Minería en Colima, causante de contaminación, desplazamientos y represión

Jonathan Núñez

Ocupando el primer lugar a nivel nacional en territorio concesionado a empresas mineras mexicanas y extranjeras con el 44% de su extensión, el estado de Colima ha sido escenario de diversos conflictos en comunidades que se ven afectadas por tal actividad, como el caso de Zacualpan, municipio de Comala; Canoas en Manzanillo y algunas enclavadas en la Sierra de Manantlán, zona limítrofe con Jalisco, como La Coconal, Mameycito, Puertecito de las parotas y Los Potros.

Desde desapariciones, asesinatos, represión e intimidación policial y un ambiente de división en comunidades impulsadas desde el gobierno del estado, son las consecuencias que ha traído consigo la actividad minera en Colima, que actualmente, siguen presentándose sin señales de voluntad gubernamental para velar por los intereses de las poblaciones afectadas.

De acuerdo a información oficial que se encuentra de manera pública en la página de la Secretaría de Economía, hasta el año 2014, el estado de Colima contaba con un total de 357 registros de concesiones mineras, de los cuales, 48 se catalogaban como “cancelados”, quedando un total de 309 concesiones activas.

 

Peña Colorada, acusada de desplazamientos, contaminación y asesinato

Entre el registro de concesionarios figura el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, teniendo sus instalaciones principales en el municipio de Minatitlán, empresa acusada de desplazamientos, asesinato y causante de enfermedades en la piel, así como de contaminar ríos que eran aprovechados por pobladores de comunidades como fuente de subsistencia.

Félix Monroy Rutilo, habitante de la comunidad de Los potros, en Minatitlán, aseguró en una entrevista para este reportero en mayo de 2014, que la empresa minera ha sido responsable del asesinato de su padre e hijo tras oponerse a la entrega de tierras, ambicionadas por la empresa para ser utilizadas como depósito de desechos, así como de amenazas de muerte en su contra.

Por otro lado, su hija, Guadalupe Monroy, es víctima de una infección en la piel que comenzó cuando vivía cerca de la zona donde Peña Colorada tiraba sus desechos, padecimiento que sufren también sus hijos, tras vivir en las inmediaciones de un basurero, área en la que fueron reubicados por la empresa cuando esta ocupó sus terrenos.

ruz Mancilla Deníz, de la comunidad de Mameycito, se queja de que el río que anteriormente se aprovechaba para la pesca, ha sido contaminado por la minera, ya que los langostinos y peces comenzaron a escasear desde que los depósitos de desechos se llenaron y los excedentes acaban en sus aguas. Lo poco que obtienen, no lo pueden vender como antes porque los compradores saben de la contaminación de ese río y los cercanos; todas esas problemáticas aún existen sin soluciones claras, con inmunidad e impunidad para el consorcio minero.

Canoas, Manzanillo; comunidad que triunfó ante el asedio minero

Otro proyecto que se encuentra en estado de “postergación” según los datos de la Secretaría de Economía, es la mina Eva Manzanillo, de la empresa estadounidense Irk Iternational (Minerals & Metals), que generó un conflicto en la comunidad de Canoas, del municipio costero.

Con el riesgo latente de contaminación del río que abastece de agua a la comunidad, dicho proyecto minero dio marcha atrás luego de la presión de los pobladores, quienes testimoniaron en la voz del habitante Jaime Pedraza Ochoa, haber sido intimidados por guardias que portaban armas de grueso calibre a bordo de una camioneta, por estar en las inmediaciones del predio; declaraciones dirigidas al entonces delegado de Semarnat, Ernesto Pasarín, en una reunión llevada a cabo en la casa ejidal de la comunidad en septiembre de 2014.

Gracias a la organización popular, a varias manifestaciones y a la presión que los habitantes y organizaciones ejercieron en las diferentes autoridades, la explotación del predio fue frenada, aunque la inminencia de los intereses mineros no se descarta en un futuro, toda vez que el actual gobernador Ignacio Peralta considera la actividad minera un sector que “presenta un enorme potencial de desarrollo”.

Caso Zacualpan: intervención del gobierno para dividir e imponer proyecto minero

Desde que se hicieron públicas las intenciones de un pequeño empresario local de nombre Rigoberto Verduzco para explotar una mina de oro, cobre y manganeso, en la comunidad nahua de Zacualpan, Comala, el conflicto no se hizo esperar.

Aproximadamente a un kilómetro de distancia del manantial de Zacualpan que abastece de agua a Colima-Villa de Álvarez, el proyecto minero fue rechazado por los habitantes indígenas, asesorados por la organización ambientalista Bios Iguana.

Desde entonces, los opositores a la mina han sido víctimas de intimidaciones policiacas, calumnias y ataques físicos por parte de un grupo de choque ligado al PRI, conformado por propios habitantes de la comunidad y liderado por caciques simpatizantes del gobierno del estado.

A pesar de que ya fue declarado como territorio libre de minería, siendo la primera comunidad a nivel nacional en lograrlo, el riesgo del proyecto sigue latente, ya que los últimos sucesos de violencia, donde se lanzaron piedras a miembros del Comité Indígena por la Defensa del Territorio, reafirman una tendencia que no es ninguna novedad: empresarios y gobierno dividiendo a las comunidades, financiando a grupos de choque (esto último declarado por Taurino Rincón, presidente del comisariado de bienes comunales) y criminalizando cualquier apoyo de activistas opositores a proyectos mineros.

Existen en el estado 11 empresas de capital extranjero propietarias de varias concesiones, de las cuales seis son estadounidenses; dos de capital ítalo-argentino y de la India; una de Canadá; una del Reino Unido y una de China (ésta última tiene 13 concesiones, con la etiqueta “sin especificar” para referirse a su ubicación y demás detalles).

En todo el país, más de una quinta parte del territorio pertenece a empresas mineras, que han ocasionado un sin número de conflictos sociales y ambientales, y que han sido combatidas y vencidas en varias ocasiones mediante la organización de los pueblos y la solidaridad de organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos.

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