacional por contaminación
La organización ambientalista Costa Salvaje inició un proceso jurídico internacional en contra del gobierno de Baja California, a quien acusa de solapar la contaminación de 25 kilómetros de costa binacional que provoca la planta de tratamiento que opera en San Antonio de los Buenos, Tijuana. Al respecto, Francisco Vega de Lamadrid, administrador de la entidad, manifestó que los derrames de aguas negras al mar “son ocasionales”.
En febrero de 2017 hubo un enrome vertido de aguas residuales que, 11 meses después, todavía afecta a Tijuana y San Diego. (Foto: Costa Salvaje)
4 Vientos / Foto principal: Agencia EFE
28 de junio del 2018.- Paloma Aguirre, directora del Programa Costero y Marino de la organización ambientalista, destacó que hace 21 años la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef) intervino en el problema y destinó siete millones dólares para mejorar la planta de tratamiento, también conocida como Punta Bandera, “pero han pasado más de 20 años y no se ha hecho nada”.
Informó que la contaminación con aguas negras abarca más de 25 kilómetros de playas que se localizan entre Imperial Beach (California) y Rosarito (Baja California), y que ya hay personas dañadas en su salud por la infección del mar.
“Ya van más de 80 agentes de la Patrulla Fronteriza (Estados Unidos) que se han enfermado. También hay dos casos documentados de graves consecuencias: una persona adquirió meningitis y otra se contagió de una bacteria que le comió la mitad del brazo y por poco no sobrevive”, dijo Aguirre el 27 de junio a periodistas de Tijuana.
Y preguntó: “¿A qué punto tenemos que llegar? ¿A que un niño muera por la contaminación de las descargas en Punta Bandera?”
Carteles en las playas adyacentes al estuario de Tijuana (Imperial Beach) que las declaran inseguras debido a la contaminación que llega por el río Tijuana (Foto: AP)
Finalmente dijo que en caso de que el gobierno que encabeza Francisco Vega de Lamadrid no responda al llamado a detener la contaminación que provoca la plnta de tratamiento, “vamos a seguir adelante con el proceso legal que ya lo hemos empezado”.
Costa Salvaje es un equipo internacional que trabaja para conservar más de 12.5 millones de hectáreas de costas prístinas, lagunas de manglar, islas agrestes, arrecifes de coral y los ecosistemas costeros, marinos y la vida silvestre en Cuba, Estados Unidos y México.
En la región de Baja California trabaja con el Comité Estatal de Humedales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, la Autoridad Portuaria de San Diego, la Red de Acción del Río Tijuana y los administradores y voluntarios de la laguna del Condado de San Diego para proteger humedales.
Asimismo trabaja en la conservación de las islas San Benito, San Martín y Cedros; los humedales costeros de San Quintín en Baja California que comprenden 5,437 hectáreas de un sitio Ramsar de importancia internacional; la costa del Pacífico del Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios que abarca una reserva privada de 20,000 hectáreas en donde se localizan más de 56 kilómetros de costa desértica sin desarrollar; y la Laguna Guerrero Negro, en donde ha protegido más de 1,029 kilómetros de línea de costa que rodea las lagunas a través de concesiones de conservación en colaboración con el gobierno mexicano.
Francisco Vega, gobernador de Baja California (Foto: Síntesis TV)
Derrames, de “ocasión” y en lluvias
Respecto a la demanda de Costa Salvaje y residentes de Imperial Beach, Francisco Vega, mandatario de Baja California, dijo que los derrames de la planta de tratamiento en San Antonio de los Buenos, “son ocasionales, sobre todo cuando hay lluvias”.
Y a medios de comunicación de México y Estados Unidos apuntó: “Hace tiempo se está trabajando en una mesa binacional donde está la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), y la contraparte”.
Y reveló que en una reciente reunión en San Diego, California, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso, se comprometió a resolver el problema “del lado mexicano”.
El estado administra los recursos hídricos a la población en todas sus facetas. En Ensenada son comunes los derrames de aguas negras sin tratar a la bahía local, tal y como sucede estos días en el arroyo El Gallo, en donde vecinos y bañistas de la playa municipal colindante al afluente reportan la presencia de aguas pestilentes que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), operadora de una deficiente planta de tratamiento de aguas residuales en la zona, simplemente no ve.