Científicos y pobladores contra el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
Alba Olea
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, Estado de México, continúa en lucha contra la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). En conferencia de prensa, acompañado por científicos y defensores legales, denunció que en el actual debate electoral los candidatos presidenciales, los partidos políticos y las dependencias gubernamentales, evitan hablar de los pueblos que se oponen al proyecto y de las investigaciones científicas que señalan su nocividad.
En el proceso de construcción del NAICM, hasta diciembre de 2017, se han gastado 127 mil 600 millones de pesos del erario público en 292 contratos a empresas privadas asignados sin licitación. Según Julieta Lamberti, de la organización PODER, el principal beneficiario es Carlos Slim, quien posee más de 10 contratos a través de diferentes empresas. El contrato más importante, el de gerente general de proyecto, fue asignado a la empresa estadunidense Parsons International Limited, que actualmente es juzgada en Estados Unidos.
En los 100 años de vida útil que tendrá, el NAICM generará un ingreso mínimo total de más de 9 billones de dólares (casi nueve veces el producto interno bruto de México), que representarán beneficio para las empresas privadas y no para el Estado, aun cuando la inversión inicial pública alcanzará los 209 mil millones de pesos, señaló Jesús Flores, arquitecto de la UNAM.
La construcción del aeropuerto afectará los mantos freáticos profundos, en una zona que es catalogada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como de alto estrés hídrico. Si hoy cada habitante de la zona metropolitana del valle de México tiene acceso sólo al 15 por ciento del volumen de agua recomendado, esta condición empeorará rápidamente. Asimismo, más de 2 millones de toneladas de dióxido de carbono serán liberadas al año por el vuelo de aviones, excediendo el nivel máximo de contaminantes.
La construcción del NAICM absorbe 3.2 millones de pesos de los recursos municipales por año, según denunció el hidrólogo Carlos Vargas. Además, las tierras donde se proyecta su construcción tienen un potencial de hundimiento mayor a las del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, debido al espesor de los sedimentos lacustres compresibles. Los efectos previsibles son el agrietamiento, el hundimiento y la formación de socavones, que representan vías de contaminación de los mantos acuíferos.
Desde hace 17 años el FPDT se mantiene en lucha en contra del NAICM. La represión que sufrieron los habitantes de Atenco en mayo de 2006 es otro de los temas ausentes en el debate electoral, aun cuando el Estado mexicano enfrenta demandas por ello ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sandino Rivero, abogado y representante legal del Frente, informó que esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el juicio de amparo que en 2015 interpusieron contra la obra, y que fue declarado improcedente por un juzgado de distrito, bajo el argumento de que los ejidatarios no acreditaron ser originarios de Atenco, indígenas y sufrir afectaciones a sus derechos humanos y ambientales.
Como parte de su defensa legal, el antropólogo Itzam Pineda realizó un peritaje antropológico mediante el que se prueba que los pobladores de los municipios afectados reúnen las características de los pueblos indígenas, por lo que el amparo es procedente según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 2 de la Constitución mexicana. El antropólogo denunció la estrategia gubernamental que busca imponer el proyecto rompiendo con el tejido comunitario regional, de forma anticonstitucional y bajo riesgo de causar “un desastre sociocultural de proporciones inadmisibles”.