“¡Duarte, nos fallaste!”, recriminan familiares de desaparecidos en Chihuahua

Proceso
Patricia Mayorga

Las familias de personas desaparecidas se unieron en un solo reclamo en el ocaso del sexenio del priista César Duarte Jáquez: “¡Duarte, nos fallaste!”, frase que coronó la última manifestación contra las autoridades estatales actuales, quienes se marcharán con señalamientos de impunidad, corrupción e indolencia para realizar búsquedas o diligencias mínimas por parte de la Fiscalía General del Estado.

Previo a la marcha, los familiares de mujeres y hombres desaparecidos en Juárez, Sierra Tarahumara, Cuauhtémoc, Jiménez, Gran Morelos, entre otros municipios, recibieron en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) al gobernador electo Javier Corral Jurado, quien se comprometió a crear la fiscalía especializada en investigación de violaciones contra derechos humanos y desaparición forzada.

Gabino Gómez Escárcega, encargado del área de personas desaparecidas en el Cedehm, destacó ante los familiares el mensaje que éstos le enviaron a Duarte para despedir su administración, y dijo que esperan que en cinco años, cuando concluye la gestión de Corral, se modifique el mensaje de la manta exhibida este día.

El fiscal delegado ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, Colombia, Pedro Díaz Romero, se comprometió a apoyar a las familias y al gobierno entrante en el diseño de la nueva fiscalía.

“La situación es grave en Chihuahua, de desaparición forzada y ahora también de desplazamiento forzado. No deben ser tratados como delitos que aparezcan en forma aislada, sino como una serie de casos cometidos por estructuras delictivas, algunas complejas y otras no tanto, pero funcionan por complacencia, con el apoyo de agentes del Estado. La investigación de este tipo de delitos se hace caso por caso, se tiene que ir variando a investigar crímenes de sistemas, que apliquen los mecanismos que se han diseñado desde tribunales como Yugoslavia, como la Corte Penal Interamericana”, detalló Díaz Romero.

También dijo que se requieren especialistas en la investigación, así como de los familiares de víctimas y organizaciones civiles que apoyan estos casos, porque la experiencia en el manejo de grupos es significativa, pero lo mínimo que quieren hacer es la modificación de las instancias policiacas, y se introduzca una investigación científica, inteligente y actualizada en ese tipo de delitos.

“Estos delitos son los más graves y complejos, pues por la multiplicidad de derechos que se violan se requieren nuevas investigaciones y nuevos funcionarios, que si no pueden cambiar físicamente, deben capacitarse en ese tipo de investigaciones”, abundó el abogado colombiano, quien se comprometió a apoyar y acompañar la iniciativa de Justicia para Nuestras Hijas y del Cedehm.

Javier Corral urgió a reconocer el grave problema de desaparición forzada en la entidad, pues “es una figura que cubre las características para denominarla así en nuestro estado, porque se da fundamentalmente por la delincuencia organizada pero en colusión con instituciones de seguridad pública que son del Estado, eso hace que se constituya en nuestro estado uno de los casos más dramáticos, frente a los que se ha actuado con mucha negligencia, indolencia, desdén, hay falta de respeto hacia las familias de víctimas, no sólo política sino humana para entender esta tragedia continuada en los familiares que les afecta ámbitos de vida, social, económica. Tenemos que resarcir y recuperar a estos chihuahuenses que viven en este dolor profundo, hacerles justicia o por lo menos decirles la verdad, encontrarlos vivos o muertos, porque es la verdad que hay que decir a sus familiares. Quisiéramos que se encontraran vivos, pero por lo menos que sepan dónde están, que se puedan encontrar con sus seres queridos estén donde estén”, ofreció.

Otro propósito de la nueva fiscalía es realizar una estadística real de personas desaparecidas, porque hay subregistros y una clasificación muy mala del registro de víctimas.

“Hay indolencia en la tragedia por las autoridades, se traduce en desdén, irresponsabilidad, porque en el fondo no les duele, porque a veces nadie puede entender la injusticia si no la vive, y a veces no somos capaces de entender el valor si no lo sufrimos, sólo hay un valor que permite entender y comprender a los demás en sus sufrimientos y aspiraciones, que es el amor, y hay un amor grandote que se llama la solidaridad”, acotó.

Luego dijo que en la campaña y en las giras posteriores que ha realizado, la ciudadanía le mencionó de fosas clandestinas, de ranchos en los que puede haber personas desaparecidas enterradas y, a pesar de que la gente tiene mucha información, las autoridades no hablaron.

“Incluso, cuando había todos los elementos para ir, esclarecer, no se hizo, porque información la tenemos todos, a mí me ha llegado información que ya se podrán imaginar. Por donde iba, madres, hijas, hermanas, abuelas, tienen información, pero no se quiso investigar, eso no puede ni debe quedar impune, por eso estoy totalmente de acuerdo en que debe haber justicia y por supuesto que necesitamos reclamar un derecho fundamental a la verdad, para liberarnos del dolor. Muchas de ustedes quieren liberarse de ese dolor”, agregó el panista.

