Marchan juntos Siempre Vivos y representantes de padres de 43 de Ayotzinapa
El Sur
Luis Daniel Nava
Chilapa. Familiares de desaparecidos de Chilapa y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa marcharon en esta ciudad para exigir a las autoridades justicia y la presentación con vida de sus parientes que fueron llevados hace un año durante la irrupción de civiles armados.
La tarde de ayer, familiares aglutinadas en la organización civil Siempre Vivos y una representación de 35 familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, salieron a las calles a un año de la desaparición de al menos 16 civiles.
Los familiares de las víctimas se metieron en la tradicional verbena por las principales calles de la ciudad, que organizan escuelas y empleados del Ayuntamiento.
Los manifestantes montaron un carro alegórico a la irrupción armada de pobladores y autoridades de comunidades del sur del municipio aglutinados en la organización Pueblos Unidos por la Paz y la Justicia, también autodenominada Comunitarios por la Paz y la Justicia, que es la misma que el obispo de la Diocesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza señaló como parte del grupo criminal Los Ardillos.
Durante el recorrido la multitud de familias que salieron por el principal circuito de la ciudad permanecieron callados, excepto en el centro de la ciudad donde una señora lanzó un solitario y fuerte aplauso de admiración y solidaridad hacia las familias de las víctimas.
En la representación iban dos hombres y una mujer armados con escopetas, abajo los familiares portaban fotografías de las víctimas y pancartas con diversas consignas y leyendas como, “es imposible estar triste, su ausencia duele pero su recuerdo nos sigue haciendo luchar”.
Responsabilizaron al líder de la organización Pueblos Unidos por la Paz y la Justicia, José Apolonio Villanueva de la desaparición de sus parientes.
Portaron playeras que decían “No buscarte será el principio del olvido”.
El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, Felipe de la Cruz dijo que acudieron a Chilapa para unificar la lucha por la presentación y justicia para las víctimas de este municipio, y que la misma situación que padecen los familiares es la que los padres de los normalistas sufren.
El coordinador de la organización Siempre Vivos, José Díaz Navarro expresó durante la protesta que están a un año de la tragedia y a un año de estar detrás de la justicia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Ante la falta de resultados de las autoridades, acudir ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a pedir justicia.
Insistió en que las 16 víctimas de desaparición fueron capturadas por el grupo de pobladores armados y de comisarios que irrumpieron en la ciudad el año pasado y se mantuvieron en la ciudad del 9 al 14 de mayo.
También pidió llevar ante las instancias encargadas de impartir justicia al ex gobernador Rogelio Ortega Martínez, al ex fiscal general Miguel Ángel Godínez y al ex líder del Congreso local Bernardo Ortega por su presunta omisión y colusión con los hombres armados.
La organización Siempre Vivos informó además que tiene registrados 61 casos de desaparición en el municipio, más otros 40 casos sin denuncia formal.
Hay trabajadores y estudiantes de Chilapa entre los 16 desaparecidos por el grupo Paz y Justicia
Zacarías Cervantes
El joven Alexandro Nava Reyes salió de su casa ubicada cerca del kilómetro 52 de la carretera Chilapa-Tlapa, aproximadamente a las 8 de la noche del 9 de mayo del 2015. Iba a bordo de una motocicleta a encontrarse con su novia.
Media hora después la novia de Alexandro llamó a sus padres. Les dijo que estaba preocupada porque el muchacho no le contestaba su celular y no llegó a verla como habían quedado esa tarde.
Esa noche una niña de 7 años fue testiga de que “policías comunitarios” detuvieron a Alexandro frente a la tienda departamental Aurrerá, pero al día siguiente cuando sus padres fueron a hablar con el jefe de los civiles armados, Constantino Chino García, -un ex policía municipal de Chilapa- les contestó que no lo tenían y que fueran a preguntarle a El Chaparro (líder de la organización criminal Los Rojos, Zenén Nava), porque ellos estaban entregando a la Gendarmería a todas las personas detenidas. Alexandro cumplía entonces 22 años y este 9 de mayo, un año después, de él nada se sabe todavía.
Ayer se cumplió un año de la irrupción armada de pobladores y autoridades de comunidades del sur del municipio aglutinados en la organización Pueblos Unidos por la Paz y la Justicia, también autodenominada Comunitarios por la Paz y la Justicia, que es la misma que el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza señaló como parte del grupo criminal Los Ardillos.
El de Alexandro es uno de los 16 casos de personas desaparecidas que documentó el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), a partir de mayo del año pasado tras la irrupción de civiles armados a la cabecera municipal de Chilapa, en donde permanecieron del 9 al 14 de mayo sin que alguna autoridad interviniera.
