Urgen ONGs ley de desaparición forzada (Tamaulipas)

Redacción/El Mañana

Colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles que las acompañan exigieron al Congreso de la Unión aprobar ya la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, aunque aún advierten deficiencias.

“Invitamos al Senado a que apruebe la Ley, pero sí manifestamos algunas reservas, que fundamentalmente tienen que ver con el tema de la búsqueda, ya que no se le están dando los dientes suficientes para que haga su trabajo a la Comisión Nacional de Búsqueda”, expresó Humberto Guerrero, de Fundar.

Explicó que, por ejemplo, no tendrá policía adscrita y para algunas investigaciones deberá pedir la cooperación del Ministerio Público, lo que disminuye su capacidad operativa.

En tanto, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que aglutina a 40 colectivos del País y Centroamérica, recalcó que en el dictamen más reciente no queda claro quién será el responsable de encabezar la búsqueda de personas desaparecidas, si la Federación o los estados, además de que se sigue utilizando el término “no localizados”, contrario a las recomendaciones internacionales.

“Hacemos un llamado claro a las y los legisladores en ambas cámaras a aprobar la Ley General sobre Desaparición Forzada y por particulares durante este período y honrar su compromiso con nuestro dolor y nuestra lucha por encontrarlos y encontrarlas”, demandaron, mediante un posicionamiento.

Apesar de ello, Humberto Guerrero destacó que en las últimas semanas la presión de las víctimas logró que el Gobierno federal cambiara algunos puntos relevantes, como el registro forense y la creación del Programa Nacional de Búsqueda, que evitará que cada Fiscalía estatal realice las búsquedas de manera diferente.

“El Gobierno dice que puede funcionar tal y como está (la Ley), esperemos que sea así, pero el Gobierno tiene la carga de la prueba para demostrarnos que ese sistema que nos está planteando sí funciona”, agregó el defensor de derechos humanos.

Los colectivos de víctimas y las organizaciones civiles han trabajado por más de dos años junto con senadoras y senadores para sacar adelante dicha ley, que iba a ser mermada por observaciones lanzadas por el Ejecutivo federal, las cuales fueron aminoradas.

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