El gobernador electo dijo que las familias también son víctimas a las que el Estado las ha vuelto a violentar, porque cuando ellas realizan la labor de investigación, que no realiza el MP, las persiguen, amenazan y criminalizan, “porque luego llegan más lejos que donde llegan los policías y entonces las mafias delincuenciales se molestan, porque esa señora ya anda muy adentro metida, investigando”.

Mientras, Gabino Gómez recordó que la lucha de las familias en Chihuahua ha tenido costos graves, ya que por lo menos tres madres que buscaban a sus familiares o exigían justicia hoy se encuentran desaparecidas: Martha Loya de Cuauhtémoc, quien buscaba a sus dos hijos; Artemisa Ibarra, que buscaba a su sobrino y dos hermanos, también desapareció en Cuauhtémoc, y María Guadalupe Fierro, quien luchaba por los derechos de los campesinos de Pachera, Guerrero, le asesinaron a un hijo y posteriormente la desaparecieron.

Decepciona primera sentencia

El pasado 7 de julio un Tribunal de Juicio Oral sentenció con 15 años a Pablo Isaac Macías Navarro por la desaparición de José Rosario Hernández, a quien infraccionó el 23 de octubre de 2011 y nunca más apareció.

El agente fue detenido y posteriormente lo liberaron, pero por presión de la familia y del Cedehm se logró detenerlo de nuevo el 24 de febrero de 2015 y, en un juicio oral que duró alrededor de un mes, fue sentenciado, aunque nunca dijo qué hizo con la víctima.

Pero la madre de José, Teodocia Domínguez, dijo que no recibió bien la noticia de la sentencia: “No me dijo qué pasó con mi hijo, si no habla, pues sabrá Dios dónde está. De qué fue él, si fue. No ha dicho nada, reconoce que lo detuvo pero dice que no le hizo nada. No dice nada, lo sentencian a 15 años y a mí me dejan en las mismas, y 15 años no son nada.

“En primer lugar él como empleado de gobierno cometió el delito, tenía que haber sido una buena sentencia, porque es más grave el delito. Le dan 15 años a una persona que sabe que tiene delito y que desapareció a una persona, lo que yo esperaba era razón, yo desde un principio le dije personalmente a él (al imputado): ‘Si me dices la verdad, a lo mejor yo te otorgo el perdón’, y si lo sentenciaban a 15 años yo buscaría la manera de que fuera la mitad, pero que hablara. No me dio tranquilidad porque no encuentro a mi hijo, a pesar de que hay evidencias de que él fue, porque junto con la infracción había un papel que dice que es un servicio médico, y las autoridades no lo han obligado a decir qué hizo con mi hijo”.

Sin gasolina para buscar a desaparecidos

Hace un año desaparecieron siete trabajadores quienes fueron contratados para instalar una antena de la Red Nacional de Telecomunicaciones para la Fiscalía General del Estado, en la comunidad de Lebarón, municipio de Galeana, y ahora, la dependencia les informó que no han realizado búsquedas porque no hay recursos para gasolina.

“Ha sido el año más difícil”, externó Yesenia Carrera, madre de uno de los trabajadores desaparecidos el 29 de agosto de 2015, en una zona controlada por el grupo delictivo La Línea, y aun así, no tenían protección.

“La relevancia de este caso estriba en que los trabajadores realizaban esta obra para el gobierno, la antena de referencia es para el servicio del gobierno en todos sus niveles y se hacía con recursos provenientes del gobierno de Estados Unidos, como parte del acuerdo de la Iniciativa Mérida, también conocida como Plan Mérida”, explicó Gabino Gómez Escárcega, encargado del área de desaparecidos en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).

Los trabajadores salieron de la ciudad de Chihuahua hacia el campamento en la colonia Lebarón el 22 de agosto de 2015, en una camioneta Ford 1995, con placas EA82111, que conducía Ramón García Betance, de 45 años.

Las familias perdieron comunicación con los trabajadores el 29 de ese mes y, de acuerdo con testigos, ese día observaron el campamento vacío.

Las familias refirieron que una vez que reclamaron a las autoridades la falta de investigaciones para localizar al grupo de desaparecidos, éstas negaron los hechos, pero cuando la evidencia los rebasó, trataron de criminalizar a los desaparecidos. El fiscal general Jorge Enrique González Nicolás declaró a los medios que los trabajadores habían sido contratados por un líder criminal de Villa Ahumada.

Y el Cedehm cuestionó: ”¿Instalar una antena de gobierno con recursos de Estados Unidos?”

Ahora, luego de un año, las autoridades justificaron que no han realizado búsqueda alguna porque no tienen recursos… para gasolina.

“Ellos son parte de las mil 799 personas desaparecidas en el estado de Chihuahua que no son buscadas”, advirtió Gabino Gómez.

“Las familias están abandonadas por el estado, no se cumple con las leyes de víctimas que obligan al gobierno a la atención humanitaria”, denunció el Cedehm.

Los desaparecidos son Elizandro González Gardea, de 17 años; Carlos Antonio Perales Carrera de 28; Dámaso Luna Ceballos, de 45; Ramón García Betance, de 45; José Refugio Gardea, de 55; Miguel Reyes Martínez, de 55, y Bogar Uriel Marrufo Alonso, de 33.

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