A un año de la incursión a Chilapa, nada se sabe de 16 desaparecidos
El Sur
Luis Daniel Nava
Chilapa. Este día se cumple un año de la incursión armada a esta ciudad de más de 300 pobladores y autoridades de las comunidades del sur del municipio de Chilapa con el propósito de exigir seguridad y para catear viviendas y detener a los presuntos integrantes de la célula delictiva Los Rojos. Los civiles armados se concentraron junto a efectivos militares, de la Gendarmería y policías estatales.
Este grupo de civiles armados, ahora constituido en la organización llamada Comunitarios por la Paz y La Justicia de Chilapa, fue acusado por vecinos de la cabecera de estar ligados al grupo delictivo Los Ardillos que tienen su base en el municipio de Quechultenango.
El saldo fue la desaparición de 16 vecinos de Chilapa. Posteriormente hubo decenas de asesinatos entre ellos siete familiares del ex director de Seguridad Pública de Chilapa en la administración anterior, Silvestre Carreto González; la militarización y presencia de policías federales en la ciudad no han dado resultados de las autoridades para dar con el paradero de los desaparecidos.
Aquella tarde del 9 de mayo, un diminuto grupo de vecinos se aventuró a salir a las calles de Chilapa a realizar un tradicional desfile y serenata por el Día de las Madres; las calles y las principales avenidas de la ciudad fueron vaciadas ante los primeros avistamientos de personas armadas en camionetas de pasajeros.
Testigos documentaron en imágenes y con testimonios que en la glorieta Eucaria Apreza, personas con armas de alto poder detuvieron y maniataron a taxistas y motociclistas a los que acusaron de pertenecer a la pandilla de los Rojos.
Mientras que otro grupo, constataron autoridades civiles y armados, ingresaron a la comandancia de Policía Municipal sometiendo a los agentes que ahí se encontraban, sacaron armas y tomaron una patrulla.
Durante cinco días, autoridades comunitarias, pobladores, señoras y hasta niños que acompañaban a los civiles armados permanecieron en la glorieta Eucaria Apreza, mientras que comandos armados realizaban recorridos y cateos domiciliarios en busca de presuntos integrantes de la célula delictiva de Los Rojos; en esos días se realizaron tres tensas protestas de vecinos para reclamar la presentación de sus parientes y la salida de los hombres armados.
En la primera protesta del 11 de mayo, se encontró una marcha de unos 150 ciudadanos contra un contingente de civiles armados con rifles, escopetas, armas cortas y machetes.
Las calles de Chilapa fueron escenario de lo que parecía una guerra civil y permaneció en total anarquía por la falta de autoridades formales y ante la inacción de los cuerpos de seguridad.
En esa ocasión, ocho reporteros locales y de la capital que quedaron en medio de las dos partes fueron empujados, encañonados y despojados de sus cámaras fotográficas, celulares y hasta de una cartera por parte de los civiles armados bajo el argumento de que eran gente enviada por el grupo delictivo que opera en la ciudad.
Posteriormente, los reporteros fueron obligados a borrar las fotografías y videos; en la confusión ya no se encontró ni devolvió un teléfono celular y una cartera de dos de los reporteros.
Otro grupo de reporteros provenientes de la capital y de otras regiones fueron amedrentados días después en su salida a Chilapa.
El 13 de mayo, la tensión se acrecentó con la incursión a las calles de la ciudad de un convoy de personas armadas, pertrechadas y encapuchadas en camionetas y con rifles de alto poder presuntamente del grupo Los Rojos.
Al siguiente día, 14 de mayo, los civiles armados y las autoridades comunitarias se retiraron tras un intento de desarmarlos y tras el acuerdo de que se detendrían a los líderes de la célula delictiva que opera en la región.
Tras la salida, familiares continuaron reclamando la presentación de al menos 16 personas desaparecidas entre el 9 y el 14 de mayo, y se desató una serie de denuncias de personas desaparecidas en periodos anteriores a la incursión de los civiles armados.
Organizaciones han contabilizado 100 desapariciones de 2013 a la fecha y otros 100 homicidios en el mismo periodo en el contexto de la disputa de los dos grupos delictivos: Los Rojos y Los Ardillos.
Desde esa fecha la ciudad permanece militarizada y con la presencia de unos 200 policías federales que han sido objeto de denuncias ciudadanas por abuso de autoridad y detenciones arbitrarias, así como de acoso a mujeres.
Los familiares de los desaparecidos conformaron la organización Siempre Vivos mientras que los pobladores armados se constituyeron en la organización Comunitarios por La Paz y la Justicia con representación de comunidades de Chilapa, Ahuacuotzingo y Zitlala.
A un año y ante espectaculares anuncios de autoridades federales y aparatosos despliegues militares, no se ha informado del paradero de los vecinos desaparecidos de Chilapa ni de las 30 personas desaparecidas que las autoridades comunitarias y los civiles armados llegaron a denunciar en su incursión.