Oaxaca: Defensa Nacional cambia estrategia para instalar base militar en Tlacolula
Avispa Midia,
Ñaní Pinto,
Desde una orden del gobierno federal, el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció, en los primeros meses de este año 2017, que el campo de la 28 Zona Militar, hoy ubicado en el municipio de Santa Lucia del Camino, sería reubicado y ampliado con infraestructura y con el número de militares en el municipio de Tlacolula de Matamoros, a tan solo 30 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Este anuncio provocó una respuesta inmediata de los habitantes de esta región para expresar que no permitirían la instalación de dicha base.
Para dicha reubicación de este nuevo complejo militar, en un primero momento, se planteó al gobierno estatal la donación de 300 hectáreas de tierras comunales, aunque dichas tierras están jurídicamente bajo responsabilidad y resguardo de los comuneros de esta región, donde la máxima autoridad son las asambleas comunitarias. El primer intento por parte de la SEDENA y del gobierno estatal fue acercarse a San Mateo Macuilxóchitl, donde fueron rechazados en asamblea general. Después se acercaron a la comunidad vecina de Teotitlán del Valle y, por último, a Tlacolula de Matamoros y Villa de Mitla donde también obtuvieron la misma respuesta de las asambleas.
Al parecer el gobierno y la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), tras la decisión de la población, por asamblea, de no aceptar la base militar y, por lo tanto, no ceder sus tierras, habían cambiado la intención de la reubicación, pero lo que sucedió fue un cambio de estrategia.
Contrataron a una empresa inmobiliaria que ha estado utilizando gente de la misma comunidad para facilitar la compra de tierras de manera individual. “Esta vez, una empresa cuyo nombre se ha negado a proporcionar a los propietarios de dichos terrenos, se ha acercado a través de intermediarios para no sólo hacer explícita su oferta, sino para acordar un precio específico por metro cuadrado, mismo que se liquidará del 20 al 30 de este mes de noviembre del 2017, sin mencionar que estas tierras serán utilizadas para instalar la Base Militar”, denuncian los pobladores del municipio de Tlacolula de Matamoros, en un comunicado emitido este 13 de noviembre de 2017.
“Ellos primero se acercaron pidiendo las copias de los documentos de sus tierras y ofreciendo entre 150 y 170 pesos por metro cuadrado. Ahora, se agrega un problema más, la especulación por los precios de las tierras. Ya que a la gente le están ofreciendo una cantidad irrisoria para despojarlos y después aumentar a cinco o siete veces más su precio”, dijo para Avispa Midia Javier Ruiz, miembro del Grupo de Investigación- Acción Autónoma, quien ha dado acompañamiento a las comunidades de la región.
Para los habitantes de este municipio se han despertado diversas preocupaciones sobre los impactos que traerán consigo este campo militar. “Impactos ambiental, social y cultural generados por nuevos fraccionamientos (habitacionales) y complejos comerciales”, señalan en su comunicado.
Efectivamente, en el mes de marzo de este año 2017, el General de División Diplomado del Estado Mayor (DEM), Alfonso Duarte Mújica, confirmó que la base de la SEDENA podría ser un detonante de derrama económica para las comunidades aledañas con la presencia de más de 5 mil militares. Ya que el flujo económico mensual para esta base es de aproximadamente 25 millones de pesos, entre salarios de la tropa, oficiales, generales, etcétera; “éstos recursos”, dijo, “podrían ser aprovechados por los comercios, hoteles, restaurantes y empresas de transportes de la zona donde se instale la nueva zona del Ejército”.
Al parecer el gobierno y la SEDENA se han preocupado por mencionar los impactantes beneficios para estas comunidades, pero no les han hablado de ningún efecto negativo, a lo que debería responder cualquier proyecto, sin importar el ramo. “Las afectaciones por el incremento de habitantes en la región será la falta de agua potable, deficiente recolección de basura. Por otra parte están las experiencias en otros contextos de otros estados del país donde se han establecido los militares y donde prolifera la venta de drogas y alcohol, el abuso de autoridad, las enfermedades veneras, los bares y prostíbulos”, agrega miembro del Grupo de Investigación- Acción Autónoma.
“Ante todo esto, las preocupaciones vienen con las preguntas sobre el tamaño de la base que es equiparable al de la ciudad de Tlacolula: ¿Para qué se necesita un territorio más extenso que la refinería de Salina Cruz, la Cervecera de Tuxtepec, la Cementera de Lagunas o los ingenios de la Cuenca del Papaloapan?”, expresan los habitantes de Tlacolula, quienes han hecho un llamado urgente a las comunidades de la región para estar atentos a los avances de este proyecto.
Reubicación estratégica
Las preocupaciones de los habitantes de los Valles Centrales de Oaxaca con la instalación de esta base Militar esta directamente vinculada hacia más de 50 proyectos mineros y parques eólicos que pretenden establecer en sus comunidades.
“Primero no sabíamos porque insistían en la reubicación de la Base Militar, pero es por la importancia que presenta en términos de flujos de mercancías la carretera 190 y la carretera internacional. La segunda cuestión es lo que nosotros llamamos el corredor minero, donde hemos identificado 50 proyectos mineros, que van desde la comunidad de Totolapan hasta el poblado de Lachigoló”, señala Ruiz.
Oaxaca es un estado de la republica mexicana donde los procesos de lucha y de resistencia por la defensa de las tierras comunales y el territorio en su conjunto va en aumento y esto ha implicado contextos de uso de extrema violencia por parte del Estado. “Por tanto, tener una base militar en medio de un contexto de defensa del territorio, pone en vulnerabilidad a estos pueblos”, sostiene Ruiz.
La experiencia de otras comunidades que han tenido que lidiar con la presencia de una base militar en sus territorios ha creado la necesidad de organizarse en esta región. “En el momento en que se da esta organización fue espontanea por el actuar del ejercito en otras partes del país. Hay un consenso generalizado de disgusto e incluso de miedo hacia los elementos del ejercito. Pero también la gente tiene claro que ellos no traerán ningún beneficio de las comunidades y que por el contrario, es bien sabido que siempre velarán para que los inversionistas puedan realizar libremente sus procesos extractivistas”, dice Ruiz.
El Grupo de Investigación- Acción Autónoma ha emprendido un trabajo arduo, en conjunto con las comunidades de los Valles Centrales, para realizar el trabajo que corresponde a las empresas y al gobierno estatal y federal, en torno a los efectos negativos que generarán los diversos proyectos diseñados para la región. “No solo son los proyectos en el Valle de Tlacolula, sino que es una relación intrínseca entre los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec y sus líneas de trasmisión, pero también de las Zona Económica Especial que se pretende establecer en Salina Cruz. Son proyectos que están conectados y la presencia del ejercito en nuestras comunidades creemos que responde a una necesidad de control de población”, arremete Ruiz, quien también es vecino del Valle de Tlacolula.
Mientras tanto, las comunidades de esta región están programando una asamblea urgente que se llevará acabo en el trascurso de la semana, pero han dejado claro en su comunicado que, ante este escenario de posible despojo e imposición del proyecto
desconocido, exigen “a las autoridades municipales y estatales el esclarecimiento del mismo, así como el rechazo de cualquier complejo que afecte nuestro territorio”.