Informe “La violencia feminicida en México” evidencia incumplimientos de Segob
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Los datos sobre el feminicidio en México confirman que la Secretaría de Gobernación (Segob) incumple su obligación de generar políticas públicas eficaces contra esta forma extrema de violencia de género, según establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), aseguraron especialistas.
En 2014 se registró en el país un promedio diario de 6.3 defunciones femeninas, de acuerdo con el informe “La violencia feminicida en México. Aproximaciones y Tendencias 1985-2014”, presentado ayer y elaborado por ONU-Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Segob.
El documento muestra que en el estado de Chihuahua –cuya grave situación de feminicidio llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)– se registró la menor disminución de asesinatos de mujeres, y que en Tlaxcala, Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa, Oaxaca, Nayarit, San Luis Potosí y Sonora hubo incluso un aumento de esta violencia.
En el acto oficial “Alianza contra la Violencia hacia las Mujeres. Acciones y Compromisos” estuvo presente el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, quien –pese a la estadística de miles de mujeres asesinadas cada año en el país– aseguró que su dependencia trabaja “desde todos los ámbitos”, y conforma un registro de delitos y víctimas para desarrollar acciones afirmativas que contrarresten este “fenómeno” y la impunidad.
Al respecto, Andrea Medina Rosas, abogada experta en derechos de las mujeres, declaró a Cimacnoticias que el Estado mexicano, en concreto la Segob, tiene responsabilidad en la persistencia de la violencia feminicida, sobre todo porque no ha cumplido con recomendaciones internacionales que datan de los años 90.
Las cifras (del informe) hacen muy evidente que a pesar de tener 20 años de denuncias sobre desapariciones y asesinatos de mujeres, y tener casi 10 años de una LGAMVLV, no son ni de cerca los resultados que se esperaban, apuntó la defensora, quien litigó ante la CoIDH el llamado caso Campo Algodonero, sobre la omisión del Estado mexicano ante el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Medina Rosas recordó que la Segob tiene la obligación –estipulada en la LGAMVLV (promulgada en 2007)– de coordinar la estructura del Estado para garantizar la vida y la libertad de la población femenina en México.
De acuerdo con esa norma, a la Segob le corresponde –entre otras atribuciones– diseñar la política integral con perspectiva de género para promover la cultura de respeto a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres y diseñar, con una visión transversal, la política orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mexicanas.
También le compete el monitoreo de esa política pública y la sanción a quienes incurran en actos discriminatorios o contrarios a lo que marca la ley, como, por ejemplo, los medios de comunicación.
Además, a la Segob le toca garantizar el cumplimiento de todas las recomendaciones internacionales hechas a México desde los años 90 hasta la actualidad, respecto a la violencia contra las mujeres, incluido el total acatamiento de la sentencia de la CoIDH de 2009 por el caso Campo Algodonero.
Este último fallo ordenó, entre otras medidas, la elaboración de protocolos de investigación y la capacitación del personal de procuración de justicia.
La litigante precisó que la erradicación de la discriminación es una obligación de cumplimiento inmediato, y que la violencia contra las mujeres, que tiene como causa y consecuencia la discriminación, es algo que la Segob debe atender de manera prioritaria y permanente, y no a través de campañas esporádicas.
“(Segob) tiene que mantener (las campañas), y debe mostrarnos cuánto está invirtiendo, en qué, qué resultados está teniendo, qué evaluación se está haciendo. Eso es lo que no nos están diciendo”, subrayó la abogada.
DUDAN SOBRE BAJA DEL FEMINICIDIO
Andrea Medina Rosas también llamó a transparentar la metodología del informe de ONU-Mujeres, en el que se reporta que en 2014 hubo una disminución de 304 casos de violencia feminicida respecto a 2013. Y es que observó que la Segob ha incumplido en sistematizar datos sobre la violencia de género.
En lo anterior coincidió Patricia Castañeda Salgado durante una ponencia hoy sobre feminicidio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La antropóloga, también experta en derechos de las mujeres, destacó que no ha bastado con la tipificación penal del feminicidio para erradicar esta forma de violencia extrema.
Castañeda demandó que se aclare cómo se concluyó en el informe que el feminicidio ha disminuido, ya que el trabajo académico en la materia muestra, por el contrario, que la violencia feminicida se ha incrementado en años recientes.
Criticó que Osorio Chong planteara en su discurso que “hay que revisar qué pasa en las familias”, pues reproduce una vez más el discurso que responsabiliza a las familias de la violencia feminicida, que es estructural, e insiste en llevar el problema a la esfera de lo privado.
Entre otros datos del informe presentado ayer destaca que los asesinatos de mujeres aumentaron 92.9 por ciento en México entre 2007 y 2014. En esos siete años, se alcanzó el punto máximo de homicidios de mujeres registrados en las últimas tres décadas.
Asimismo, en 2008 y 2012 hubo un incremento importante de crímenes contra mujeres que alcanzó la cúspide en 2012, con 2 mil 761 casos; pero –de acuerdo con el reporte– en 2013 los asesinatos bajaron a 2 mil 594, y para 2014 volvieron a disminuir para quedar en 2 mil 289 casos de feminicidio.
En su informe, ONU-Mujeres recomendó a la Segob priorizar la respuesta ante la violencia contra las mujeres y las niñas en las agendas de todos los órdenes y niveles de gobierno.
Igualmente, la dependencia debe vigilar que se homologuen en el ámbito local todos los tipos de la violencia de género, en especial el tipo penal de feminicidio; además de que se estandaricen los protocolos de actuación judiciales para investigar las muertes violentas de mujeres, y mejorar la prestación de servicios y atención a las víctimas.
Cabe acotar que tales recomendaciones se refieren a muchas de las funciones que por ley la Segob debería de haber cumplido desde hace nueve años, cuando se promulgó la LGAMVLV.
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