Los familiares del desaparecido presentaron la denuncia el 10 de mayo del 2015 y quedó integrada en la averiguación previa ALV/SC/02/0198/2015, sin embargo no han tenido resultados de la investigación, ni si quiera informes les han dado.
Carlos Emmanuel Meza Nava hace un año tenía 21 años de edad, estudiaba la carrera de Tecnologías de la Información en la Universidad Tecnológica de Chilapa.
A las 7 de la noche del 9 de mayo salió de su casa con un amigo. Posteriormente su hermana recibió un mensaje que decía que varias personas armadas que llegaron al municipio estaban deteniendo a ciudadanos, se dio cuenta de que Carlos Emanuel no se había llevado su celular y no pudieron llamarle. Junto con su madre lo estuvieron esperando toda la noche sin que apareciera.
Al día siguiente la madre contactó al amigo de su hijo y éste le informó que al llegar al centro de Chilapa se tomaron una copa de mezcal y se despidieron. Los familiares del joven llamaron a varias de sus amistades y algunos informaron que lo vieron cerca del mercado.
Varias personas les informaron también, que vieron que esa tarde fue detenido por los civiles armados en presencia de elementos de la Gendarmería y de la Policía Estatal, quienes permitieron que el grupo detuviera a varias personas, que incluso desarmaron a la Policía Municipal y que en las patrullas que les quitaron se cometieron las detenciones.
La familia de Carlos Emmanuel presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado, pero no han recibido ninguna información a un año de su desaparición.
Aproximadamente a las 7 de la mañana del 10 de mayo Crispino Carreto González y su hijo de 15 años de edad Samuel Carreto González, salieron de su casa y un año después todavía no regresan.Según testigos fueron detenidos por los hombres armados cerca del crucero denominado La Botella, por la entrada a la cabecera municipal.
Los testigos informaron que los civiles armados se los llevaron con rumbo a Chilpancingo y que observaron cuando fueron obligados a bajar de su vehículo, golpeados y detenidos.
La detención ocurrió aproximadamente a las 3:30 de la tarde, cuando al parecer ya regresaban a su casa de su trabajo.
La esposa y madre de los desaparecidos se enteró horas más tarde e intentó contactar a su esposo vía celular, pero entraba la llamada sin que nadie respondiera.
Ese día un grupo de personas armadas apedrearon su casa y se robaron ropa del patio, y en días posteriores otro grupo de personas irrumpió en su casa robándose pertenencias y ganado bovino que tenía en su patio.
Los vecinos confirmaron que fueron comisarios de varias comunidades de Chilapa los que detuvieron a Crispino Carreto González y a Samuel Carreto Vázquez, y que fueron los mismos comisarios los que regresaron a robar y causar daños a su vivienda.
Daniel Velázquez Romero tenía 23 años cuando el 14 de mayo de 2015 fue levantado aproximadamente a las 9 de la mañana.
Estaba en una gasolinería junto a su esposa abasteciendo su moto cuando fue rodeado por varios civiles armados y encapuchados y subido a la fuerza a una camioneta blanca.
Cuentan los que vieron que iban dos Urvan y dos camionetas blancas en total, pero de ninguna vieron el número de placas.
La esposa de Daniel acudió de inmediato a denunciar los hechos ante la Policía Estatal, y justo en ese momento pasaron las camionetas blancas de civiles armados frente a los elementos policiacos, pero a pesar de que les pidió que los detuvieran los policías arrancaron en sus patrullas supuestamente para perseguirlos, pero no hicieron ningún intento por alcanzarlos, después se estacionaron cerca del Zócalo.
Al ver la actuación de la Policía Estatal, la esposa fue a informar lo sucedido a la Gendarmería, que se encontraba cerca de la estatua a Eucaria Apreza, y le reprocharon que debiera haber ido con ellos y no con la Policía Estatal.
Ese mismo día pusieron una denuncia ante el Ministerio Público en Chilapa. Allí les dijeron que les avisarían cuando tuvieran resultados de las investigaciones, pero a un año no han recibido ningún informe.
Otro testimonio es el de los familiares de Gemino Neri Agustín, también desaparecido durante la irrupción.
Relatan que el 9 de mayo salió en una camioneta Grand Cherokee Laredo, modelo 1993 roja, a las 4 de la mañana de la comunidad de Zilacayota municipio de Acatepec, en compañía de su vecino Josefino Jesús Cruz. Su destino era la ciudad de Chilapa en donde dejarían la camioneta y de allí se trasladarían a Chilpancingo.
Su intención era tomar un autobús en Chilpancingo con rumbo a Petatlán, en la Costa Grande, en donde cobrarían aproximadamente 10 mil pesos como pago de un trabajo.
