Liberan a activista de Mexicali Resiste que enfrentará juicio de ultrajes a la autoridad con medidas cautelares (Baja California)
Antonio Heras
Mexicali
Integrantes de organizaciones por la defensa del agua de Baja California, entre ellas Mexicali Resiste, protestaron por la detención del activista Gerardo Durán Gumán por el delito de ultrajes quien fue liberado para enfrentar juicio con medidas cautelares.
Durante la mañana del domingo 22 de abril, alrededor de las 10 horas, los manifestantes hicieron una marcha de un kilómetro por el boulevard Adolfo López Mateos, una de las principales vialidades de Mexicali, para exigir la libertad de Durán al considerar que se trata de un preso político. La marcha inició en el parque Vicente Guerrero y concluyó con un mitin en la calle Sur, frente a la cárcel.
La caprura de Durán, un hombre de 60 años de barba y cabello cano, la realizaron agentes policiacos el viernes 20 de abril por una orden de aprehensión girada por un juez local, a petición de la Fiscalia del Estado. El activista se dirigía a un mitin de protesta por el muro que la administración Trump en Calexico y la militarización de la frontera.
Luego de 48 horas de detención, el activista fue liberado y mantendrá su proceso penal en libertad sujeto a medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir de la entidad y presentarse a firmar un registto semanal del sistema acusatorio.
En entrevistas, Gerardo Durán se define como un soldador que realiza trabajos independientes dentro de la construcción por lo qie dedica su tiempo libre a la resistencia y defensa del agua.
Mexicali Resiste advirtió que el gobierno de Francisco Vega los encarcela por retar su legitimidad, al referirse al caso de Durán y otros cuatro acusados de ultraje de servidores públicos, cuyas sentencias oscilan entre los cuateo y los 10 años de prisión.
Reiteraron que no son criminales, sino ciudadanos que “llegaron a su limite y no están dispuestos a seguir aguantando el poder del teatro politico”.
Al activista se le acusa de ultrajes a la autoridad en hechos registrados el 1 de octubre de 2017 en las instalaciones del Congreso del Estado en donde se efectuó un acto de protesta contra los diputados locales ante la inclusion en la agenda de la aprobación de cinco contratos a empresas bajo la figura de asociaciones públicas-privadas para construir plantas desalinizadoras en Rosarito y San Quintin.
Durante ese mes se reportaron una serie de acciones de protestas y enfrentamientos entre activistas y policias antimotines. El 4 de octubre tomaron las instalaciones del Poder Legislativo pero fueron recuperadas al dia siguiente por la fuerza pública.
A partir de ahí, el Congreso y el gobierno estatal comenzaron a denunciar a los activistas independientes y de los movimientos Mexicali Resiste y Baja California Resiste por ultrajes, privación ilegal de la libertad de empleados y daños en propiedad ajena.
El decreto 168 para contratación de empresas que construirán las desaladoras se concretó el 1 de diciembre de 2017 con la votacion de 12 de 13 legisladores panistas y su aliada del PRD, en un albazo legislativo en el que se omitió convocar a integrantes de grupos parlamentarios opositores (PES, PEBC, MORENA Y PT).