La persona que le pagó el dinero le dijo después a la esposa de Gemino que éste salió a las 3 de la tarde de regreso para Chilapa, donde llegaría aproximadamente entre las 9 y 10 de la noche, allí recogería la camioneta para regresar a su comunidad de Zilacayota, sin embargo después de que llegó a Chilapa ya no supo nada de él.
Aunque posteriormente se enteró de que en esa ciudad estaban instalados retenes “de la policía comunitaria” que sitiaron Chilapa del 9 al 14 de mayo, por lo que ella deduce que fueron capturados por este grupo.
Otros días de la irrupción
El 10 de mayo aproximadamente a la 1 y media de la tarde, un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto que se trasladaban en una camioneta Pick Up y en una patrulla del Ayuntamiento de Chilapa detuvieron a Jaime Eduardo Villanueva Altamirano.
Él se encontraba en la esquina de su casa en su moto. Los hombres armados lo subieron a la camioneta a punta de golpes y patadas, le dijeron que se calmara o le iba a ir mal, ya que Jaime luchaba por bajarse del vehículo.
Los hombres le dijeron a su esposa que lo fuera a recoger a la comandancia de la Policía Municipal, pero al llegar los familiares allá les informaron que no lo tenían detenido.
También fueron a preguntar a la Policía Federal (Gendarmería) si estaba detenido, porque los civiles armados que se autodenominaban policía comunitaria les dijeron que lo habían entregado a la Gendarmería pero la Policía Federal negó esa información. También preguntaron en el cuartel de la Policía Estatal sin obtener ninguna información.
Los familiares supieron después que a Jaime lo tenían a los “comunitarios” a quienes les suplicaron que les permitieran entregarle los medicamentos que por prescripción médica debe tomar, ya que padece de diabetes, pero no pudieron convencerlos.
Jorge Abarca Jaimes desapareció el 12 de mayo a las 6 y media de la tarde, después de que salió con su patrón Alberto del negocio de tortillas Los tres Hermanos, ubicado frente al mercado nuevo.
Se dirigían a entregar un pedido de tortillas al pueblo de Zitlala cuando fueron detenidos frente al salón de fiestas California por hombres armados y encapuchados que en esos días se encontraban en la ciudad.
Marcial Saldaña Tiburcio, originario de El Jagüey le informó a la familia que Jorge fue detenido y a golpes lo subieron a una camioneta en la que el grupo de civiles armados patrullaba la ciudad.
El 10 de mayo de 2015 los hermanos Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas salieron a las 7 de la mañana de su comunidad Ahuhuiyuco, municipio de Chilapa, en una camioneta Ford modelo 1990, se dirigían a la cabecera municipal a vender una becerra en el tianguis de ganado que se organizaba ese día.
El padre de ellos informó que aproximadamente media hora después sus hijos fueron interceptados en el punto conocido como El Arco en la entrada de Chilapa, en donde había una operación y unas pancartas que decían “policía comunitaria”.
Recuerda que cuando él llegó a bordo de una camioneta del servicio de pasajeros vio que tenían a sus hijos detenidos y amarrados.
Los que los tenían se identificaron como comisarios de San Ángel, San Pedro, Ahuihuiyuco, El Jagüey, Xiloxuchicán y dijeron que estaban cansados de Chilapa.
Él descendió del vehículo en el que iba y dijo a los comisarios que sus hijos no les habían hecho nada. Les pidió que si habían hecho algo los entregaran a la policía, pero los civiles se negaron. Incluso intentaron detenerlo a él también y al pasaje que traía la combi en que se trasladaba.
El padre de los tres jóvenes se dirigió a la Gendarmería que estaba cerca del centro de la ciudad pero los agentes federales se negaron a ayudarle. Al retornar al lugar de la detención ya no encontró a sus hijos ni el vehículo.
Observo a más personas detenidas en ese lugar a manos de los “comunitarios” que se encontraban encapuchados y portando armas de fuego y palos.
El mismo día un grupo de personas encapuchadas llegó a la comunidad donde vive la familia de Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas y causaron destrozos en algunas viviendas.
La familia de Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas presentaron una denuncia sin que un año después hayan tenido resultados y tampoco saben de su paradero.
La Fiscalía les ha dicho que esperen, que están investigando, pero desde la fecha de la detención no tienen información del paradero de sus familiares ni del vehículo.
A un año de los hechos, el padre de los tres jóvenes recuerda que tras la irrupción de los encapuchados, los comisarios entregaron sus armas y se reunieron con el entonces gobernador Rogelio Ortega, quien se comprometió a investigar y a encontrar a sus familiares pero ni él ni el actual gobernador Héctor Astudillo Flores les han entregado a los desaparecidos.
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